Sánchez renueva a García Ortiz como fiscal general pese a que el Supremo afeó su "desviación de poder"

Álvaro García Ortiz repetirá como fiscal general del Estado en medio de su polémica gestión de las últimas semanas. Así lo han confirmado esta tarde fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL, que señalan de que el nombramiento se aprobará el próximo martes aun a pesar del último varapalo del Tribunal Supremo, que hace apenas 24 horas tumbó el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, a fiscal de Sala.

El fallo del Supremo sobre la promoción de la exministra sorprendió a García Ortiz en plena toma de posesión del nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, celebrada sin apenas presencia de cargos judiciales.

El Alto Tribunal estimó parcialmente el recurso del fiscal Luis Rueda y apreció una desviación de poder "visible e innegable" en el nombramiento "para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". En respuesta, el Gobierno en general y Bolaños en particular se han esmerado en acelerar la renovación de García Ortiz, de quien fuentes del Gobierno destacan su "reconocido prestigio".

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En paralelo, la semana negra de García Ortiz no se limitaba sólo a la anulación del Tribunal Supremo, sino que se enmarca en un contexto de críticas y ataques por su inacción ante la ley de amnistía y la vaga defensa a sus colegas de las acusaciones de lawfare. El PP pidió su dimisión este mismo martes.

Pero el arrinconamiento le llega también desde dentro. Esta semana, sin ir más lejos, una veintena de fiscales de Sala remitieron una carta acusándole de "ignorar" la solicitud de amparo que solicitaron hace poco los cuatro fiscales del procés. En concreto, los juristas Jaime Morano, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena le habían pedido que les defendiera públicamente ante las acusaciones del independentismo.

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El fiscal general del Estado, a su vez, se limitó a responder con una carta en la que rechazaba abordar tanto las acusaciones de lawfare dirigidas contra los fiscales que llevan procedimientos relacionados con el procés como pronunciarse sobre la proposición de ley de amnistía. A sus ojos, el Ministerio Fiscal debía "mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad".

García Ortiz, que fue designado por primera vez en agosto de 2022 tras la dimisión de Dolores Delgado, estaba actualmente en funciones porque su mandato decae con el cambio de Gobierno. Si todo sigue como está previsto —y no hay ceses imprevistos ni elecciones anticipadas— se mantendría en el cargo hasta 2027. Su primer reto será enfrentarse a los díscolos de la carrera.