Una de las comisiones de investigación que abrirá el Congreso de los Diputados en esta XV Legislatura buscará lawfare en las investigaciones, instrucciones, medidas cautelares, resoluciones, autos y sentencias de los tribunales españoles en los casos abiertos a los líderes y activistas separatistas del procés independentista catalán.

Así se puede extraer de la redacción del documento registrado este jueves en la Cámara Baja por ERC, Bildu y BNG para crear la llamada comisión Pegasus, que permitirá indagar en las acciones de todas las instituciones y poderes del Estado, incluido el Judicial.

Ahora que ya hay legislatura y hay Gobierno, empiezan a sustanciarse en sus detalles los acuerdos alcanzados por el PSOE con los partidos independentistas el día de la constitución de las Cortes. Esquerra Republicana -de la mano de Bildu y BNG- ha registrado en el Congreso la petición de una comisión de investigación "sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".

La comisión está pactada con el Partido Socialista desde el 17 de agosto, día en el que los republicanos arrancaron esta concesión (y otras) a cambio de entregar sus siete votos a la candidata del PSOE a la presidencia del Congreso, Francina Armengol. Entonces no se hablaba de lawfare: ese concepto -equivalente a la persecución judicial por motivos políticos- se incluyó después, en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Finalmente, sólo se incluyó en el acuerdo político firmado por el PSOE con Junts [consúltelo aquí en PDF], con la intención de que las comisiones que se formen en la Cámara Baja en esta legislatura sirvan para "la aplicación de la ley de amnistía". Es decir, para que lo que no esté incluido expresamente en el texto de la proposición de ley orgánica -también ya registrada en el Congreso- se pueda aplicar políticamente "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política".

Los socialistas se negaron a aceptar esta vuelta de tuerca, sí como a incluir los posibles delitos de terrorismo en la proposición de Ley de Amnistía hasta que entendieron que, sin eso, no habría acuerdo con el partido de Carles Puigdemont.

La semana del 6 de noviembre se pararon las negociaciones en Bruselas, entre Jordi Turull (Junts) y Santos Cerdán (PSOE), tras el auto del juez Manuel García-Castellón que imputaba al propio expresident fugado y a Marta Rovira, secretaria general de ERC (y también huida de la Justicia) por terrorismo en el caso Tsunami.

Los puntos del 'lawfare'

Este periódico ha tenido acceso al documento oficial que Gabriel Rufián, Mertxe Aizpurua y Néstor Rego han registrado. Y este texto incluye, en dos de sus siete apartados de "objeto de la comisión", una redacción compatible con el lawfare, según las fuentes consultadas.

Aunque sin nombrar el lawfare de manera explícita, el punto e) indica que la comisión de investigación indagará "todas aquellas iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, a fin y a efecto de perseguir la disidencia política".

Además, el punto g) añade que las conclusiones de la comisión deberán "proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado y evitar su uso en contra de los derechos civiles y políticos".

Ambas redacciones son muy similares al pacto PSOE-Junts, cuando éste advierte de que las comisiones redactarán unas conclusiones sobre el supuesto lawfare de los jueces españoles "con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Según Edmundo Bal, el abogado del Estado que investigó el 1-O y después fue dirigente y diputado de Ciudadanos, estos dos apartados que "encajan" como un guante en la textualidad del pacto PSOE-Junts. "Es así, absolutamente", explica en conversación con este periódico. "Es lo que ellos dicen de las cloacas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en contubernio con los Jueces, la Fiscalía y la Abogacía del Estado".

Para Bal es "clarísimo" que esos dos apartados describen "lo que los independentistas llaman lawfare, la instrumentalización de la Justicia para acabar con el adversario político. No simplemente judicialización de la política o la politización de la Justicia".

La polémica que se abrió cuando se dio a conocer el acuerdo político entre el partido de Sánchez y el de Puigdemont, a cuenta de la fiscalización a los jueces desde el Poder Legislativo, fue una de las claves del debate en el Parlamento Europeo, celebrado este miércoles en Estrasburgo.

Bruselas "vigilante"

Bajo el título La amenaza al Estado de derecho como consecuencia de los acuerdos de gobierno en España, el comisario de Justicia, Didier Reynders, advirtió de que estará "vigilante". Según explicó ante la Eurocámara, la amnistía "no es un asunto interno, sino europeo", en la medida en que puede "colisionar con el artículo 2 del Tratado de la UE", precisamente por la erosión de la división de poderes que puede provocar esta fiscalización de los tribunales en el Congreso, entre otras razones.

Por eso, el mismo PSOE emitió una nota, en la tarde en la que había desvelado el contenido de su pacto con el partido de Puigdemont, negando que las comisiones del Congreso vayan a hacer lo que, efectivamente, ha quedado claro que sí podrán hacer.