Moncloa llama a Junts y PNV para intentar salvar su decreto: "No es cierto que paralice la amnistía"

Sin los votos de Junts y PNV, la convalidación no puede salir adelante. A tenor de las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, emisarios de Moncloa se han puesto en contacto con una y otra formación para intentar que cambien de opinión y lograr su apoyo.

Entre otras cuestiones, el extenso decreto explicita que los procesos judiciales se paralizan si un juez consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la legalidad de una norma. Y Junts cree que esa alusión torpedea la aplicación de la futura Ley de Amnistía.

Se trata del artículo 43 bis, que es el relativo a las cuestiones prejudiciales, mediante el que los jueces españoles pueden realizar esas consultas al TJUE acerca de la validez de una ley. De esta forma, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluirlo. Junts ya ha advertido al PSOE de que la legislatura peligra si estos renglones del decreto ómnibus acaban torpedeando la amnistía a los delitos vinculados al procés.

El PNV se opone a la misma medida, pero por motivos distintos. Es tradición que los nacionalistas vascos critiquen cualquier decreto que abarque tantas materias distintas. Sin embargo, a nadie se le escapa que esta toma de postura se encuadra en la alianza entre las derechas nacionalistas —Ortúzar y Puigdemont— sellada con una visita de los vascos a Waterloo.

Pero a lo largo de varias llamadas telefónicas, Moncloa ha trasladado a los independentistas catalanes que pueden estar tranquilos, que dicho artículo no supondrá un obstáculo —mejor dicho, que no supondrá un obstáculo extra— para este trato de favor que recibirán los condenados e investigados por defender el procés.

En realidad, los dos párrafos que tanto soliviantan a Junts no son, jurídicamente, muy novedosos. Y así lo ha subrayado el Gobierno en sus charlas con los posconvergentes. Únicamente ponen negro sobre blanco el comportamiento habitual de los jueces y tribunales españoles a la hora de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Hasta ahora, lo frecuente era que el procedimiento judicial se suspendiese a la espera de que la Justicia europea se pronunciase y avalase o no la norma en cuestión.

Esos dos párrafos son los siguientes: "El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso".

"Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento". El real decreto, de hecho, establece que dicha modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil no entrará en vigor hasta el próximo 20 de marzo.

Sí precisa, por ejemplo, este decreto ómnibus que la suspensión del procedimiento judicial "se acodará mediante auto motivado, previa audiencia por plazo de diez días a las partes y, en su caso, al Ministerio Fiscal".

Pese a todo ello, la secretaria general de Junts, Mìriam Nogueras, este sábado, ya avisó al PSOE de que la legislatura peligra si los dos párrafos anteriores entran en vigor y torpedean la amnistía.

En una entrevista concedida al periódico VilaWeb, Nogueras advirtió al Gobierno de que, de ser así, "lo único que le puede pasar es que deje de tener la mayoría que ahora necesita para seguir gobernando". "Son los primeros interesados en que todo esto funcione y salga bien. Habría que preguntarle a ellos", desafiaba al Partido Socialista. "Si nos engañan, dejan de tener siete votos que necesitan. Los que salen perdiendo también son ellos", indicaba el diario independentista VilaWeb.

El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado día 19. Aborda varias cuestiones y lo componen casi 300 páginas, que abordan diversos asuntos inconexos. El Partido Nacionalista Vasco tampoco es partidario de este batiburrillo temático y de esta técnica legislativa y este martes amagó con no apoyar su convalidación en la Cámara Baja. El PNV tiene cinco diputados. Se supone que los decretos, además, deben emplearse para cuestiones de especial urgencia.

Los independentistas catalanes, de hecho, pretenden que esta normativa se tramite como un proyecto de ley, de modo que pueda ser enmendada por los grupos parlamentarios.

En la entrevista en VilaWeb, Nogueras recordó que, tal y como publicó EL ESPAÑOL, el juez Manuel García-Castellón, el encargado de investigado el caso Tsunami Democràtic y quien imputó a Carles Puigdemont por terrorismo, se dirigirá al TJUE si la amnistía al procés entra en vigor. Sin embargo, el magistrado ha enviado dicha causa judicial al Tribunal Supremo, al afectar al expresidente catalán, que está aforado. 

"No puedes realizar un real decreto urgente en el que te dicen que nos jugamos 11.000 millones de euros de los fondos europeos e incluir algo que hasta el 20 de marzo no entra en vigor. ¡No es tan urgente! Y sí puede afectar a la ley de amnistía", exponía Nogueras en VilaWeb.

"Un juez puede pedir unas cuestiones prejudiciales en el TJUE si no está de acuerdo con la ley. Ya sabemos que al menos un juez lo llevará y, por tanto, se dilatará. Ha habido voluntad de negociar, pero no cambiarlo", reprochó al PSOE la líder de Junts en el Congreso, que no descarta, de hecho, que el PP, incluso, apoye el decreto si ello torpedea la amnistía.