Pedro Sánchez se somete este miércoles a la primera sesión de su debate de investidura tras atar el apoyo de 179 diputados (la mayoría absoluta está fijada en 176), gracias a unos acuerdos con los partidos independentistas que han provocado una contestación social sin precedentes.
Pero el líder socialista llega también a esta jornada con la mayor contestación social a una investidura en la historia de nuestra Democracia.
Las últimas muestras de rechazo a los pactos del PSOE con Junts y ERC se produjeron este martes. Un centenar de exparlamentarios, 18 exministros y cuatro expresidentes del Congreso y el Senado (de partidos como el PSOE, CDS, PP, UPyD y Ciudadanos) han firmado un manifiesto en el que denuncian que la "democracia constitucional se encuentra ante serios desafíos y peligros".
Entre los firmantes se encuentran socialistas como el expresidente del Senado Javier Rojo, Javier Sáenz de Cosculluela, Pedro Bofill y el exministro de Interior José Luis Corcuera.
Otro socialista, el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, ha asegurado que ya no reconoce al actual PSOE: "Esta gente está cambiando de alma en profundidad y está atacando la integridad de una sociedad cada vez más crispada y dividida, en la cual cada día van a incrementarse las desigualdades entre los españoles".
Cerca de 800 jueces, magistrados y fiscales protestaron ayer de forma silenciosa ante sus sedes judiciales en Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca para denunciar la "quiebra de la separación de poderes" que provoca la amnistía. Este miércoles lo harán los magistrados de Málaga y Almería.
También ha alzado la voz este martes la Unión Internacional de Magistrados para trasladar su apoyo a los integrantes del Poder Judicial español y advertir que el uso de términos como el lawfare contra ellos "implicarían la vulneración de la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes, lo que supone una descalificación del Estado de Derecho".
El discurso
Fuentes de la Moncloa consultadas por EL ESPAÑOL indican que, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez expondrá este miércoles "detalladamente y con profundidad" los pactos que ha alcanzado con cada uno de sus socios parlamentarios.
"Hará un discurso 360 grados", señalan las mismas fuentes, en el que expondrá su programa de Gobierno con medidas de política social, económica, medioambiental, de Defensa y exteriores. Frente a la investidura fake de Feijóo, dicen desde Moncloa, Sánchez destacará que los acuerdos firmados van a facilitar una legislatura "establece" tras la que espera "dejar el país mejor de cómo lo encontró". Todo indica que Pedro Sánchez será investido presidente en la primera votación que se celebrará, de forma nominal, el jueves.
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Sánchez gobernará con vocación de "estabilidad", aunque tutelado por cuatro "verificadores internacionales" en una negociación que se va a desarrollar en el extranjero, en la que Carles Puigdemont va a plantear la celebración un referéndum de independencia y un sistema de financiación diferenciado. Puigdemont ya ha dejado claro que dejará caer el Gobierno, en caso de que no se produzcan avances en esta negociación.
Pedro Sánchez también encara la nueva legislatura con la mayoría absoluta del Senado y las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP, en contra. El PP aprobó este martes la reforma del reglamento de la Cámara Alta, que le permitirá dilatar durante dos meses la tramitación de la ley de amnistía. Y varios presidentes autonómicos del PP ya han avanzado su decisión de recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional.
El tercer frente de la ofensiva que prepara el PP se desarrollará en Europa. El Ejecutivo ha tomado la iniciativa este martes: ha remitido a Bruselas el texto de la proposición de Ley y ha pedido una reunión con el comisario de Justicia, Didier Reynders para exponerle "la posición del Gobierno de España en esta materia".
Desde la Moncloa creen haber frenado la posible oposición de la Comisión Europea, al establecer en la ley de amnistía que no podrán beneficiarse de la medida de gracia los delitos de corrupción que afecten a "los intereses financieros de la Unión Europea".
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La otra gran objeción que podía plantear Bruselas se refiere a la decisión de amnistiar delitos de terrorismo, por los que están imputados Carles Puigdemont y Marta Rovira (secretaria general de ERC) en la causa del Tsunami y los dirigentes de los CDR.
El PSOE y Junts han introducido una reserva en el texto al excluir los delitos de terrorismo, previstos en la Directiva europea 2017/541, sobre los que ya haya recaído sentencia firme.
Los acuerdos firmados por el PSOE con sus socios independentistas han provocado durante los últimos días la protesta enérgica de otros colectivos. Al rechazo unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales a la amnistía se han sumado varios despachos de abogados tan prestigiosos como Pérez-Llorca, Garrigues, Fuster-Fabra, Uría Menéndez y Broseta.
Más de 700 notarios de toda España han firmado un manifiesto en el que denuncian que estos acuerdos atacan ""la esencia de principios constitucionales como la igualdad de todos ante la ley, la seguridad jurídica, la independencia de los jueces, su profesionalidad y su buen hacer o la organización territorial del Estado, y atentan contra los pilares de la democracia y del Estado de derecho".
La Asociación de Inspectores de Hacienda ha denunciado que los pactos del PSOE con los independentistas implican "la ruptura del régimen constitucional" y van a acentuar las diferencias entre regiones, ya que Sánchez ha ofrecido un sistema de financiación diferenciado para Cataluña (Junts reclama que la Generalitat pueda gestionar el 100% de los tributos que se pagan en la región).
También el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social sostiene que está en peligro "un principio fundamental en democracia como es la separación de poderes". Y la Asociación de Diplomáticos Españoles denuncia que la promesa de potenciar la presencia de la Generalitat en los principales organismos internacionales vulnera la competencia exclusiva del Estado en las relaciones exteriores.
El poder judicial está en pie de guerra, hay manifestaciones masivas como las del pasado domingo y movilizaciones diarias ante las sedes del PSOE, malestar de colectivos de funcionarios como los diplomáticos y los inspectores de Hacienda, suenan voces críticas dentro del PSOE (como las de Felipe González y Emiliano García-Page) y la Comisión Europea vigila la aplicación de la futura ley de amnistía... Y en este ambiente, llega hoy la investidura de Sánchez.