La reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término “disminuido” por “personas con discapacidad” es el único punto con opciones de acuerdo de los que tratarán hoy Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en su reunión en el Congreso.

Así será, según fuentes de Moncloa y del PP, siempre y cuando ninguno de los dos se empeñe en condicionar ese acuerdo o cualquier otro al resto de puntos que tratarán y sobre los que no hay opción alguna de consenso.

A lo más que se puede llegar, según esas fuentes, es a aplazar compromisos. Por ejemplo, para dejar en manos de los gobiernos autonómicos el inicio de las conversaciones sobre el sistema de financiación autonómica, aunque con el difícil escollo que supone la negociación bilateral y exclusiva de Sánchez con la Generalitat de Cataluña.

En la mayoría de los asuntos hay impedimentos externos para los acuerdos que en un caso tienen que ver con la presión de los socios de investidura del PSOE, que consideran incompatibles sus acuerdos con los que puedan cerrarse con el PP. Y por el otro, la presión de Vox y de un ala del PP que rechaza cualquier pacto con Sánchez.

No ayuda al acuerdo el contexto de enfrentamiento y la falta de trabajo previo a la reunión. Por ejemplo, la reunión de este jueves entre Sánchez y Pere Aragonès estuvo precedida de acuerdos entre los gabinetes de ambos para llegar con los acuerdos ya cerrados y poderlos anunciar a su término.

Lo más que ha habido es un mínimo intercambio entre sus respectivos jefes de Gabinete (Óscar López y Mar Sánchez) sobre el orden del día, con publicidad del intercambio. El último fue ayer porque el PP queria incluir dos temas nuevos: la entrada del Estado en Telefónica y la posible participación de una fragata en una misión en el Mar Rojo.

El encuentro será a las 10:30 en el Congreso, con un orden del día inicial de Moncloa sobre sólo tres puntos, ampliados luego a 10 por el líder de la oposición.

Estos son los asuntos propuestos por el PP y aceptados por Moncloa, con la posición de los dos partidos y las opciones de acuerdo:

1. Igualdad y Ley de Amnistía

No hay ninguna posibilidad de acuerdo, según admiten socialistas y populares. Moncloa necesita la tramitación de la ley de urgente para sostener la legislatura y el pacto con Junts y ERC y el PP se opone radicalmente y busca cómo retrasar su aprobación para rentabilizarlo electoralmente en los comicios que se celebrarán en 2024.

La discrepancia es radical hasta en el enfoque: para Feijóo es un asunto de ataque a la igualdad de los españoles y al Estado de derecho y así lo han denunciado ante las instituciones europeas, mientras que para Sánchez tiene que ver con la convivencia y con integrar en la política institucional al independentismo catalán.

2. Deterioro institucional 

Tampoco es posible el acuerdo, porque en este caso se trata del reproche del PP a Sánchez por algunos de sus nombramientos que han sido cuestionados o anulados por el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno tiene que decidir qué hace para ejecutar la sentencia que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, pero con la intención de no perder el control de la Presidencia de la institución.

Por el momento está pendiente la resolución de un recurso (incidente de nulidad) para intentar anular la sentencia unánime de la sala tercera del Supremo, lo que no parece probable.

3. Despolitización de RTVE y EFE

La decisión de Sánchez de colocar a su anterior secretario de Estado de Comunicación, Migue Ángel Oliver, al frente de la Agencia EFE no augura tampoco opciones de acuerdo.

El próximo año debe renovarse el Consejo de RTVE y la dirección de la radiotelevisión pública y el Gobierno aspira a tener el control.

No obstante, es significativo que uno de los muy pocos acuerdos entre PSOE y PP en la anterior legislatura fue precisamente sobre RTVE. Lo firmó entonces Pablo Casado y llevó relativa tranquilidad a la empresa pública.

Fuentes del Gobierno no descartan la posibilidad de que se acuerde una futura negociación discreta sobre este asunto.

4. La independencia judicial

Es el punto principal de discordia, porque incluye la discusión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial que el PP bloquea desde más de cinco años. 

Es el asunto sobre el que más hincapié hace siempre Moncloa, que acepta volver al momento de la negociación de 2022 cuando el PP rompió en el último momento.

El PP insiste en modificar antes el sistema de elección parlamentaria del CGPJ, mientras que el PSOE la rechaza y únicamente admite la posibilidad de abrir un proceso para estudiar matizar ese modelo, pero condicionado a que haya mayoría parlamentaria para cambiar esa norma.

En paralelo, está frenado el nombramiento en el Senado de un magistrado del Tribunal Constitucional que corresponde proponer al PP.

Fuentes del Gobierno explican que si el PP acepta el acuerdo sobre el CGPJ, inmediatamente facilitarán que el Senado proceda a ese nombramiento que no romperá la mayoría progresista del TC, pero la reducirá.

5. Defensa del Poder Judicial 

Lo más que puede haber es la materialización del compromiso público del Gobierno y el PSOE para impedir que sean citados jueces y magistrados ante las tres comisiones de investigación creadas en el Congreso.

El acuerdo de Sánchez con los independentistas recoge la creación de tres comisiones de investigación: sobre la relación del CNI con los atentados islamistas en Cataluña en 2017; sobre el espionaje a dirigentes soberanistas con Pegasus y sobre la llamada “policía patriótica” y lo que se conoce como lawfare o guerra judicial contra políticos.

Ya se ha aprobado la creación de las comisiones y el PSOE aspira a rebajar su alcance y evitar la presencia de jueces. A Junts y ERC no les sirve y se avecina un pulso político entre socios.

Además, Moncloa acepta desclasificar documentos sobre el espionaje a independentistas, por ejemplo, las órdenes del juez del Tribunal Supremo autorizándolo.

6. Las mesas de Ginebra

En este punto no hay pacto posible. Ni siquiera hay materia sobre la que pactar.

Sánchez ha puesto en marcha un complicado sistema de negociación con mesas cruzadas con los diferentes partidos y en una de ellas, la de Junts, con un verificador extranjero (el salvadoreño Francisco Galindo).

El Gobierno no quiere facilitar información sobre ese proceso y el PP ha anunciado una comisión de investigación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para hacer comparecer a dirigentes socialistas y de Junts.

Fuentes socialistas aseguran que su voluntad es pedir que esa comisión de investigación, si llega a arrancar, indague también sobre los contactos del PP y Junts durante este verano en búsqueda de un supuesto apoyo a la investidura de Feijóo. Los populares nunca han informado de esos contactos.

7. Subidas de impuestos

La política fiscal y sobre el llamado “escudo social” está al margen completamente de cualquier posibilidad de pacto entre los dos grandes partidos.

Se rige por el contento de los acuerdos entre el PSOE y Sumar en el Gobierno de coalición y también con el resto de socios parlamentarios que deberán apoyar las medidas concretas en el Congreso. Se plasmarán en los Presupuestos Generales del Estado para 2024 sobre los que ya han empezado los contactos.

Obviamente, según Gobierno y PP, no hay la más mínima posibilidad de acuerdo sobre esto en la reunión de hoy.

8. Reparto de recursos públicos

Es uno de los asuntos cruciales de la legislatura y, por eso, Moncloa había incluido la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica en su propuesta de orden del día para la reunión de hoy.

El sistema actual caducó en 2014 y desde entonces no ha sido posible su renovación. Ahora, el PP recela de una posible negociación bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, recogido en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts. En ese acuerdo se incluye la pretensión del partido de Carles Puigdemont de tener un sistema similar al del concierto vasco, con cesión de todos los impuestos.

Fuentes del Gobierno explican que la oferta a Feijóo es la de crear un mecanismo de negociación con las comunidades para estudiar un nuevo sistema con las peculiaridades de cada una de ellas. Una comisión de trabajo para poder negociar un sistema de financiación.

El líder del PP, por su parte, pide compromiso y garantía de que no habrá negociación bilateral con Cataluña.

La dificultad ha sido siempre en este tipo de negociación que cada comunidad defiende sus propios intereses que tienen que ver con variables como la edad media de sus poblaciones, la extensión geográfica, la insularidad o la dispersión, entre otras.

El PSOE ya pactó con Junts la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado y asegura que esa medida puede extenderse a todas las comunidades, aunque sin especificar cómo. Sánchez aseguró este jueves en Cataluña que su idea es empezar a negociar en enero con las comunidades cómo hacerlo.

9. Pamplona, Bildu y enaltecimiento  

Obviamente, tampoco es posible acuerdo alguno en este punto, porque según explica el Gobierno forma parte de su margen de maniobra político y estratégico.

Respecto a la moción de censura en Pamplona que llevará a Bildu a la alcaldía, los socialistas ya han firmado el acuerdo y la iniciativa se ha registrado para que se vote el día 28 de diciembre. Para el PSOE no tiene marcha atrás y forma parte de una estrategia para normalizar los acuerdos futuros con Bildu, con quien ya acordaron la investidura de Sánchez.

La proposición de ley citada la presentó Sumar y el PSOE ha permitido la toma en consideración, pero el Gobierno asegura que lo ha hecho sólo a efectos de facilitar su debate, aunque discrepa de su contenido concreto.

10. Personas con discapacidad

Fuente del Gobierno y del PP coinciden en asegurar que es el punto en el que es más probable el acuerdo. De hecho, antes de las elecciones generales de julio ya estaba casi cerrado un texto pactado entre PSOE y PP para modificar el artículo de la Constitución que aún habla de “disminuidos” en lugar de “personas con discapacidad”.

Habían pactado también brindar esa reforma para que ningún partido, especialmente los independentistas, buscará la forma de abrir un debate sobre otras reformas constitucionales durante el trámite en Congreso y Senado.

El único escollo, según el PP, es que la Constitución en su artículo 167.3 señala que una vez aprobada la reforma en las Cortes “será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

Es decir, que 35 diputados podrían forzar la celebración de un referéndum. El PP quiere que Sumar se comprometa expresamente a no pedir ese referéndum que convertiría una reforma constitucional sencilla en una agravada. Sumar explica que no tiene intención alguna de forzar esa consulta.

11. Entrada del Estado en Telefónica.

El PP pidió ayer incluir este tema. Son críticos con la decisión del Gobierno y Moncloa explica que se trata de asegurar el control de una empresa estretégica que afecta a la seguridad del Estado.

12. Misión en el Mar Rojo.

El Gobierno baraja la participación de una fragata en una misión de protección en el Mar Rojo, bajo paraguas de la OTAN y la UE. Es porlongación de la operación Atlanta y, por eso, no necesitaría autorización del Congreso. El PP demanda información.