La misión de eurodiputados que visita estos días Barcelona para evaluar la política de inmersión lingüística en las escuelas catalanas tiene este martes su jornada más potente. A primera hora de la mañana, los seis miembros de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo se reunían con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que les ha confesado que "en España hay un problema de separación de poderes".
Al menos, en el caso del incumplimiento de la sentencia firme que garantiza un 25% de castellano como lengua vehicular.
Ante el asombro de la estonia Yana Toom, jefa de la misión, el magistrado ha explicado en qué basaba esta "durísima" afirmación, en palabras de una de las personas presentes en la reunión.
Barrientos, sentado junto al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Javier Aguayo, argumentó, primero, que el fallo -ratificado en noviembre de 2021 por el Tribunal Supremo- se basó "en la doctrina reciente del Tribunal Constitucional", de las últimas dos décadas.
Segundo, en que la sentencia, aun así, "no se ha cumplido" por parte de la Generalitat catalana ni se ha hecho cumplir por parte del Gobierno de España.
Tercero, en que se le encargó a la Alta Inspección y a la Conselleria la tutela de la ejecución del fallo.
El juez ha remarcado que el Govern no hizo nada. Y que del Gobierno central no recibieron "colaboración alguna". De hecho, la Alta Inspección recibió al Tribunal "simplemente, con un portazo". Es decir, que el funcionario que debía recibir el requerimiento no abrió la puerta de su despacho a la comisión judicial para no recogerlo: "Eso es muy grave, nunca nos había pasado".
En la misma semana de la resolución del Supremo, el entonces conseller, Josep González Cambray, aseguró que no la cumplirán, porque la ministra de Educación, Pilar Alegría, por su parte, no iba a pedir la ejecución de la sentencia. Era el mes de noviembre de 2021.
Rosa Estaràs y Dolors Montserrat (PP), Maite Pagaza (Cs), Jorge Buxadé (Vox) y Diana Riba (ERC), los españoles de la delegación de PETI en Cataluña.
La delegación está formada por seis eurodiputados liberales, democristianos y conservadores (una estonia, dos polacos, una italiana, una francesa y un alemán. Además, los acompañan con voz pero sin voto, cinco españoles (dos del PP, una de Cs, uno de Vox y una de ERC). En la tarde de este martes, los eurodiputados se reúnen con la actual consellera de Educación, la republicana Anna Simó, que podrá dar su versión sobre este caso concreto.
Política contra la sentencia
Pero luego vinieron las acciones políticas, ha continuado Barrientos ante los europarlamentarios.
Así, el cuarto cimiento en el que se ha basado para sostener que en este caso se han diluido las garantías del Estado de derecho es el decreto que impulsó Pere Aragonès en una reunión extraordinaria del Govern independentista que todavía sostenían unidos ERC y Junts, en mayo.
Después de una reunión de la Mesa de Negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con el Govern de Aragonès, ambos pactaron en julio de 2022 el "blindaje" del sistema de inmersión y el decreto se convirtió en un proyecto de ley urgente que fue apoyado en el Parlament por el PSC de Salvador Illa.
Y el quinto motivo fueron las afirmaciones vertidas en aquel debate parlamentario, en las que se enarboló sin rubor que la norma se tramitaba "para hacer frente a la sentencia judicial que ataca a la inmersión en catalán".
De hecho, en octubre de 2022, Aragonès fue recibido en Bruselas por el comisario de Justicia, Didier Reynders. Pero no tuvo éxito en su empeño: pretendía denunciar "el espionaje con Pegasus" por parte del Gobierno de España al independentismo -y, en concreto- a él-, pero se encontró con el miembro del Ejecutivo comunitario afeándole a la cara "el incumplimiento de las sentencias" que imponen el 25% de enseñanza en español, al menos, en las escuelas catalanas.
El sexto paso que debe dar esta sentencia para "garantizar un modelo democrático", según palabras del presidente del TSJC ante la misión de la Eurocámara, "que garantice los derechos de las minorías" es la cuestión de constitucionalidad presentada por el Tribunal ante el Constitucional. Pero ocurre que, "el TC prioriza unos temas sobre otros", han recordado los dos magistrados, y de momento no hay resolución.
Siempre según fuentes internas de la reunión, la jefa de la misión Toom ha preguntado si no hay garantías del cumplimiento de los fallos judiciales "para hacer que se ejecuten". Y los dos jueces han dicho "confiar" en que el Tribunal Constitucional dictará sentencia y ésta será "acorde a su propia jurisprudencia".
Boicot de PSOE y socios
Las mismas fuentes, en conversación con EL ESPAÑOL, remarcan que la reunión ha sido "durísima" y que ha sido "la prueba de por qué los socialistas, la Izquierda y los independentistas han querido boicotear" la misión del Parlamento Europeo.
La eurodiputada liberal estonia Yana Toom, que preside la misión a Cataluña para evaluar la inmersión lingüística en las escuelas.
"Si tan bueno es el sistema de inmersión, si tanto garantiza los derechos de todos, no se entiende por qué no quieren defenderlo ante una misión parlamentaria de la UE... hasta que es el propio Poder Judicial el que se confiesa desamparado por unos incumplimientos y unas leyes contrarias a la Constitución y al Estatut", apunta un eurodiputado perteneciente de PETI en la misión.
Ante las insistentes preguntas de los eurodiputados, Barrientos y Aguayo han explicado que "la situación social es compleja" en Cataluña. Y que para ellos mismos, en su función jurisdiccional, "también lo es". Según el discurso que han mantenido ante los europarlamentarios, "la sociedad catalana quiere vivir en paz, pero pasarán muchos años antes de que acabe esta discordia y la utilización ideológica de la lengua para la construcción nacionalista catalana".
Finalmente, después de esta confesión, la jefa de la delegación les ha preguntado si se sienten presionados a la hora de dictar sentencias. "Estamos demasiado acostumbrados a la crítica política", han dicho. "En Cataluña, lo llevamos sufriendo años, pero ahora ya ocurre en toda España, con las acusaciones de 'lawfare'" y las comisiones del Congreso que quieren juzgar a los jueces del procés.