Junts llama "indecentes" a los jueces Marchena, Llarena, Lesmes y Lamela: "Deben ser juzgados"

Mientras el Gobierno, por boca de Félix Bolaños, negaba en el Senado que en España exista lawfare (persecución judicial por motivos ideológicos), sus socios de Junts señalaban con nombres y apellidos a varios magistrados del Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, para sostener que deben ser "cesados y juzgados de inmediato" por perseguir a los independentistas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, realizó estas acusaciones durante el debate para la creación de una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña, que su partido ha pactado con el PSOE. Nogueras señaló también a mandos de la Guardia Civil y periodistas.

Durante su intervención, la portavoz de Junts aludió a "personajes oscuros como el coronel Baena (conocido como Tácito en las redes sociales), los hermanos Pérez de los Cobos, Marchena, cómplices de la politización de la Justicia".

Y siguió señalando a los supuestos jueces del lawfare: "Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato. Pero en el Reino de España", añadió, "tienen vía libre para seguir retorciendo la ley y los derechos. Vía libre para acusar a muchos independentistas catalanes de terroristas, sólo por ser independentistas". Nogueras ha definido a todos ellos como "una serie de personas indecentes que deberían ser cesadas y procesadas".

Míriam Nogueras señalaba de este modo al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena (que actuó como jefe de la Policía Judicial en Cataluña durante la investigación del 1-O); al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que juzgó a los responsables del 1-O, al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, y a su hermano, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que dirigió el dispositivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional encargado de impedir el referéndum ilegal.

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La portavoz de Junts también ha identificado como responsables de lawfare a Concepción Espejel (magistrada del Tribunal Constitucional), Carlos Lesmes (expresidente del Supremo y del CGPJ), Pablo Llarena (magistrado del Supremo que instruye la causa del procés) y la juez del Supremo Carmen Lamela (quien desde la Audiencia Nacional instruyó la querella de la Fiscalía contra el Govern de Puigdemont). 

Nogueras negoció personalmente junto a Carles Puigdemont el pacto suscrito en Bruselas con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para la investidura de Pedro Sánchez. También participa en las reuniones secretas que el PSOE mantiene con Junts en Ginebra (Suiza), con un mediador internacional, para negociar la celebración de un referéndum de independencia.

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"Togados franquistas"

El hecho de que el PSOE haya aceptado someter a escrutinio la labor de los jueces por supuesto lawfare, en las tres comisiones de investigación que anoche se aprobó poner en marcha en el Congreso (sobre la Operación Cataluña, el caso Pegasus y la implicación del CNI en los atentados yihadistas de Las Ramblas), provocó la protesta unánime de todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales.

Durante el debate celebrado este martes en el Congreso, Míriam Nogueras mantuvo de forma inequívoca la acusación de lawfare contra los jueces que investigaron el procés.

"En pocos países los jueces pueden hacer políticas de manera pública y no pasa nada", dijo la portavoz de Junts. "En pocos países los jueces pueden decir que lo que vota la gente o que lo que se decide aquí en el Congreso no vale nada o que los representantes políticos no pueden tomar decisiones que no guste a los togados franquistas", añadió.

Nogueras dirigió sus acusaciones, por último, a conocidos periodistas y responsables de medios de comunicación (Ana Rosa Quintana, Antonio García Ferreras y Mauricio Casal), de los que, dijo, "han contribuido a esta macroestafa contra Cataluña".

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Las palabras de Míriam Nogueras provocaron la intervención del portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, que pidió la intervención de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol: "Se han vertido palabras ofensivas con nombres y apellidos y usted, como presidenta, debería haber pedido que se retirasen".

"Su función es evitar que esto suceda en esta Cámara", insistió Tellado. Sin embargo, Armengol rechazó esta petición y se negó a retirar del Diario de Sesiones las referencias ofensivas a jueces, mandos de la Guardia Civil y periodistas.

"Señor Tellado, sé cuáles son mis funciones y usted debería saber cuáles son las suyas como diputado", replicó Armengol, antes de retirar la palabra al portavoz del PP.

En cambio, en el Pleno del pasado 15 de noviembre, la presidenta socialista del Congreso sí decidió retirar del Diario de Sesiones las palabras en las que el portavoz de Vox, Santiago Abascal, acusó a Pedro Sánchez de perpetrar un "golpe de Estado" contra la democracia. Entonces dijo que debía "defender el decoro de la Cámara".