La reunión entre los dos presidentes ha dado frutos tangibles, como quería ERC. El entorno de Pere Aragonès había insistido en que la cita con Pedro Sánchez sería "una reunión de trabajo, para avanzar en temas comunes y en la resolución del conflicto". Y así ha sido: lo primero, los temas comunes, se traduce en oficializar el catalán en toda España.
Lo segundo, lo del llamado "conflicto político entre Cataluña y el Estado", en la convocatoria de la Mesa de gobiernos: la cuarta hasta el momento. Será en el primer trimestre de 2024, según fuentes de Moncloa.
Y servirá para que Aragonès siga batallando con Carles Puigdemont en la hegemonía por el liderazgo independentista... porque la cita contará con los dos presidentes, algo que se guarda para sus encuentros "trascendentes", en los que se puede esperar "acuerdos concretos".
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Pero es llamativo el segundo punto de lo acordado este jueves en la "visita oficial" del presidente del Gobierno a Barcelona, como la bautizan fuentes del Govern: el Ejecutivo español se compromete a aprobar un proyecto de ley orgánica de garantía del plurilingüismo, que garantice "el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en lenguas cooficiales". Es decir, para que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración en su propia lengua, por ejemplo el catalán, aunque sea en Salamanca o en Cádiz.
Este pacto es la traducción efectiva de uno de los puntos del acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC para la constitución de la Mesa del Congreso, con la socialista Francina Armengol de presidenta. Y es, en realidad, un paso necesario para seguir avanzando en la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE.
Según el reglamento que regula las lenguas de la Unión, para que uno de los idiomas hablado en los territorios de los Estados miembros pueda dar ese paso, no solo se exige la unanimidad del apoyo del resto de gobiernos, sino que la lengua sea oficial en todo el país solicitante. Y según el artículo 3.2 de la Constitución Española, esto no ocurre más que con el castellano: "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".
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Se da la circunstancia de que, en la pelea entre Junts y Esquerra, ambos buscan lo mismo, pero lo niegan: los de Oriol Junqueras dicen que "lo del catalán en la UE es una quimera que no se ha perseguido desde tiempos de Zapatero porque se vio que era imposible", pero lo facilitan así.
Y fuentes de la formación de Puigdemont desprecian que el catalán sea oficial en el resto de España "porque ya es oficial en los Països catalans", es decir, en la región catalana, y también en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares… pero necesitan de este paso que impulsa ERC.
Traspaso de IMV y Rodalies
Además de estos acuerdos, Sánchez y Aragonès han tratado otros temas durante la hora y 15 minutos que ha durado su encuentro "en un ambiente de cordialidad". Según fuentes del Ejecutivo central, la cita "ha servido para constatar la firme voluntad de ambos gobiernos para seguir avanzando en beneficio del conjunto de los ciudadanos". Y en ese sentido, dicen, se han alcanzado cinco acuerdos en total.
Aparte de los dos ya reseñados, Moncloa se compromete al traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros del 27 de diciembre.
Asimismo, se impulsará y financiará desde la Administración General del Estado el proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips (Innofab).
Y finalmente, se comenzará ya en enero con las reuniones técnicas bilaterales para desarrollar el acuerdo y el calendario para avanzar en el traspaso de Rodalies.