Reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE, uno de los "pagos adelantados" que ha exigido Carles Puigdemont a cambio de su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, tendría un coste anual de 132 millones de euros, según la estimación preliminar elaborada por la Comisión Europea.
Para convencer al resto de socios europeos, Sánchez se ha comprometido a asumir todos los gastos, a diferencia de lo que ocurre con el resto de lenguas oficiales comunitarias, que se sufragan con el presupuesto comunitario. Aún así, los demás Estados miembros siguen teniendo muchas dudas sobre la petición española.
De hecho, el reconocimiento del catalán en la UE figura por cuarta vez consecutiva en el Consejo de Asuntos Generales que se celebra el próximo martes 12 de diciembre en Bruselas. Aunque la presidencia española ha puesto en la agenda que el expediente está listo para su aprobación, las demás delegaciones ven muy improbable que pueda alcanzarse la unanimidad exigida.
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"La Comisión ha completado su evaluación preliminar de los costes de añadir el euskera, el catalán y el gallego al Reglamento nº 1/1958, que define las lenguas oficiales de la UE. Según esta estimación, el coste asciende a unos 44 millones de euros al año y por lengua, es decir, un total de unos 132 millones de euros al año para tres lenguas", ha explicado un portavoz del Ejecutivo comunitario.
"Una vez que el Consejo adopte una posición formal sobre esta cuestión y las autoridades españolas hayan indicado su enfoque respecto de una serie de cuestiones como, por ejemplo, un régimen transitorio, la Comisión podrá presentar una declaración financiera completa", ha apuntado el portavoz.
El régimen transitorio se refiere a que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha planteado a sus socios europeos dar prioridad al catalán y retrasar el uso del gallego y el euskera en las instituciones comunitarias. Sin embargo, España todavía no ha puesto encima de la mesa una propuesta concreta que defina los periodos transitorios.
En la última reunión de diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a sus homólogos una nueva propuesta corregida, cuyo objetivo es ofrecer más garantías de que no se producirá un efecto contagio. Se trata de consignar por escrito en el reglamento que las lenguas cooficiales españolas constituyen un caso único que no podrá ser utilizado como precedente por otras lenguas regionales o minoritarias europeas.
Sin embargo, el nuevo texto tampoco ha convencido a los socios. Algunas delegaciones denuncian que el reconocimiento del catalán no se ha trabajado en grupos de trabajo técnico ni tampoco se ha consultado con los servicios jurídicos, por lo que descartan que se pueda aprobar el próximo martes.
En todo caso, se trata de la última oportunidad que tendrá el Gobierno de Sánchez de forzar una discusión sobre el catalán a nivel ministerial, ya que es el Consejo de Asuntos Generales final de la presidencia española. Eso significa que, siguiendo las prácticas habituales, el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas en la UE sólo volverá a abordarse cuando haya posibilidades reales de acuerdo, que de momento son muy remotas.