El precio de Junts para evitar la primera gran derrota de Pedro Sánchez en la primera votación tras su investidura ha sido la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña y la "publicación inmediata de las balanzas fiscales". Además, el blindaje de la amnistía, como ya anticipó este diario, y una reforma de la ley para favorecer el regreso de las empresas a Cataluña.

Así lo confirman fuentes del partido de Carles Puigdemont a este periódico. Aunque los acuerdos son puramente nominales, y no especifican las vías legales para cada uno de las medidas, el Gobierno ha logrado con estas promesas evitar la durísima derrota que habría supuesto ver decaer los tres primeros decretos de su nueva legislatura. 

Siempre según fuentes de Junts, la formación independentista ha arrancado, en concreto, la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se incluía como reforma en el decreto ómnibus, que finalmente ha salido convalidado este miércoles del Congreso.

Para los de Puigdemont, este nuevo artículo "ponía en peligro la amnistía". Sin embargo, el Gobierno alegaba que era una imposición de la Comisión Europea, dentro de las reformas de digitalización de la Justicia, para poder cobrar los 10.000 millones del cuarto desembolso de los Fondos Next Generation.

Los juristas consultados por este diario le quitaban la razón al partido separatista. Y el Gobierno, aceptando la eliminación de ese artículo, se la quita a sí mismo.

En ese mismo decreto, los posconvergentes han acordado con el PSOE que se multiplique por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de Justicia. Así, se pasará de 1,2 millones de euros a 6,2 millones. Ésta era otra de las principales quejas del partido, que alegaba que los decretos "agravaba la infrafinanciación de Cataluña" al traspasarle competencias sin partidas económicas adheridas.

Otra medida que ha negociado Junts durante esta maratoniana jornada es que el aceite pase a ser un alimento esencial con un IVA del 0%. Asimismo, "el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público", apuntan las fuentes de Junts, sin especificar si se refieren sólo a Cataluña o la medida se ampliará a toda España. Y finalmente, "se reconocen los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".

Los detalles

La portavoz de la formación independentista, Míriam Nogueras, ha mantenido varias reuniones con el ministro Félix Bolaños, la vicepresidenta María Jesús Montero y el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, a lo largo de una agónica jornada para el Ejecutivo. 

Junts ha decidido no participar en la votación telemática, con valor de abstención en los tres reales decretos que el Gobierno sometía a convalidación en la sesión plenaria extraordinaria del Congreso de este miércoles, celebrada en el senado por obras en el Palacio de las Cortes.

El partido de Puigdemont asegura haber logrado arrancar al Gobierno de Sánchez "un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes". Entre estas medidas destacan "la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat", mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución Española, a través de una ley orgánica específica para Cataluña.

La delegación de esta competencia "irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral", para que sean el Govern y el Parlament de Cataluña "quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades y realidad de nuestro país".

Otro de los puntos del acuerdo alcanzado es una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros que permita revertir el real decreto impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2017, "para que las empresas puedan volver a Cataluña".

Entonces, el Ejecutivo popular eliminó obstáculos para que una compañía cambiara su sede pudiera tomarse con menos obstáculos legales. Se trataba de facilitar el acogimiento a la seguridad jurídica del Estado fuera del territorio catalán en pleno procés independentista.

Las fuentes de Junts no especifican de qué manera se impulsará este cambio. El pasado lunes, Josep Rius, portavoz del partido, reclamaba que se arbitrara un sistema de "sanciones" a las compañías que no regresen su sede social (y, sobre todo, fiscal), además de "incentivos" a las que sí lo hagan.

La primera opción es inviable, como alegó el PSOE. No sólo por la ilegalidad de forzar por coerción a una empresa a ubicar su sede en determinada región. También porque la Unión Europea lo sancionaría, al ir en contra de uno de los principios fundamentales de los tratados, la libertad de movimiento (para empresas, mercancías, capitales y personas). 

La segunda es rechazada por el propio 'Govern' de la Generalitat. El Ejecutivo de Pere Aragonès se mostró reticente esta semana a "premiar" a las empresas que se fueron tras el referéndum ilegal independentista, y ahora regresen. Según fuentes de Esquerra, el partido que sustenta al Govern, esto crearía un "agravio" con las que sí se quedaron en el territorio, a pesar de las convulsiones del procés.

Finalmente, Junts ha demostrado tener más poder para cambiar las medidas fiscales del Gobierno que el mismo PP, la primera fuerza en el Congreso. Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha aceptado eliminar el IVA del aceite.

Y es que según Junts, "esta decisión es beneficiosa para todos, productores, consumidores y distribuidores", e incluso ayudará a no perder mercados de exportación. Sin embargo, la propuesta de los populares de aplicar ese IVA 0% a la carne, el pescado y las conservas no fue aceptada por el Ejecutivo.