Sumar ha interpuesto este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y los nueve vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía.
La formación de Yolanda Díaz, en palabras de su diputado Enrique Santiago, les acusa de realizar una "declaración política" y no jurídica contra la Ley de Amnistía y les advierte que "nadie está por encima de la ley". También consideran que han cometido presunto un delito de prevaricación al tener "mandato vencido hace prácticamente cinco años" y que su objetivo no era otro que "incendiar" la sociedad española con una "grave injerencia" que excedía sus competencias cuando ni tan siquiera conocían el texto de esta norma.
Vicente Guilarte ha señalado que la querella de Sumar "es una maniobra política que no tiene mucho sentido si lo que estamos es intentando buscar fórmulas de pacificación de consenso y de renovación" del CGPJ pues "no empezamos bien". Desde el PSOE, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños,. se ha desmarcado de la decisión de Sumar.
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Querella por prevaricación
La denuncia del grupo parlamentario acusa a estos 10 miembros del CGPJ de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ.
La querella alude a la aprobación el pasado 6 de noviembre en sesión plenaria de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía que negociaban entonces PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, alertando de que su aplicación supondría la "abolición" del Estado de Derecho.
A las puertas del Tribunal Supremo, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha avisado este viernes, tras presentar la querella, que "nadie está por encima de ley, tampoco los vocales del CGPJ". Considera que estos 10 vocales querellados "claramente" excedieron "los límites de sus competencias" y dictaron "una resolución en un procedimiento administrativo claramente contrario a la legalidad y fuera de sus competencias".
Y da un paso más al acusarles de hacer "una declaración política" y considera que se trata de "un acuerdo administrativo que forma parte de una estrategia diseñada en ámbitos políticos en el que entran de forma realmente impensable". Además, les ha responsabilizado de "incendiar el ambiente" y de dar pie con ello a las declaraciones de asociaciones de jueces y fiscales, sindicatos y fuerzas de seguridad contra la norma.
"Que dejen de hacer política"
Santiago denuncia que en la declaración de estos 10 vocales no se menciona "ninguna sola norma -se desconocía el texto-, con frases que parecen proferidas por dirigentes políticos, con críticas directas al presidente del Gobierno" e, incluso, "llegan a cuestionar la constitucionalidad de un acuerdo parlamentario". "Que dejen de hacer política", les ha pedido.
Acusa también que estos vocales "incumplen lo que reclaman a otros órganos del Estado": "el absoluto respeto de la división de poderes y el mismo respeto que exigen a los demás poderes para que no cometan injerencias en las actuaciones del Poder Judicial".
En este sentido, ha incidido en que lo que pretenden desde el grupo parlamentario Sumar es que el alto tribunal aplique su "jurisprudencia en materia de prevaricación". Para Santiago, se trata de un delito de prevaricación presuntamente cometido por unos vocales que "tienen su mandato vencido hace prácticamente cinco años" y "siendo conscientes, porque además lo reflejan en el acuerdo que toman, de que no tienen competencias para tomar ese acuerdo".
Dicha querella se dirige contra sus ocho promotores, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.
También contra Wenceslao Olea -que votó a favor- y apunta a Vicente Guilarte, el presidente del CGPJ, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura Ley de Amnistía.
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Contra las manifestaciones de jueces
Preguntado sobre si el PSOE le ha comunicado su intención de emprender también acciones judiciales contra los vocales, Santiago se ha limitado a apuntar que la querella presentada este viernes responde a una decisión del Grupo Parlamentario de Sumar como "parte legítima".
Ha insistido en que estos 10 vocales "se pronuncian sin tener competencia para hacerlo" porque no se trata de un anteproyecto de ley, casos en los que sí debe pronunciarse el Consejo mediante informe. Y, en este contexto, ha recordado que en ese momento, "no existía ni anteproyecto, ni proposición de ley, ni texto de ninguna ley".
Por último, Enrique Santiago ha afeado las manifestaciones efectuadas en las últimas semanas por jueces en las puertas de los juzgados. "Es evidente que en ningún país democrático los jueces convocan manifestaciones para protestar contra afirmaciones relativas a que estén politizando la Justicia", ha dicho.
Y ha incidido en que "en el momento en que convocan manifestaciones queda claro que están comportándose como un actor político". "No son manifestaciones que realizan para defender intereses profesionales, sino para mostrar una determinada posición política", ha añadido.
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La querella de Sumar
En la querella presentada en el Supremo, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.
Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.
Sumar pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.
"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.
Se extralimitaron
El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.
Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la "conducta de otra autoridad del Estado" (en este caso el presidente), acuerdos políticos o "futuribles" normas.
Por otro lado, Sumar destaca que es "ineludible" que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los "intereses generales" emitiendo una "resolución definitiva" y no puede considerarse como un "acto político".
Un vocal avisó de consecuencias legales
Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente que era "improcedente" e "ilegal", y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración.
E incluso argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.