La presencia de Bildu, ERC y Junts en Bilbao vincula la amnistía con la libertad de los presos de ETA

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordá, el exportavoz Joan Tardá y el vicepresidente de Junts, Josep Rius, han respaldado en Bilbao las reivindicaciones de la marcha, que piden poner fin a las "normas penitenciarias de excepción" y aplicar la legislación ordinaria a los 155 presos de ETA para acelerar su "salida a la calle".

También recalcan que el "conflicto vasco" nunca "debería haber salido de la política", en referencia velada al concepto de lawfare que Junts lleva meses defendiendo. Según esta tesis, el Estado habría mantenido una persecución jurídica contra los presos etarras y, por tanto, debería resarcírseles.

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Así lo defendió Junts, por ejemplo, para justificar que la Ley de Amnistía amparara a la expresidenta del Parlament Laura Borràs; al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; su director de oficina, Josep Lluís Alay; y al exconseller de Interior Miquel Buch. Todos ellos están acusados de delitos ajenos al procés y mantienen una relación muy cercana con el expresident.

Y precisamente el expresident de la Generalitat es uno de los firmantes del manifiesto, que asegura "que la política seguida por la Fiscalía y los tribunales, en concreto por la Audiencia Nacional, está todavía muy lejos de las finalidades que la política penitenciaria debe perseguir". Es la misma retórica que el lawfare.

En la misma línea, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha denunciado "a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario". Un apunte: la predecesora de Sare era la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía.

En este sentido, las cartas están boca arriba. Si la Ley de Amnistía termina por incluir entre sus beneficiarios a los terroristas de los CDR y Tsunami Democràtic, entre los que hay acusaciones de terrorismo pero también las endebles justificaciones del lawfare, la misma jurisdicción podría aplicarse a los etarras sin delitos de sangre. 

Ya el año pasado, cuando el Ministerio de Interior ordenó suspender la dispersión de los presos de ETA, distintas redes y asociaciones de presos alzaron la voz pidiendo "la llave de los candados" y, a fin de cuentas, una amnistía encubierta "a través de procedimientos legales". Incluso el propio manifiesto, titulado Llaves para la Resolución, recordaba enormemente al lenguaje de los independentistas catalanes.

El enlace de ETA

Sería un error asumir que la relación entre los distintos partidos en el curso del conflicto jurídico se ha iniciado este sábado. Ya durante las negociaciones entre los posconvergentes y el PSOE para cerrar la Ley de Amnistía, Junts y ERC recurrieron a antiguos colaboradores de ETA para asesorarles, desde abogados puntuales hasta fundaciones como Henri Dunant, uno de los "verificadores" en las reuniones que mantienen con los socialistas.

Uno de los puntos clave era, precisamente, la defensa legal de Tsunami Democràtic y de los 12 CDR procesados por terrorismo.

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De hecho, los mismos abogados asesores de los dos partidos, Iñigo Iruin y Gonzalo Boye, tuvieron un papel protagonista en la defensa y traslado de la vieja ETA a cárceles catalanas antes de que se ordenase el fin de la dispersión. Iruin, en particular, defendió a la banda terrorista en multitud de casos e incluso negoció la legalización de Batasuna con el Gobierno de Zapatero.

Por su parte, Boye defendió al etarra Josu Ternera en el pasado, es el principal asesor de Junts y el abogado personal de Carles Puigdemont. También fue condenado en los años 80 por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.