Junts propone que la Ley de Amnistía ampare todos los delitos de terrorismo y a quien sufrió 'lawfare'

Junts pretende que la futura Ley de Amnistía también beneficie a todos los encausados y condenados por delitos de terrorismo ligados al procés.

Por ello, el grupo parlamentario independentista ha registrado una enmienda, en ese sentido, a la proposición de ley registrada por el PSOE. El partido de Carles Puigdemont propone eliminar el párrafo que, hasta ahora, excluía de la amnistía a los castigados por terrorismo, cuando haya sido dictada una sentencia firme.

Precisamente, Puigdemont está investigado por un juez de la Audiencia Nacional por un supuesto delito de terrorismo, derivado de los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en 2019, como el asalto al Aeropuerto del Prat o los cortes de carreteras. Es el llamado caso Tsunami Democràtic, instruido por el magistrado Manuel García-Castellón.

Asimismo, otra enmienda presentada por Junts propone que la Ley de Amnistía ampare a quienes hayan sufrido lawfare; es decir, los efectos de supuestas causas judiciales mendaces que buscarían boicotear las aspiraciones políticas de ciertas personas o grupos.

Junts también propone incluir en la amnistía a los investigados por causas judiciales "atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".

Fuentes del PSOE relatan a EL ESPAÑOL que estas enmiendas no están negociadas con los socialistas.

Delitos de terrorismo

Para justificar la inclusión del terrorismo entre los delitos que debería amparar la Ley de Amnistía, Junts alude al "uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes".

Por ello, a juicio del partido de Puigdemont, "resulta del todo conveniente retirar de entre los delitos excluidos los actos así tipificados [como terrorismo], porque es una realidad que, nada más hacerse pública la Proposición de Ley de Amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento".

Una tercera enmienda presentada por Junts expone que, cuando entre en vigor la Ley de Amnistía, el juez que investigue los delitos la norma ampare deberá, "de inmediato", ordenar que decaigan las medidas cautelares "que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía".

Y explicita que, "en todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones".

Además, Junts plantea que las medidas cautelares decaigan cuando el procedimiento judicial se haya suspendido debido a que un juez haya preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del encaje de la Ley de Amnistía en el Derecho europeo.

Este mecanismo (llamado cuestión prejudicial) lo emplean los jueces que dudan de la legalidad de una norma. Por ello, plantean una pregunta al TJUE, que deberá responder sobre si la ley en cuestión encaja o no con el Derecho europeo. De forma habitual, el procedimiento queda en suspenso hasta que el Tribunal de Justicia de la UE responde. Ahora bien, este asunto causó un duro choque entre Junts y el Gobierno durante los últimos días. Los independentistas exigieron a Moncloa que se eliminase del llamado decreto ómnibus la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que explicitaba esta manera de funcionar.

Por otro lado, Junts propone que la Ley de Amnistía sí contemple la devolución de las cantidades abonadas en concepto de multa por los condenados por delitos vinculados al procés. La proposición de ley registrada en solitario por el PSOE, por contra, negaba taxativamente esta posibilidad.

A juicio de Junts, el ámbito temporal que cubrirá la Ley de Amnistía debe ampliarse desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la entrada en vigor de la misma. El texto firmado por el PSOE contemplaba un intervalo unos meses menor: situaba en el 1 de enero de 2012 el inicio de este intervalo.