Varios ministros han intentado minimizar este jueves los éxitos que Junts se ha atribuido en su negociación para facilitar que se aprobaran dos decretos del Gobierno, esenciales para que España reciba los próximos 10.000 millones de los fondos de la UE.
A cambio de la abstención de Junts, el PSOE aceptó traspasar a la Generalitat las competencias de inmigración, publicar los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales, reformar la Ley de Sociedades de Capital para que regresen a Cataluña las 9.000 empresas que huyeron tras el 1-O y blindar la ley de amnistía, según informó en un comunicado el partido de Puigdemont.
Respecto a esta última cuestión, el PSOE aceptó retirar de su decreto Ómnibus la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dejaba en suspenso la amnistía, si es recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE mediante una cuestión prejudicial.
Blindar la amnistía
Sin embargo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha garantizado este jueves que "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país", pues se trataba sólo de la trasposición de una legislación europea que ya es plenamente aplicable en España desde que fue aprobada por Bruselas.
Por tanto, ha confirmado Bolaños, ya que estos momentos cuando un juez se dirige a la Justicia europea para consultar cómo aplicar el derecho comunitario, el proceso en cuestión ya queda en suspenso, como marca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Supremo. Y así ocurrirá también con la ley de amnistía.
Inmigración
En cuanto al traspaso de las competencias de inmigración, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado este jueves que permitirá a la Generalitat controlar la concesión de permisos de residencia de extranjeros y flujos migratorios en Cataluña.
Pero tanto Bolaños como María Jesús Montero han evitado confirmar este extremo, alegando que es una cuestión que el PSOE debe negociar aún con el resto de grupos parlamentarios, pues la delegación de competencias debe efectuarse mediante una Ley Orgánica que requiere mayoría absoluta (176 votos) en el Congreso de los Diputados.
¿El Govern podrá decidir quién entra o sale en Cataluña, o sobre la expulsión de emigrantes? María Jesús Montero ha eludido responder a esta pregunta, en una entrevista al programa Al rojo vivo de La Sexta: "Nos estamos anticipando a cuestiones que todavía tenemos que diseñar y discutir con el resto de grupos", ha indicado al respecto, "es aventurado en este momento trasladar ninguna cuestión, nos quedan largos meses de discusión".
Será entonces cuando se aborden qué aspectos de la inmigración puede atender mejor la Generalitat, como "Administración que está más cerca de los ciudadanos". Y ha mencionado expresamente la integración de los inmigrantes "a través del dominio de la lengua" y el reparto de "menores no acompañados".
La vicepresidenta ha justificado la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat afirmando que Cataluña alberga a más del 20% de los inmigrantes extranjeros llegados a España. Y ha añadido que ninguna otra comunidad autónoma ha reclamado estas competencias porque se trata de una materia muy "compleja".
Respecto a las balanzas fiscales, Montero ha recordado que esta cuestión provoca una enorme "polémica" porque "no hay consenso sobre la metodología que se tiene que hacer para este tipo de análisis".
Balanzas fiscales
Por eso, ha dicho, el Gobierno se limitará a "poner los datos a disposición del conjunto de centros de investigación, Administraciones, centros de estudio y políticos (...) para que cada uno pueda sacar sus conclusiones".
María Jesús Montero ha asegurado que tras todas estas cesiones a Junts para aprobar dos decretos, su impresión personal es que "el Gobierno es más fuerte", pues ha demostrado que "tiene una capacidad infinita de diálogo" para "articular un proyecto compartido, un proyecto de España que se va abriendo el camino".
Transporte gratis
El Gobierno también ha rebajado el compromiso, anunciado por Junts, según el cual la Administración central asumirá íntegramente el coste de los descuentos y bonificaciones en el transporte público. Bolaños ha aclarado que no cambia nada: el Gobierno asumirá la bonificación del 30% anunciada, y cada comunidad autónoma podrá decidir si la complementa con sus propios recursos.
La vicepresidenta María Jesús MonteroMontero sí ha lamentado especialmente que Podemos tumbara en la votación el tercer decreto, que aludía a las medidas de conciliación familiar y mejora del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años.
"Entiendo el pesar de Yolanda Díaz", ha dicho Montero, porque "cuando se quitan derechos a los desempleados no hay nada que te pueda consolar".
Sin embargo, ha anunciado que el Gobierno negociará con la Comisión Europea para evitar que el traspiés en esta votación frene la llegada del desembolso de los fondos Next Generation.
"Lo volveremos a intentar", ha dicho la ministra de Hacienda, "tendremos que hablar con Bruselas para que la parte de los 10.000 millones que estaba vinculada a [la reforma de] ese subsidio podamos demorarla un poco".