La Asociación de vecinos del barrio barcelonés del Bon Pastor han logrado con sus firmas que la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) admita a trámite realizar una auditoría de los ocho años del gobierno de Ada Colau, tras la negativa del Ayuntamiento de Barcelona de atender dicha petición el pasado mes de diciembre.

La GAIP tiene ahora un plazo de dos meses para resolver la queja, aunque este plazo puede extenderse dos semanas adicionales en caso de solicitar informes externos.

Según informó Crónica Global, el organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña admite a trámite la solicitud vecinal y se dirige al Ayuntamiento de Barcelona que descartado el análisis completo de la cuestión que solicitan los más de 2.000 ciudadanos que han firmado la petición.

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Según ha explicado el consistorio que dirige Jaume Collboni, se trata de un examen "muy complejo" en elaboración o "reelaboración" pero la GAIP le ha solicitado la "remisión del expediente, de los antecedentes y un informe jurídico".

Asimismo, la petición también se dirige a la Agencia Catalana de Protección de Datos (ACPD) por si la auditoría afectase también a información privada.

En la solicitud a la GAIP, los vecinos solicitan toda la información relativa a compras, subvenciones, contratos, convenios, balance general, deuda, flujos de efectivo y estado de las variaciones del capital contable municipal durante los ocho años de Gobierno de Colau.

Los vecinos del Bon Pastor, alegaban que el consistorio de Colau adquirió propiedades en zonas exclusivas como la calle Balmes o el barrio de Gracia, creyendo que existían indicios de que fue un despilfarro de recursos públicos ya que algunas de las viviendas que se adquirieron costaron cerca de 600.000 euros, una tarifa mucho más elevada que el precio de los inmuebles de vivienda protegida en el mercado.

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No es la primera vez que esta asociación presenta una petición sobre la gestión de Ada Colau al frente de la ciudad de Barcelona ya que en octubre del pasado año pidió información al ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de Transparencia de la gestión entre junio de 2015 y junio de 2023.

En este documento, los demandantes solicitaron "un análisis económico, financiero y fiscal de las subvenciones directas concedidas, una revisión de los fondos públicos asignados para la defensa legal de los miembros del gobierno y una evaluación de la recaudación derivada de la tasa municipal de recogida de basura".

En aquella ocasión, el consistorio de Collboni aseguró que la extensión del informe solicitado "poseía un volumen insostenible" y por ello lo desestimó. 

La GAIP es un órgano especializado e independiente, elegido por el Parlamento de Cataluña, encargado de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública. La principal responsabilidad de la GAIP es atender reclamaciones de la ciudadanía contra resoluciones administrativas relativas a solicitudes de acceso a la información pública.