El PSOE mantendrá los delitos contra instituciones pese a la proposición de ley de Sumar

De esta forma, los socialistas intentan aclarar su voto a favor de la admisión a trámite de una proposición de ley de Sumar que supondría derogar cinco delitos vigentes: ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público, las ofensas a España y a sus símbolos, el delito de injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, y las injurias al Gobierno y a sus instituciones.

En realidad, la votación del pasado 19 de diciembre es la tercera en la que los socialistas admiten una proposición de este tipo, porque ya lo hicieron en anteriores legislaturas y en esos casos bloquearon su tramitación hasta que se convocaron elecciones y decayeron esas iniciativas. Ahora podrían hacerlo de nuevo y enfriar el asunto si no hay el consenso suficiente para avanzar de forma pacífica.

(El PSOE denuncia hasta 6 delitos en la piñata, habla de "incitación al magnicidio" y culpa a Vox)

Fuentes socialistas explican que no comparten la pretensión de sus socios de Gobierno, que condicionan cualquier reforma a un "consenso amplio" y que la admisión a trámite sólo supone aceptar el debate sobre este asunto, más aún si lo pide uno de sus socios. Además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obliga a adaptar la legislación de España sobre los delitos de expresión.

Por ejemplo, el TEDH condenó a España en marzo de 2018 por la condena a prisión a dos independentistas catalanes por quemar una foto del rey. Ese tribunal señaló que esa conducta no es delito como dice el Código Penal, sino un ejercicio de libertad de expresión. Pese a esa sentencia no se ha ajustado la legislación en España.

En 2021, a raíz de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, el Gobierno de Sánchez anunció una revisión de los delitos vinculados a la libertad de expresión para precisar su definición y, sobre todo, para eliminar las penas de prisión.

El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, trabajo con su equipo para esa regulación pero, finalmente, el anuncio se metió en un cajón y nunca más se abordó. Ni siquiera está en programas electorales del PSOE o en sus pactos con Sumar y otros partidos.

Los socialistas admiten que se trata de un asunto muy complicado políticamente por la sensibilidad respecto al terrorismo y sus víctimas y con problemas de encaje institucional al afectar, por ejemplo, a la monarquía. Esos dos aspectos tienen un coste electoral evidente para el PSOE.

Por eso no está entre las prioridades legislativas del Gobierno en la legislatura que arranca.

Por todo ello, los socialistas consideran compatible su decisión de aceptar la tramitación de la proposición de ley con la interposición de denuncias contra Santiago Abascal y los convocantes de las manifestaciones en Ferraz por diferentes delitos. Según explican, el PSOE no está por eliminar la persecución de esas conductas.

Incluso, la denuncia tramitada este viernes supone ampliar la aplicación de delito de incitación al odio también a la protección de ideas políticas en este caso las del PSOE.