Hasta cinco veces han sido preguntados la ministra portavoz, Pilar Alegría, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, por la exigencia de Junts para sancionar a las empresas que salieron de Cataluña durante el proces independentista o para incentivar su regreso, a cambio de votar a favor de los decretos que se convalidan mañana en el Congreso.

Y cinco veces ambos ministros han repetido la frase preparada como argumentario para salir del paso a esa pregunta y refugiarse sin tener que rechazar la exigencia: "El Gobierno da la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas".

Pero en ninguna de esas respuestas, los miembros del Gobierno han rechazado expresamente la petición de Junts. De hecho, el propio acuerdo de investidura con el partido de Carles Puigdemont establece que "se favorecerá" la vuelta de esas empresas a Cataluña, sin establecer mecanismo alguno.

Uno de los problemas de esa petición de Junts, es que tiene la opinión en contra de la Generalitat, porque el Gobierno de Pere Aragonès entiende qiue eso en la práctica penalizaría a las empresas que se quedaron en Cataluña durante el proces, lo que supondría una injusticia clara.

(Junts exige multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña para apoyar los decretos del Gobierno)

En sus respuestas medidas, la ministra portavoz ha insistido en que siguen negociando con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante este miércoles los decretos, referidos a medidas contra la inflación y escudo social, reforma del subsidio del desempleo y medidas de conciliación y reforma de la Justicia según lo comprometido con Bruselas.

Alegría y fuentes de Moncloa han transmitido su confianza en que, finalmente, Junts acepte apoyar los decretos. Si lo hacen será a cambio de contrapartidas concretas. De hecho, fuentes de Moncloa interpretan que la petición expresa de Junts sobre las empresas catalanas es un buen síntoma de que tienen intención de pactar. "Estamos negociando y lo haremos hasta el último momento. Todas las opciones están abiertas", insisten.

Por el momento, el partido de Puigdemont se opone a la convalidación y si finalmente eso supusiera el rechazo del Congreso a las normas, Pedro Sánchez sufriría un duro revés político.

Formal y públicamente, el Gobierno ha seguido implorando apoyo al PP en esas votaciones, como ya les pidió en sendas llamadas telefónicas en los últimos días los ministros Félix Bolaños y Yolanda Díaz. Pero en privado, Moncloa da ya por perdido ese apoyo, de hecho, ni siquiera negocia con el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Por eso, Alegría se esforzó en explicar lo que supone para los ciudadanos que decaigan esos decretos, por ejemplo, por ayudas a los transportes, rebaja del IVA o llegada de fondos europeos, entre otras.