JxCAT y el PNV han registrado en el Congreso de los Diputados su solicitud para la creación de dos comisiones de investigación: una primera, que aborde los atentados yihadistas del 17-A, que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils en 2017; y una segunda, sobre la llamada Operación Cataluña.
Esta última es la supuesta operación parapolicial, que habría sido orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de boicotear las aspiraciones de los políticos independentistas catalanes.
"La llamada Operación Cataluña pretendía, a base de elaborar pruebas falsas y filtrarlas a los medios de comunicación, desacreditar a líderes y organizaciones vinculadas al independentismo catalán ante la opinión pública. La estrategia consistía en propiciar investigaciones por parte de los poderes públicos de naturaleza prospectiva y sin el fundamento legal correspondiente", reza uno de los dos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso.
Según dicho documento, uno de los fines de esta futura comisión —cuya creación pactó el PSOE con Junts y ERC el pasado agosto— es el de "conocer el detalle todas las presuntas actuaciones del Ministerio de Exteriores en relación con las investigaciones realizadas de forma presuntamente ilegal sobre las delegaciones de la Generalitat en el exterior".
También, el de "investigar todas aquellas iniciativas que hayan podido llevarse a cabo desde las instituciones del Estado a fin de perseguir la disidencia política". De igual forma, tras el dictamen de esta comisión parlamentaria, se "propondrán medidas de restitución y compensación para todas las personas afectadas por las investigaciones irregulares o ilegales" y por los "abusos y malos usos por parte de determinados poderes y servicios del Estado en contra del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos".
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, este jueves en el debate de investidura de Sánchez.
Las dos propuestas han sido firmadas por Aitor Esteban (PNV) y Míriam Nogueras (Junts). La relativa a la Operación Cataluña alude también al supuesto espionaje sufrido en sus teléfonos móviles por decenas de personalidades de la esfera secesionista. Es el llamado CatalanGate o caso Pegasus, que fue desvelado por un cuestionable informe publicado por la revista estadounidense The New Yorker.
La teoría de los independentistas catalanes es que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de espionaje español, estuvo detrás de ambos sucesos: tanto de los atentados del 17-A como de este espionaje, que habría sido ejecutado mediante el programa informático israelí Pegasus.
Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña.
El colectivo Citizen Lab publicó en abril de 2021 un análisis sobre decenas de personalidades de las altas esferas del independentismo catalán cuyos teléfonos móviles podrían haber sido infectados con este software espía. En esa lista figuraba, entre otros, Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat de Cataluña.
No obstante, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Elies Campo, uno de los autores de dicho informe, participó en la creación de la llamada República Digital Catalana, la infraestructura informática con la que los separatistas querían funcionar al margen del Estado como un país independiente.
Además, Campo llegó a trabajar como asesor para la Generalitat de Cataluña dos años antes de la elaboración de este dosier, que acabó publicado en The New Yorker.
Atentados del 17-A
La petición de creación de una comisión sobre el 17-A firmada por Junts y PNV señala que su objetivo es el de "saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils" y aclarar "las presuntas responsabilidades políticas o de cualquier otra índole" vinculadas a estos ataques.
A su vez, también propone "medidas de restitución o compensación" para todas las víctimas y personas afectadas; entre ellas, los familiares de los fallecidos.
La teoría de la conspiración del indepentismo sobre estos ataques se apoya, entre otros argumentos, en las declaraciones del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, quien mantiene una notoria enemistad con quien, por entonces, encabezaba el CNI, el general Félix Sanz Roldán, que dirigió la Casa hasta 2019.
El expolicía aseguró que la masacre del 17-A fue un "error" del Centro Nacional de Inteligencia para "dar un susto" a Cataluña. También sugirió que los servicios de Inteligencia españoles pudieron crear un "comando ficticio" para "dar la apariencia de riesgo", de modo que Cataluña "sintiera la necesidad de protección del Estado". Según su tesis, aquella estrategia acabó descontrolándose y derivó en los ataques.
"Yo lo que he dicho en relación con lo del susto", manifestó Villarejo ante la prensa, "es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal". "Probablemente, la intención no fuera en absoluto provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia de riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado, y se fue de las manos cuando el imán muere y los pequeños, jovencitos, [el resto de miembros de la célula] no saben cómo reaccionar", añadió.
[Interior acuerda con uno de los yihadistas de Las Ramblas que cumpla en Marruecos el resto de pena]
Según el relato de hechos probados de la sentencia sobre estos hechos, el grupo terrorista que atentó en Las Ramblas se creó en 2015, en torno a la figura de Abdelbaki Es Satty, imán de la mezquita de Ripoll (Tarragona).
La célula, de la que también formaba parte Mohamed Houli Chemlal y con el que colaboró Said Ben Iazza, adquirió componentes para elaborar el explosivo conocido como la Madre de Satán, a fin de cometer atentados. Pero en la noche del 16 de agosto de 2017 se produjo un gran estallido en la casa de Alcanar (Tarragona) cuando estaban manipulando estas sustancias químicas. Es Satty murió en aquel accidente, lo que obligó al grupo a alterar sus planes.
Al día siguiente, mientras se llevaban a cabo las tareas policiales y de desescombro, se produjo un segundo estallido, que hirió de diversa gravedad a varios bomberos y agentes que estaban en el lugar.
Ese mismo día, otro de los miembros de la célula, Younes Abouyaaqoub, utilizó una furgoneta para atropellar fatalmente a 16 personas en Las Ramblas de Barcelona, dejando heridas a varias decenas de viandantes. La madrugada del viernes posterior el resto de miembros de la célula realizó un segundo ataque con machetes en Cambrils (Tarragona), a 100 kilómetros de la Ciudad Condal, que produjo otra víctima mortal.
Abouyaaqoub, de 22 años, huyó del centro de Barcelona en un coche robado y murió al ser abatido por la Policía. Durante un segundo tiroteo con los agentes murió Moussa Oukabir, hermano de Driss.
No obstante, la sentencia de la Sala de Apelación confirmó que ni este último, ni Said Ben Iazza, ni Houli Chemlal —quien resultó herido en la explosión de Alcanar— tenían conocimiento de este ataque ni participaron en él.
Ninguno de los tres fueron juzgados por las 16 muertes, sino por formar parte de la célula yihadista y por la fabricación de los explosivos. Abouyaaqoub fue considerado el autor material de los atentados y el imán, el cerebro de los mismos.
Tras el atropello de Las Ramblas, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el ataque mediante una de sus agencias de propaganda.
El excomisario Villarejo, en la Audiencia Nacional.
"Estuve colaborando con ellos [el CNI] para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor (Félix) Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña", indicó Villarejo. Y sus palabras no tardaron en ser utilizadas por el independentismo para culpar al Estado de lo sucedido y para exigir responsabilidades.
Ahora —tras este pacto entre el PSOE y los independentistas para que la socialista Francina Armengol presidiera la Mesa del Congreso, que incluía la creación de estas comisiones de investigación—, es más que probable que dichas tesis conspiranoicas afloren de nuevo. En enero de 2022, ERC, incluso, solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro Fernando Grande-Marlaska en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
El origen de la teoría
Pese a todo, esta teoría de la conspiración se apoya en un dato cierto. Abdelbaki Es Satty, el imán que adoctrinó a los nueve jóvenes marroquíes que integrarían la célula de Ripoll, había sido detenido en 2010 en el puerto de Algeciras. Había viajado en el ferry procedente de Ceuta, ocultando 121 kilos de hachís en su furgoneta.
Condenado por narcotráfico, cumplió su pena en la cárcel de Castellón, donde en 2014 recibió varias visitas de agentes del CNI, que intentaron captarlo como confidente. Algo que forma parte de los protocolos habituales de la Casa, el buscar este tipo de colaboración entre personalidades influyentes de la comunidad musulmana. Y él era un influyente líder religioso.
Pero el Centro Nacional de Inteligencia podía tener un interés añadido en el que luego sería cerebro de los atentados del 17-A: años antes, en enero de 2006, durante su etapa como imán de la mezquita Al Furkan de Vilanova i la Geltrú, se había visto implicado en la Operación Chacal, en la que fueron detenidas 20 personas por su presunta colaboración con el terrorismo yihadista.
Es Satty fue investigado entonces porque compartió durante meses vivienda con uno de los presuntos cabecillas de red, pero no llegó a sentarse en el banquillo. De los 20 detenidos en la Operación Chacal, sólo nueve fueron condenados por terrorismo por la Audiencia Nacional, en una sentencia que luego anuló el Supremo al entender que las principales pruebas recabadas durante la instrucción no reunían las garantías procesales necesarias.
Los vínculos que en el pasado había mantenido con esta supuesta red salafista de Vilanova i la Geltrú justificarían el interés del Centro Nacional de Inteligencia por contactar con Abdelbaki Es Satty durante su estancia en prisión en 2014.
A partir de aquí, se construye la teoría de la conspiración, pues no hay ninguna evidencia de que los servicios de Inteligencia tuvieran conocimiento de los preparativos del atentado que la célula de Ripoll cometería tres años después.
Proceso judicial
Por su parte, el CatalanGate ha tenido cierto recorrido judicial. Varios de los líderes independentistas citados en el informe publicado por The New Yorker presentaron querellas contra la empresa desarrolladora del software, la mercantil israelí NSO Group.
En marzo de este año, la Audiencia Provincial de Barcelona exigió al CNI información sobre el uso de tecnologías digitales para hacer seguimientos de políticos independentistas y citó a declarar a la actual jefa de la Inteligencia española, Esperanza Casteleiro, sustituta de Paz Esteban.
Paz Esteban, exdirectora del CNI, en una imagen reciente.
Por otro lado, esta última, ha sido citada a declarar como investigada por un juez de Barcelona, que admitió a trámite la querella presentada por Pere Aragonés sobre el supuesto espionaje cometido con el software Pegasus.