Órdago de Junts al PSOE: exige un "blindaje expreso" de la amnistía o tumbará el macrodecreto

Los posconvergentes se quejan de que este decreto "pone en riesgo" la amnistía. Y sin sus votos en el Congreso, la aprobación del decreto decae. En realidad, lo que regula esta norma son relevantes aspectos de asuntos varios, como la labor del funcionariado o la recepción de fondos europeos. De hecho, sucede que en sus más de 300 folios no menciona ni una sola vez la la ley que amnistiará los delitos cometidos en defensa del procés.

¿Por qué cree, entonces, Junts que este decreto ómnibus pone en peligro la aplicación de la amnistía? Sencillamente, porque añade el artículo 43 bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Y este nuevo artículo explicita que las cuestiones prejudiciales paralizan —congelan— los procedimientos en los que los jueces españoles utilicen este mecanismo para consultar a la Justicia europea por el encaje legal de una norma.

¿Qué es una cuestión prejudicial? Si un magistrado duda de si la Ley de Amnistía u otra norma es compatible con el Derecho europeo, podrá dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y plantear este dilema. Hasta que el TJUE responda, el proceso judicial queda congelado a la espera del fallo. Y ello podría afectar a la situación procesal, por ejemplo, de uno de los principales líderes de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont. También, de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fugada en Suiza.

Si el decreto se aprueba y la reforma, finalmente, entra en vigor, el nuevo artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil explicitará que contra la decisión de un juez de consultar al TJUE "no cabe recurso alguno".

El decreto, a su vez, recoge que "cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio", la Justicia española, "si estima necesaria la decisión del TJUE para resolverlo, podrá suspender motivadamente el procedimiento". A fin de que tampoco este aspecto afecte a la futura Ley de Amnistía, los independentistas catalanes han exigido al Gobierno alguna fórmula que evite que esta reforma legal afecte a Puigdemont. Entre las opciones, que dicha suspensión no se aplique a los procesos penales.

Carles Puigdemont

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Manuel García-Castellón, quien imputó por terrorismo a Puigdemont en el llamado caso Tsunami Democrátic, planea elevar esta cuestión prejudicial a la Justicia europea. No obstante, ya ha mandado este caso judicial al Tribunal Supremo, al afectar al expresident, que está aforado.

Por todo ello, a lo largo de varias llamadas telefónicas, Moncloa trasladó a los independentistas catalanes que pueden estar tranquilos, que dicho artículo 43 bis no supondrá un obstáculo —mejor dicho, que no supondrá un obstáculo extra— para aplicar este trato de favor que recibirán los condenados e investigados por defender el procés.

Sucede que, en realidad, los dos párrafos que tanto soliviantan a Junts no son, jurídicamente, muy novedosos. Y así lo ha subrayado el Gobierno en sus charlas con los posconvergentes, a los que ha subrayado que el polémico artículo 43 bis no responde sino a las obligaciones de España para con la Unión Europea. 

"Es una transposición de la jurisprudencia del TJUE, incluida en la reforma de la Justicia que se planeó ya desde mayo. La reforma la exige la Comisión Europea para poder solicitar los 10.000 millones de euros de los Fondos de Recuperación", detallan fuentes del Gobierno a este diario, preguntado por su respuesta a los recelos de los independentistas catalanes. "Se lo hemos trasladado [a Junts] y el tema está aclarado con ellos", exponen las mismas fuentes.

Ahora bien, lejos de haber dado su brazo a torcer, el partido de Puigdemont no ha abandonado aún la idea de tumbar el decreto si no se tramita como un proyecto de ley y se enmienda a su gusto. E insisten en añadir un párrafo al artículo 43 bis que, de una forma u otra, blinde la amnistía.

Cuestión prejudicial

Pese a las amenazas de Junts, el decreto, en ese sentido, únicamente pone negro sobre blanco el comportamiento habitual de los jueces y tribunales españoles a la hora de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Hasta ahora, lo frecuente era que el procedimiento judicial se suspendiese a la espera de que la Justicia europea se pronunciase y avalase o no la norma en cuestión.

Los dos párrafos de la polémica son los siguientes: "El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso".

"Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento".

El real decreto, de hecho, establece que dicha modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil no entrará en vigor hasta el próximo 20 de marzo.

Sí precisa, por ejemplo, que la suspensión del procedimiento judicial "se acordará mediante auto motivado, previa audiencia por plazo de diez días a las partes y, en su caso, al Ministerio Fiscal".

Este sábado, la secretaria general de Junts, Mìriam Nogueras, ya avisaba al PSOE de que la legislatura peligra si los dos párrafos anteriores entran en vigor y ello torpedea la amnistía. Y, a fecha de hoy, pese a que Moncloa crea que ha apagado el fuego, los posconvergentes no han abandonado esta idea.

En una entrevista concedida al periódico VilaWeb, Nogueras advirtió al Gobierno de que, de ser así, "lo único que le puede pasar es que deje de tener la mayoría que ahora necesita para seguir gobernando".

El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado día 19. Aborda varias cuestiones y lo componen casi 300 páginas, que abordan diversos asuntos inconexos. El Partido Nacionalista Vasco tampoco es partidario de este batiburrillo temático y de esta técnica legislativa y este martes amagó con no apoyar su convalidación en la Cámara Baja. El PNV tiene cinco diputados. Se supone que los decretos, además, deben emplearse para cuestiones de especial urgencia.

Los independentistas catalanes, de hecho, pretenden que esta normativa se tramite como un proyecto de ley, de modo que pueda ser enmendada por los grupos parlamentarios.