La Mesa del Congreso, el máximo órgano de la Cámara Baja, ha dado luz verde este martes a la proposición de Ley de Amnistía tras recibir el informe favorable de los letrados, que no ven elementos "evidentes y palmarios" de inconstitucionalidad.
La Mesa, con mayoría del PSOE y Sumar y en contra del PP, ha admitido a trámite esta iniciativa que podría ser debatida en el pleno a mediados de diciembre. De esta forma, la tramitación de la amnistía, que se prevé muy larga y tortuosa, echa a andar en el Congreso.
La Mesa también ha ratificado la tramitación por la vía de urgencia que había sido solicitada tanto por el PSOE como por sus socios de investidura, que juntos representan la mayoría absoluta del Congreso. Esto supone que todos los plazos se reducirán a la mitad, acelerando la presentación de enmiendas de totalidad y parciales y adelantando su debate en el Pleno.
La Mesa admite a trámite la ley de amnistía
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El plan del PSOE es aprobar la ley en el Congreso en diciembre para su remisión al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y pretende ralentizar la tramitación hasta el máximo de dos meses que fija la Constitución después de aprobar una reforma del Reglamento. Aunque todo apunta a que no será hasta el mes de enero.
Recusación a Fernando Galindo
La Mesa también ha rechazado el escrito de recusación que el PP registró contra el nuevo letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, vinculado al PSOE con varios altos cargos en la anterior legislatura.
Los populares consideraban que Galindo, elegido por Francina Armengol, debería abstenerse en el informe jurídico por haber formado parte del Ejecutivo dos días antes de asumir su cargo como secretario general del Congres, lo que podría suponer una posible vulneración de los "principios legales de imparcialidad y objetividad" que recoge la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
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Lo cierto es que Fernando Galindo, licenciado en Derecho y Economía y perteneciente al cuerpo de Letrados de las Cortes Generales desde hace 13 años, era subsecretario del Ministerio de Política Territorial antes de ser nombrado letrado mayor de las Cortes en sustitución de Carlos Gutiérrez Vicén, que llevaba ya casi 10 años al frente de este cargo.
Antes, Galindo fue nombrado por el PSOE director general de Cooperación Autonómica y Local en el Ministerio de Política Territorial. Dos años después, la ministra Isabel Rodríguez le ascendió en 2023 a subsecretario de Política Territorial.
Los plazos de la Ley de Amnistía
Una vez que la amnistía echa a andar en el Congreso, su próximo paso es la toma en consideración en el pleno de la Cámara, donde además debe votarse la petición de que se tramite por el procedimiento de urgencia para acortar los plazos.
Este jueves se reunirá la Junta de Portavoces para ordenar un pleno que tendrá lugar la próxima semana, el 28 de noviembre, aunque en principio el único punto del día sería la aprobación de la reforma del artículo 46 del reglamento del Congreso que debe adaptar los nombres de las comisiones parlamentarias a los de los nuevos ministerios.
Todo parece indicar que esta ley estará dentro del calendario ordinario de plenos que ha aprobado la Mesa del Congreso y que comenzarán el 12 de diciembre. Y es que el trámite parlamentario de la ley de amnistía exige que tenga que pasar por comisión para debatir sus enmiendas y para ello es necesario que el pleno apruebe primero la reforma del reglamento vinculada a los nombres de las comisiones y luego éstas se constituyan. Además, antes se da un plazo para que los grupos parlamentarios propongan a los diputados que las compondrán.
Esta burocracia parlamentaria hace que el debate de la proposición de ley que amnistiará a los encausados por el procès se alargue hasta mediados de diciembre y pueda ser aprobada definitivamente en el Congreso antes de las navidades o ya después, en el mes de enero.
No supone un indulto general
Fue ayer, lunes, cuando los letrados del Congreso, dirigidos por Fernando Galindo, se mostraron a favor de tramitar esta proposición de ley bajo el argumento de que no supone un indulto general como sí lo era la iniciativa parlamentaria de ERC que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021.
"La posibilidad de inadmitir una iniciativa parlamentaria en la fase de calificación y admisión a trámite es en todo caso excepcional, ya que puede suponer un quebrantamiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 23 de la Constitución", argumenta el informe de 21 páginas que este martes verá la Mesa de Congreso.
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Diferencias con la amnistía de ERC
El informe jurídico de los letrados también ve diferencias con la proposición de Ley de la Amnistía que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021 por considerar entonces que era inconstitucional al encubrir un indulto general.
En este sentido, señala que aquella iniciativa no incluía una disposición que individualizara las causas abiertas identificándolas de una manera concreta y específica, como sí ocurre con la proposición de Ley actual.
Por tantos, los letrados no ven motivo para que la Ley de Amnistía no pueda ser debatida en el Congreso pero dejan en manos de la Mesa esta decisión. Y aunque no señalan explícitamente su recomendación para que sea calificada de forma favorable, sí recalcan que cumple con todos los requisitos y que la Mesa no debe ejercer una función de "control previo de constitucionalidad", porque podría suponer un "quebrantamiento de los derechos fundamentales" de la Constitución.
Querella de Vox
Este martes Vox ha presentado una querella por la presunta comisión de un delito de prevaricación contra los letrados del Congreso y los miembros de la Mesa de la Cámara Baja que voten a favor de tramitar una ley que ve "inconstitucional".
"Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias", ha advertido el líder de la extrema derecha, Santaigo Abascal, que cree que "es la hora de los españoles y las instituciones".
Entre otras iniciativas, Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista.
También han reclamado repetidamente al PP que paralice la tramitación de la medida de gracia en el Senado, haciendo valer su mayoría en la Cámara.