Una delegación del Consejo de Europa visitará España en enero para preparar su dictamen sobre la amnistía

La carta, a la que ha tenido acceso este periódico y que llegaba a Pedro Rollán, presidente del Senado este martes, explica que la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, ha admitido a trámite la petición de la Cámara Alta para emitir opinión "urgente" sobre la proposición de Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña, presentada por el PSOE y que actualmente tramita el Congreso. 

Bazy-Malaurie explica a Rollán su solicitud, recibida el 13 de diciembre, se unirá a otra previa del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE). Porque el Consejo de Europa ya había recibido, el 8 de diciembre de 2023, esta petición "en el contexto de un intercambio de opiniones en el seno de la oficina de PACE sobre el Estado de derecho en España" para preparar un informe sobre "los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debería cumplir".

Por esta razón, la reunión del 137º Plenario de la Comisión de Venecia, celebrada entre el viernes 15 y el sábado 16, decidió unificarlos. El Senado, pues, ha coincidido en el planteamiento. Porque el informe ya pedido por la Asamblea Parlamentaria, dice la presidenta de la Comisión de Venecia, "se refiere a las normas que deben aplicarse para responder a las preguntas planteadas en su solicitud de dictamen".

La misiva ya indica que se enviará una misión a España "en las primeras semanas" del año que viene, y que la delegación se reunirá con el presidente del Senado, el popular Rollán. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y está utilizando sus resortes legales y jurídicos para tratar de frenar o incluso evitar la entrada en vigor de la ley.

En todo caso, Bazy-Malaurie insta a Rollán a que motive mejor la "urgencia de su petición". Y es que, recuerda, la Comisión de Venecia sólo puede emitir dictámenes urgentes "en casos excepcionales, cuando la autoridad u organismo solicitante pueda justificar que no sería procedente esperar a la Sesión Plenaria neta". Así que se le reclama a la Cámara Alta "una solicitud motivada, que será elevada a la Mesa de la Comisión para su decisión".

Estándares europeos

La solicitud del Senado se impulsó a instancias del grupo mayoritario en la Cámara Alta. El Partido Popular tiene la mayoría absoluta y controla la Mesa, presidida por Pedro Rollán.

Este martes, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, anunció en el Pleno el registro de una la solicitud de reconsideración a la Mesa para tratar de parar la visita de la delegación de la Comisión de Venecia a España para elaborar un dictamen sobre la Ley de Amnistía: "Por mucho que se esfuercen en sabotear la Ley de Amnistía no conseguirán frenarla ni en el Senado, ni en ninguna parte".

Como ya hicieron los republicanos con la solicitud de informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, pidiendo una reconsideración a la Mesa, Bailac acusó al PP de "atrincherarse en el Senado para tratar de imponer aquello que no ganaron en las urnas".

Fue la portavoz parlamentaria del PP, Alicia García, la que registró la petición el pasado 13 de diciembre, que fue tramitada ese mismo día y remitida al Consejo de Europa. Sólo dos días después, el mismo día 15 de diciembre, se reunió la Comisión de Venecia y aceptó a trámite la petición del Senado.

Tanta premura se justifica por la misma solicitud de la Cámara Alta: "[...] que emita dictamen urgente sobre la proposición de Ley Orgánica de Amnistía". Y ésta se justifica, precisamente, en "la propia urgencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los diputados, autor de la Proposición de Ley Orgánica, para la tramitación parlamentaria de la misma".

De este modo, habrá informe del Consejo de Europa antes de que la ley esté definitivamente aprobada en las Cortes Generales españolas.

Y es que, de momento, la norma está en proceso de recibir enmiendas, que aún se negocian entre los socios con el PSOE. Así, hasta finales de enero o principios de febrero la norma no irá a la Cámara Alta, que la retendrá dos meses. No se prevé que la norma esté en vigor antes de finales de abril.

Para esas enmiendas, el punto principal de temor entre ellos es la previsión de la ley de amnistiar delitos de terrorismo y de corrupción, en su forma de malversación.

Ya en su momento, éste fue el motivo por el que Esquerra Republicana se negó a firmar el texto como propio. Los republicanos temían que la introducción de una nueva redacción -negociada por Santos Cerdán, número tres del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts- podría hacer que la Comisión Europea considerara la ley "fuera de los estándares europeos", y llevara a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Esos son dos de los puntos para los que solicita dictamen el escrito del Senado a la Comisión de Venecia. Y es que los llamados "estándares europeos" beben de los criterios generados en defensa del Estado de derecho de este órgano.

Aunque el Consejo de Europa no tiene nada que ver con la Unión Europea, son sus postulados en los que se basa el acervo comunitario para establecer sus criterios para juzgar las leyes que se salen de los principios y valores de la UE, consagrados en el artículo 2 del Tratado.

Terrorismo y malversación

Así lo ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en numerosas ocasiones, y así viene recogido en los preámbulos de las dos leyes europeas en las que podría basar la Comisión su rechazo a la Ley de Amnistía que tramitan las Cortes actualmente.

Como ya informó este diario, el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que, por la "especial gravedad y dimensión transfronteriza" de determinados delitos, es fundamental haya un enfoque comunitario común.

Es decir, que ninguna legislación nacional puede dejar de perseguirlos. Y que su tipo y nivel de castigo es política común entre los Veintisiete, o debe desarrollarse legislación que los coordine. El artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 prevé que no se puedan amnistiar delitos de terrorismo.

Y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, todavía en fase de aprobación, obliga a la persecución de los de corrupción en todas sus formas. Y establece como una de las más graves la malversación de fondos públicos por funcionarios o responsables políticos, en el ejercicio de sus funciones.

Pedro Rollán, el día de su elección como presidente del Senado, en el antiguo salón de plenos. EP

Por eso, la solicitud del Senado pregunta expresamente por estos dos aspectos, entre las seis cuestiones que plantea a la Comisión de Venecia:

"¿Es compatible con los criterios de la Comisión la posibilidad de amnistiar los delitos de terrorismo en los términos señalados?" y "¿Considera aceptable y acorde a los estándares de un Estado constitucional y democrático de derecho que la amnistía se apruebe para delitos de malversación y corrupción?"

Estándares y 'lawfare'

Entre las otras cuatro cuestiones, una es generalista, sobre la adecuación de la proposición de ley a la Constitución Española y, sobre todo, a los "estándares europeos" que debe cumplir:

"¿Cuáles son los criterios de índole general que la Comisión de Venecia considera necesarios para que una medida como la amnistía resulte acorde con los estándares del Estado de derecho? Criterios tanto de carácter formal o procedimental –en relación, entre otros, con la deliberación y aprobación por el Parlamento y con la consulta a grupos interesados- como de carácter sustantivo". 

Y el resto son: "¿Considera la Comisión compatible con los estándares del Estado de derecho la plena eliminación de la responsabilidad penal para los autores de los actos indicados?".

"¿Considera la Comisión que tal regulación supone una infracción del principio de división de poderes, así como de las garantías del proceso judicial?", en relación a que la norma "condiciona, restringe e incluso impide la actuación de los jueces y tribunales españoles" saltándose la previsión de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que prevé la suspensión de la aplicación de una ley si ésta es recurrida en una cuestión de constitucionalidad o en cuestión prejudicial ante el TJUE. "¿Es correcta la utilización abusiva de una ley singular en contra de la norma general aplicable a los procesos judiciales?".

Y finalmente, se pregunta por la eliminación de la división de poderes que podrían suponer las llamadas comisiones del lawfare previstas en los acuerdos políticos del PSOE con Junts y ERC. Según lo firmado por los partidos de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, esos comités especiales del Congreso "pueden afectar a la aplicación de la ley, más allá de que afecte a la división de poderes y al Estado de Derecho".

Y la Cámara Alta duda de que, con todas las asociaciones judiciales y fiscales manifestándose en contra, en este contexto, "¿de implementarse actuaciones parlamentarias de este tipo se pondría en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes, pilares del Estado de Derecho?".