Los eurodiputados dejan Cataluña con la impresión de que "hay una operación para eliminar el español"

Ahora, deberán estudiar los datos y recabar información que falta, pero "lejos de ver una persecución del catalán, la impresión que sacamos es que aquí no hay bilingüismo, lo que hay es una operación para eliminar el castellano".

Así se expresaba Yana Toom, jefa de la delegación. A la luz de sus entrevistas "con todas las partes implicadas", tras la rueda de prensa de este miércoles, el sentimiento de "estupefacción" era generalizado.

Aún quedan tres meses para seguir reclamando aclaraciones sobre "temas que no nos han sabido o querido contestar". Por ejemplo, cuántos menores reciben, al menos, el 25% de su educación en español; en cuántas aulas se enseña en castellano; y, "tristemente, cuántos delitos de odio se han denunciado y cuántos han acabado en condena".

Ésa pregunta, explicaba una de las integrantes de la misión en conversación con este periódico, "lo lamentable no es que no nos la respondieran, sino tener que hacerla". Ellos mismos, los integrantes de la delegación fueron increpados en la calle a gritos de "¡fascistas!" y de "¡racistas!".

Y recibieron el testimonio no sólo de los peticionarios, que reclamaban el amparo de la Eurocámara a sus derechos fundamentales, sino de los whatsapps que recibió la familia del niño de Canet en 2021.

"Se nos saltaron las lágrimas a algunos, cuando el juez Jesús Barrientos nos los leía", explica otra eurodiputada, en referencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Junto al magistrado Javier Aguayo, presidente de la Sala de lo Contencioso, trataron de explicar el porqué de que haya una sentencia firme que no se cumple en España: la que, "siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional", establece un mínimo del 25% para alguna de las dos lenguas oficiales en Cataluña.

Ahora, lo que está en el TC, les fue explicado a los miembros de la delegación de la UE, es la cuestión de constitucionalidad sobre la ley que impulsó el Govern de Pere Aragonès, "para sortear el cumplimiento del fallo judicial".

La jefa de la misión, la estonia Toom, se sorprendió al escuchar eso: "Pero oiga, ¿entonces en España no se cumple el Estado de derecho?", preguntó. "Tenemos un problema de separación de poderes, sí", respondió el presidente del TSJC.

Maite Pagaza (Cs), Rosa Estaràs (PP) y Dolors Montserrat (PP), acompañantes de la misión de la Eurocámara en Barcelona. EP

Una vez que pasen esos tres meses, en marzo está previsto que Toom presente su informe, y sea debatido en el seno de la Comisión PETI. "Aquí es donde atendemos las demandas directamente de los ciudadanos", explica Dolors Montserrat, presidenta de ese comité y acompañante con voz pero sin voto en esta misión.

Polémica servida

La evaluación sobre el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán en las escuelas de Cataluña promete ser muy polémica, en pleno impulso, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

"Si las conclusiones finales son coherentes con esta impresión que nos llevamos"; explicaba otro miembro de la delegación, "se dará curso directamente a la Comisión Europea, por si es necesario abrir procedimiento de infracción a España".

¿En qué sentido? "Separación de poderes, garantías judiciales, derechos fundamentales, protección de las minorías...".

¿Y qué consecuencias puede haber? "Está el mecanismo de condicionalidad de los fondos, y están las sanciones a través del artículo 7 del Tratado, mucho más difíciles de activar, pero también mucho más potentes", pues pueden comportar la pérdida del derecho de voto de un Estado miembro en el Consejo.

El presidente del Gobierno español se reúne este jueves en Barcelona con el president de la Generalitat de Cataluña. Y según fuentes del Govern, en la agenda del encuentro, además de la financiación "singular" para la Comunidad Autónoma, está el asunto de la lengua catalana.

Sin duda, aclaran estas fuentes, se hablará de lo acontecido estos días en Barcelona. Y de la solución que dio el PSC votando a favor de una ley ad hoc para "derogar una sentencia", en palabras de la consellera de Educación, Anna Simó, durante su entrevista con los eurodiputados. 

"Mi impresión es que el catalán no está en peligro", confesaba Toom tras la rueda de prensa oficial de la misión, en las oficinas del Parlamento Europeo en Barcelona. "Si he detectado algo es una operación para eliminar el castellano en la escuela, pero todo esto lo tendremos que estudiar, a la espera de que nos manden la información que nos han negado estos días aquí".

Y, recordando las primeras citas, con los peticionarios cuyas demandas motivaron la conformación de la delegación que viajó a Barcelona, añadió: "Una pregunta clave es por qué, según con quién hables, cuenta una cosa o la opuesta... y que es sólo una parte, los peticionarios, la que se siente desamparada y pide respeto a derechos personales fundamentales. Aquí pasa algo que hay que arreglar".

Críticas a la misión

A Montserrat, al frente de PETI, la han acusado de "manipular e instrumentalizar al servicio del PP español" los trabajos de la Comisión. Fuentes de ERC recuerdan a este diario que "en esta legislatura se han enviado 10 misiones, y cuatro han sido a España; y las otras seis, una a cada uno de otros seis Estados miembros".

La vicepresidenta del Grupo Popular en la Eurocámara niega la acusación: "La Comisión de Peticiones es la puerta de entrada de los ciudadanos a las instituciones, y su obligación es atender sus demandas", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Así se ha hecho en la misión de Cataluña con eurodiputados de otros países de la Unión para analizar lo que está sucediendo en la educación".

Es verdad que integraban la delegación parlamentarios de varios países (Polonia, Italia, Alemania, Francia y Estonia) y que había varios grupos representados: desde el populismo de izquierdas del Movimiento 5 Estrellas italiano a la derecha radical del PiS polaco. Pero ningún integrante de los socialistas, ni de La Izquierda, ni de los Verdes... sólo la catalana de ERC Diana Riba, que por ser española no participará en el informe.

Riba viajó, pese al boicot de su grupo, para "poner la oreja" y dar "apoyo" a los representantes del Govern que se reunían con la misión. Así lo aclaraba un portavoz de la formación independentista catalana.

"Los eurodiputados, de diversas formaciones políticas y países, han podido ver en primera persona que en Cataluña no se cumplen las sentencias y que el relato del independentismo político es falso", concluye Montserrat. Otros integrantes extranjeros de la delegación corroboran esta impresión. "Hemos quedado muy sorprendidos de lo visto aquí, hay que estudiarlo, porque no tiene sentido", apuntaba Toom.

Entre los eurodiputados españoles que acompañaban la misión estaba, también, Maite Pagaza, de Ciudadanos, integrada en el mismo grupo Renew que la estonia Toom. Suya fue la idea de emitir un vídeo en el Parlamento europeo, el pasado 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional "contra la discriminación por razones de lengua en España y en Europa".

El vídeo denunciaba la paradójica "exclusión del español como lengua de enseñanza en España". Un hecho que ya había sido denunciado por el comisario de Justicia, Didier Reynders, en su visita a España, dos días antes. 

El comisario de Justicia de la Unión Europea insistió en que son los Gobiernos nacionales los que "tienen que garantizar una aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales", en referencia a la sentencia del TSJC sobre la enseñanza del castellano en las aulas. "Si no se ejecuta una sentencia y el Estado no tiene la capacidad de garantizar la implementación de la misma, quizás haya que empezar con una advertencia en el informe del Estado de derecho y ver qué pasa", avisaba el comisario. 

Sólo 10 días después, era el mismo Aragonès el que lo escuchaba de boca de Reynders, en Bruselas. El comisario le afeó a la cara "el incumplimiento de las sentencias" que imponen el 25% de enseñanza en español, al menos, en las escuelas catalanas.

Eso es lo que demandaban los peticionarios a los que atendía la delegación de PETI estos días en Barcelona: "No piden arrinconar el catalán, sino que se garantice un mínimo de castellano, como indican las sentencias", remacha Montserrat. "Simplemente, reclaman que las lenguas convivan en la educación y se enseñen en igualdad".