PSOE y Sumar chocan sobre el alcance del nuevo 'escudo social' un día antes de presentarlo

Las horas previas al último Consejo de Ministros del año están siendo agónicas. La reedición del llamado "escudo social" contra la crisis, un decreto en revaluación permanente desde hace casi dos años que verá su última versión este miércoles, se ha paralizado por un choque entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su homónima de Hacienda, María Jesús Montero. El debate, aseguran fuentes de ambos extremos, se centra en el impuesto a las eléctricas y la bonificación al transporte público.

La ampliación, reedición o reducción del escudo social para combatir los efectos de la inflación y la crisis agravada por la guerra de Ucrania tiene además un alto contenido político en Moncloa. Será la carta de presentación del nuevo Gobierno, esta vez ya sin Podemos, y servirá de termómetro para los socios de la investidura, que estos días ya se han lanzado a anunciar sus propios acuerdos con el Ejecutivo.

Pero las mayores trabas, en este caso, se están poniendo desde dentro del Consejo de Ministros. En el entorno del Ministerio de Trabajo califican de "intensas" las últimas reuniones con el equipo de Hacienda, a quien acusan de querer recortar las iniciativas con un mayor coste fiscal en el último momento. En el punto de mira estarían, dicen, el impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas.

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"Ambos gravámenes aportan 3.000 millones anuales que se destinan a reforzar el Estado de bienestar. Nuestra intención es actualizar y revisar el impuesto energético para garantizar y ayudar que las empresas reinviertan sus beneficios para la transformación energética", detallan fuentes del Ministerio de Hacienda. "En el caso del impuesto a la banca", siguen, "en este momento no está prevista su modificación".

En cualquier caso, el nuevo real decreto ley deberá sí o sí aprobarse este miércoles para que entre en vigor el 1 de enero, que es cuando vence el plazo del actual escudo. Si no sale a mediodía del Consejo de Ministros (el último del año), todas las medidas decaerán automáticamente.

Esto incluiría también el alcance y la extensión de las ayudas al transporte público, gratis para todos los jóvenes y personas desempleadas, y que sigue siendo objeto de debate entre los equipos de PSOE y Sumar. Los socialistas quieren que se quede ahí, mientras que Yolanda Díaz aboga por una rebaja general de los precios apoyada por los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.

Hay que decir que todo parte de un mandato de Europa, quien ha reclamado al Gobierno la eliminación paulatina de todas las medidas para paliar la inflación. El plan presupuestario del Gobierno para 2024, enviado a Bruselas en octubre, contemplaba 1.440 millones de euros para la prórroga de alguna de estas medidas.

En su discurso de investidura, Pedro Sánchez ya anticipó mantendría la rebaja del IVA al 4% a todos los alimentos de primera necesidad (leche, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, el pan, los tubérculos o los cereales), así como la bajada del 10% al 5% para el aceite y la pasta.