A pesar del acuerdo de investidura con ERC, el Gobierno de Pere Aragonès va a fiscalizar al milímetro las medidas que impulse Pedro Sánchez. El pasado 18 de julio, cinco días antes de las elecciones generales, el Ejecutivo catalán creó la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Iniciativas Normativas del Estado y se estrenará con la revisión de las promesas que hizo Sánchez durante su discurso en el debate de investidura.
Según reconocen fuentes de la Generalitat a EL ESPAÑOL, cuando el pasado miércoles Sánchez empezó a anunciar el paquete de medidas que llevaría a cabo tras ser investido, en el Govern se encendieron las alarmas al entender que algunos de los puntos anunciados podrían invadir sus competencias.
Las fuentes indican que el trabajo ya se ha puesto en marcha, aunque hay que esperar a conocer "la letra pequeña", que el Gobierno de Sánchez concrete cómo se llevarán a cabo esas medidas. Por ahora, sólo son un proyecto esbozado desde la Tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.
"En principio, es un trabajo interno nuestro", aseguran desde la Generalitat. "Luego, si la invasión de competencias es muy flagrante, saldremos y lo explicaremos en público o intentaremos llegar a alguna solución para que no escale de un conflicto administrativo", añaden.
Las promesas de Sánchez que podrían verse afectadas son algunas de las que más eco generaron, como la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados. El PSOE pactó con ERC transferir las competencias de Rodalies a la Generalitat, y los autobuses urbanos e interurbanos son competencia de las comunidades y los ayuntamientos.
"La anterior ocasión que anunció la medida del transporte público gratis, en campaña electoral, una gran parte se acabó pagando desde Cataluña", explican desde la Generalitat. "Estábamos de acuerdo con la medida y se está pagando entre ambas administraciones. Ahí no hay problema, el problema surgiría si quiere implantar una medida con la que nosotros no estamos de acuerdo", añaden.
Todos los temas relacionados con la sanidad también podrían ser parte de este conflicto. Sánchez anunció su disposición a reducir las listas de espera y aumentar el número de psicólogos, y todo lo relativo a personal es competencia autonómica. "Soy consciente de que esta competencia está en manos de las comunidades autónomas, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados", dijo Sánchez sobre las listas de espera, previendo el problema.
El presidente también habló de educación y vivienda pública, que seguirían la misma línea.
La situación no tiene por qué afectar exclusivamente a las relaciones del Gobierno con ERC, sino también con otros socios clave para la legislatura como el PNV, que lidera el Gobierno en el País Vasco. Asimismo, puede haber un conflicto territorial con las 12 comunidades gobernadas por el PP.
Se podrá vivir algo similar a lo que pasó con la Ley de Vivienda. El Gobierno central aprobó la norma que permitía topar los alquileres, pero para llevar eso a cabo hacía falta la declaración de zona tensionada, algo que corría a cargo de los Ejecutivos autonómicos. Varios gobiernos del PP se negaron.
"Incremento de normas estatales"
El pasado 18 de octubre, la Generalitat catalana publicó en su Boletín Oficial que creaba la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Iniciativas Normativas del Estado para coordinar los distintos órganos jurídicos del gobierno autonómico y "velar por el respeto a los ámbitos materiales y funcionales de las competencias de la Generalitat".
"En los últimos años, el volumen de normas estatales se ha incrementado significativamente. Así, a modo de ejemplo reciente, en 2022 se registraron una quincena de leyes orgánicas, cerca de cuarenta leyes ordinarias, una veintena de reales decretos ley y cerca de trescientos reales decretos", se puede leer en la justificación.
"Al mismo tiempo, si comprobamos los últimos cinco años, se observan cerca de trescientas disposiciones normativas anuales, equivalentes a cerca de veinticinco normas al mes", añadían. Ante esta hiperactividad legislativa, el gobierno autonómico entendió la necesidad de crear este órgano.
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Entre sus funciones establecen las de "velar por los aspectos competenciales de las iniciativas" desde el inicio de su proceso de elaboración y valorar y proponer "las medidas adecuadas para la defensa de las competencias de la Generalitat".
La Comisión está formada por distintos organismos, como el gabinete jurídico de la Generalitat, el Instituto de Estudios del Autogobierno o la Delegación del Gobierno catalán en Madrid.
Con órganos como este y con la actitud no sólo del PP, sino también de sus socios de investidura, Sánchez queda abocado a una legislatura de continuas negociaciones y que podría acarrear problemas territoriales, ya que el PSOE sólo gobierna en tres comunidades autónomas desde las elecciones del pasado 28-M.