Pedro Sánchez dará hoy un paso decisivo en el Congreso para seguir cumpliendo su pacto con los partidos independentistas, especialmente a Junts, y seguir pagando el precio de la investidura y del arranque de la legislatura.
En concreto, el Pleno del Congreso admitirá a trámite la proposición de Ley de Amnistía, para su trámite urgente y, además, aprobará la constitución de tres comisiones parlamentarias de investigación que afectan a los aparatos de seguridad del Estado.
De esta forma, las tres primeras votaciones del Congreso habrán sido para cumplir los actos con ERC y Junts. Primero fue la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales y hoy la amnistía y las comisiones de investigación.
En las tres votaciones, el PSOE cuenta con los 178 votos del bloque que ha permitido a Sánchez volver a ser presidente. Son todos los partidos salvo PP, Vox y UPN. Coalición Canaria votó la investidura, pero rechaza la amnistía.
Hoy no está previsto que esté Sánchez en el hemiciclo, ni tienen que estar los miembros del Gobierno, que no suelen intervenir en los debates de proposiciones de ley. Sí intervendría Alberto Núñez Feijóo en el debate sobre la amnistía, para dar más empaque al debate sobre el asunto en el que ha basado hasta ahora el PP toda su estrategia de oposición.
Se prevé un debate bronco, como ha sido hasta ahora cualquier asomo de discusión sobre este asunto en la Cámara. El PSOE va cargado del argumentario sobre la extrema derecha y sus vinculaciones con Vox. Y Santiago Abascal se lo ha puesto fácil en las últimas horas al asegurar que llegará un momento en que “el pueblo querrá colgar de los pies” a Sánchez.
El siguiente trámite de la ley será la fase de enmiendas en la comisión constitucional, que deberá sustanciarse en una semana para que la proposición de ley salga del Congreso hacia el Senado antes de final de año. Su aprobación definitiva podría retrasarse hasta el mes de marzo, como mínimo.
ERC quiere incluir enmiendas técnicas a la proposición de ley y Moncloa inste en que no habrá ningún cambio “sustancial”.
Las tres comisiones
La primera comisión de investigación es sobre “la denominada Operación Cataluña y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial”.
Entra ahí la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en tiempos de Mariano Rajoy fabricando presuntamente pruebas contra los independentistas en pleno procés. Es decir, tiene que ver con el llamado lawfare que está expresamente recogido en el pacto entre PSOE y Junts.
La segunda comisión se refiere “al derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017”. El objeto es aclarar algunas teorías no apoyadas por la Justicia que sugieren algún tipo de negligencia o acción del CNI en esos atentados islamistas.
La tercera es “sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados”.
En las dos últimas es necesario que el Gobierno acceda a desclasificar documentos secretos. Fuentes independentistas explican que tienen garantías de Moncloa para que se levante el secreto sobre algunos de esos documentos.
En cambio, no hay acuerdo sobre las comparecencias en esas comisiones, porque el PSOE insiste en vetar que se cite a jueces. Por el momento.