Puigdemont acusa al PSOE de ocultarle el párrafo del decreto que "puede parar 2 años la ley de amnistía"

El partido independentista acusa al presidente de haber colado una reforma que "amenaza con parar dos años la amnistía". Y de haberlo hecho "a traición", suprimiendo esta parte del texto del borrador enviado a Waterloo antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Así lo expresan fuentes cercanas a Carles Puigdemont.

Junts exige ahora la tramitación del texto como proyecto de ley, para introducir enmiendas que eviten este efecto en la amnistía.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que ese texto "estaba desde mayo en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal" que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso. De ahí, afirman, "se sacó el texto del decreto que se circuló a todos los grupos, incluido Junts, por supuesto".

Otras fuentes del Consejo de Ministros admiten la "preocupación" en Moncloa y que se han hecho "intensas gestiones" para aplacar los ánimos en el partido independentista, cuyos siete votos son claves en la legislatura. Según estas informaciones, el asunto ya estaría "aclarado" con los de Puigdemont.

Así pues, las versiones son contradictorias. Pero el entorno del expresident fugado advierte de que si ya la confianza era "nula", motivo por el que el líder de Junts impuso a la fundación Henri Dunant como "verificador" del desarrollo de sus acuerdos con el PSOE, esta "nueva maniobra" viene a darles la razón.

Sospechan en la formación separatista que Sánchez introdujo el nuevo artículo 43 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil con la intención de que las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les atrapen durante toda la legislatura. Y además acusa al PSOE de haber suprimido esta reforma del borrador del decreto que revisó su equipo jurídico. 

En esta nueva legislatura, el Gobierno en precario del PSOE no sólo ha aceptado la "verificación" en Suiza de sus acuerdos políticos con Junts y con Esquerra. También ha acordado con Puigdemont y Oriol Junqueras someterse a la supervisión previa de cualquier decreto, antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

Este compromiso ha sido adquirido, asimismo, con el PNV y con Bildu. El objetivo es evitarse polémicas posteriores en el Congreso a la hora de convalidar los textos. O "mostrar respeto", como lo ha definido Aitor Esteban.

Lo que dice el decreto

El líder de Junts ya daba por sentado que, sin duda, "la derecha judicial" española presentará preguntas ante el TJUE sobre la adecuación de la Ley de Amnistía a las leyes comunitarias. Y que eso podría ralentizar el "alivio penal" en algunos casos.

Pero, por un lado, el entorno de Puigdemont asegura que "no había necesidad de legislar sobre derecho europeo" ya vigente, por su preeminencia sobre el español. Y por otro, considera que "el segundo párrafo de esa reforma es una trampa".

En ese decreto ómnibus, el departamento ahora de Félix Bolaños añadió una reforma que "puede parar hasta dos años la aplicación de la amnistía". Y las citadas fuentes de Junts aseguran que, además, se les "ocultó" precisamente ese párrafo cuando el PSOE envió el texto para su revisión en Waterloo antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

Dentro del texto legal se incluyen una miríada de medidas, bajo el título de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Una de ellas es el artículo 103.8, que introduce la referida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El nuevo artículo 43 bis, sobre la Cuestión prejudicial europea, prescribe en su párrafo primero que, "cuando un tribunal estime [...] necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión [...] acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución" del TJUE.

Y en el párrafo segundo, establece que "cuando se encuentre pendiente [...] una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional [el tribunal] podrá suspender motivadamente el procedimiento".

Las mismas fuentes aseguran que este último es el párrafo de la discordia. Según el entorno de Puigdemont, el problema estriba en que "ningún juez hace una sola pregunta al TJUE" cuando plantea una prejudicial. "Y menos en este caso, en el que ya han avisado de que harán lo posible por entorpecer la amnistía".

Según la interpretación del equipo jurídico del expresident fugado, "basta que Manuel García-Castellón incluya muchas más dudas en su consulta, más allá de la imputación por terrorismo en el caso Tsunami, para que decenas de jueces paralicen la amnistía... y el TJUE tarda, normalmente, entre año y medio y dos años en resolver".

"La trampa escondida"

Un colaborador de Puigdemont afirma, en conversación con este periódico, que o bien el responsable de la redacción de ese texto legal "no sabe de Derecho penal" o bien "sí que sabe, y lo ha hecho adrede".

Son dos las razones que esgrime esta fuente. Primero, porque el Código Civil es subsidiario cuando ningún otro aborda un tema. "Y, ahora, ¿un recurso a Europa va a provocar que alguien siga en prisión en España, o que tenga que permanecer en un exilio forzado?".

Segundo, porque "este decreto no se ha hecho de la noche a la mañana". Y, sin embargo, el párrafo clave se les "escondió".

Según el entorno de Puigdemont, su abogado personal, Gonzalo Boye, negoció "letra a letra" la proposición de Ley de Amnistía y ejerce un escrutinio exhaustivo sobre cada regulación nueva del Gobierno, para evitarse sustos. "Y le ha asegurado al president que esto no estaba" en el texto que él revisó. 

Además, expertos jurídicos consultados por este diario añaden que "esto no va a gustar en la Unión Europea". La doctrina de la UE es que, "sobre sus cosas", los Estados no legislen, "ni siquiera reproduciendo la norma europea". Se trata de evitar que una ulterior reforma legislativa en Bruselas se contradiga con esta trasposición "innecesaria", dado que el derecho de la UE prevalece sobre el nacional.

"La regulación que contiene este decreto es, en efecto, la del reglamento del TJUE, como no podría ser de otra manera", apunta un abogado del Estado. "Lo que era costumbre, ahora será ley: que no se aplica la norma hasta que decida el TJUE".

Por eso, dado que Sánchez habría hecho algo mal visto en la Unión Europea, y encima le ha añadido precisiones que inquietan a Junts, el partido que le dio los votos para la reelección está convencido de que ha habido voluntad de engañarlos.

10.000 millones de la UE

Tiene Sánchez la necesidad de gobernar por decreto. Se le acusa de afición a saltarse el Legislativo por esta vía. Pero liderando un Ejecutivo en minoría, y forzado a sacar normas tan polémicas como la de la amnistía, esta vía es la más efectiva para facilitar "la estabilidad" que tanto preconiza.

En el caso del Real Decreto 06/2023, además, tenía una grave urgencia: la reforma de la Justicia, paralizada en los dos años de Pilar Llop al frente del Ministerio, debía culminarse antes de fin de año o no llegarían los 10.000 millones del cuarto pago de fondos de recuperación desde Bruselas, cuya petición se demoraba ya desde junio.

El miércoles, Míriam Nogueras ya advirtió de que Junts votará no a la convalidación del decreto, añadiendo muchas más preocupaciones, además de la amnistía, y ya de tipo político, para su partido.

"Hay muchas deficiencias en ese decreto", insisten las fuentes de Waterloo, "que demuestran el empeño de Sánchez en controlar la Justicia y cercenar derechos a la ciudadanía". 

Por eso también, Junts dice que aprovecharía la tramitación como proyecto de ley para enmendar muchos más aspectos que le preocupan de un texto "aprobado sólo para que Bruselas lo vea y entregue el dinero".

Fuentes del Consejo de Ministros admiten lo de los fondos... pero, nuevamente, las versiones son contradictorias. El Gobierno asegura que no hay conflicto con el TJUE, y que los nuevos párrafos que han alarmado a Junts "se han incluido en el decreto porque es un compromiso con la UE para el desembolso de los 10.000 millones, y nos piden trasladar a la legislación española la jurisprudencia europea".