Sánchez y Feijóo pactan que la Comisión Europea "medie y verifique" la renovación del CGPJ

POSICIÓN DEL PP EN LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN ENTRE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y EL PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR.

El Partido Popular es la primera fuerza política de España y la que cuenta con mayor respaldo social entre los españoles. Conforma la formación con más diputados en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado, además de liderar el mayor número de gobiernos autonómicos y municipales. Dos tercios de la población viven en comunidades o ciudades autónomas con presidentes del Partido Popular.

Somos un partido de Gobierno, con sentido institucional. A todos los ciudadanos que nos dieron su apoyo para ser el primer partido de España, y también a los que no nos votaron, nos debemos en el ejercicio de nuestra acción política e institucional. Allí donde gobernamos y también donde, como es el caso del Congreso del los Diputados, lideramos la oposición.

Nuestra labor no es ni debe ser ajena a la senda de deterioro democrático e institucional provocada por los pactos del Gobierno de la Nación y agravada desde la sesión de investidura. Una situación que millones de españoles, y también el conjunto del Partido Popular, rechazamos con total intensidad. Ante esto, nuestra determinación política, cívica y moral es aprovechar el relevante papel en la política española que nos han otorgado los ciudadanos con su voto para:

- Constatar, señalar y denunciar aquellas acciones del Gobierno en detrimento
de la salud democrática de España.

- Utilizar todos los mecanismos democráticos a nuestro alcance para evitar que
estas acciones prosperen.

- Garantizar una alternativa política con vocación de restaurar los compromisos
democráticos que se hayan visto dañados.

El PP propone una hoja de ruta clara para frenar y revertir esta deriva. Se trata de mínimos democráticos alejados de preferencias ideológicas y orientados exclusivamente a fortalecer la calidad institucional del Estado. Estas son las
prioridades que el PP defenderá a lo largo de esta legislatura y así se lo hace saber al Gobierno de España.

1. Igualdad de los españoles ante la ley y respeto a la separación de poderes. La ley de Amnistía que, con el aval del presidente del Gobierno, está tramitando el Partido Socialista con sus socios independentistas es un ataque sin precedentes a la igualdad entre españoles, por cuanto crea ciudadanos de primera y de segunda regalando impunidad de manera arbitraria por interés personal y político; así como a la separación de poderes, porque enmienda y suplanta la labor de la justicia convirtiendo al Ejecutivo en una suerte de poder judicial omnipotente en a la sombra. En consecuencia, urge la retirada de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados y restaurar los mecanismos de defensa del Estado de Derecho que se han ido laminando en los últimos meses.

2. Neutralidad de las instituciones y recursos del Estado. La elección de la presidencia del Consejo de Estado, recientemente anulada por el Tribunal Supremo, o la inédita consideración de no idóneo del Fiscal General del Estado -del que Tribunal Supremo apreció desviación de poder en un nombramiento que afectaba a su predecesora- son sólo dos ejemplos recientes de la concepción patrimonialista que tiene el actual Gobierno de las instituciones que deben servir al interés de todos los españoles. Los organismos que sufragan los ciudadanos con sus impuestos no pueden convertirse en un engranaje más del poder Ejecutivo. En consecuencia, urge
el cese del Fiscal General del Estado y de la Presidenta del Consejo de Estado, en cumplimiento a las indicaciones del CGPJ y el TS, respectivamente, así como la aprobación de una Ley de Calidad Institucional que garantice la independencia de organismos del Estado.

3. Medios de comunicación públicos sin injerencias políticas. La utilización partidista de los medios de comunicación públicos, así como la ruptura de todos los consensos y acuerdos sobre su gestión, no sólo perjudica los derechos a la libertad de prensa y de información, sino que debilita el crédito de instituciones como RTVE o la Agencia EFE ante la ciudadanía. Se ha de impedir con modificaciones legales la actual capacidad de injerencia del Ejecutivo en los medios públicos. En consecuencia, urge el nombramiento por consenso de la dirección de RTVE, así como una reforma legal para asegurar que los Presidentes de EFE y RTVE sean elegidos por las Cortes.

4. Respeto a la profesionalidad de jueces, magistrados y servidores públicos. Los recientes episodios de señalamiento y amenazas a jueces y magistrados por parte de partidos independentistas son inaceptables en cualquier régimen democrático. Unos hechos que, unidos a las acusaciones de lawfare realizadas de manera constante por miembros del Gobierno, han generado enorme malestar entre las asociaciones de los profesionales. Es imperativo reforzar su autoridad, protegerlos de este acoso y evitar dar pábulo al cuestionamiento de su legitimidad con comisiones de investigación como las pactadas en el Congreso. Por ello, proponemos paralizar las comisiones de Investigación que persiguen menoscabar el crédito de los jueces y magistrados y el impulso de una reforma del Reglamento del Congreso para que prohíba expresamente que los profesionales de la Justicia sean llamados a comparecer en comisiones de investigación parlamentarias sobre casos de los que han tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones.

5. Medidas para garantizar la independencia del poder judicial y su órgano de gobierno. En los sistemas democráticos, el poder judicial constituye un dique de contención a los abusos del resto de poderes del Estado. Es por ello que, especialmente en el actual contexto de debilitamiento del Estado, la necesaria renovación del CGPJ no puede darse sin garantías que aseguren la independencia judicial. Para ello, el PP propone sumar a la negociación a la Comisión Europea, a efectos de que pueda supervisar y acreditar de forma inequívoca que la renovación del CGPJ se acomete de forma simultánea a la reforma del método de elección.

6. Reparación democrática y memoria a las víctimas del terrorismo. Existe un abismo moral entre todas las formaciones políticas que condenan los atentados terroristas y EH Bildu, que sigue negándose a hacerlo. Restaurar el compromiso democrático básico para apartar de la gobernabilidad a la izquierda abertzale mientras no condene esos crímenes ni asuma su responsabilidad en ellos es imperativo, como lo es impedir que en España pueda enaltecerse la actividad terrorista de ETA impunemente. En consecuencia, el PP solicita la retirada de la moción de censura en Pamplona, así como un compromiso con la no despenalización del enaltecimiento del terrorismo, la prohibición de los homenajes a
terroristas y la no concesión de indultos a presos etarras.

7. Reconocimiento de las Cortes Generales como foro de interlocución y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Desplazar la iniciativa política del Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo sostienen a foros paralelos al margen de las instituciones previstas para ello -como los que elige el Gobierno para verse con algunos de sus socios- es una práctica que menoscaba la rendición de cuentas y la transparencia de los gobernantes, además de un menosprecio a la oposición. En consecuencia, el PP solicita el cese de las reuniones en el extranjero ante un mediador internacional y rendición de cuentas por parte del Gobierno de las ya celebradas.

8. Defensa del principio de solidaridad e igualdad de trato a todas las CCAA para afrontar el reparto de fondos públicos. Una nación de ciudadanos libres e iguales no puede contemplar privilegios como la condonación de la deuda o la cesión del 100% de los tributos a determinados territorios en función de la afinidad política de sus gobernantes con el Ejecutivo central. La multilateralidad, la solidaridad, la transparencia y la igualdad son principios irrenunciables para abordar el debate de la financiación autonómica. En consecuencia, urge la convocatoria de la Reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar la reforma de la Financiación Autonómica y compromiso por parte del Gobierno de que el nuevo modelo será fruto de la deliberación y el acuerdo exclusivo en foros en los foros oficiales y multilaterales.

9. Responsabilidad fiscal y alivio a las familias afectadas por la inflación. La legislatura pasada puso de manifiesto las negativas consecuencias que tienen para la economía la creación de impuestos ideológicos a base de improvisación, el diseño de los Presupuestos Generales del Estado sin cuadrar las cuentas y la ausencia de responsabilidad fiscal. Una forma de actuar que, unida a la elevada política de gasto público y sobredimensión de las estructuras públicas, sigue aumentando la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. En consecuencia, solicitamos:

- La aprobación de una senda de consolidación fiscal, reducción del déficit y la deuda aprobada por las Cortes.

- Reducción drástica del gasto burocrático e improductivo del Gobierno.

- Rebaja del IRPF para rentas menores de 40.000 euros.

- Mantenimiento temporal de las medidas fiscales en el IVA energético y de los alimentos, extendiendo esta última a la carne, el pescado y las conservas.

10. Limitar a la redacción del art. 49 la modificación urgente de la Constitución. El PP reafirma su compromiso con la eliminación del término "disminuidos" en la Carta Magna a través de la modificación en las condiciones ya pactadas en la pasada legislatura, que incluyen garantías por escrito de que los socios del Gobierno no usarán este asunto para pedir un referéndum. En consecuencia, insta al PSOE a solicitar de su socio de coalición SUMAR la renuncia expresa a la convocatoria de un referéndum para poder proceder de forma urgente, en el mes de enero, a la modificación de artículo 49.