Parlamentarios vascos empiezan a visitar a presos etarras tras la protesta de Bilbao para excarcelarlos

Olarra Guridi cumple una condena acumulada de 30 años (el máximo legal) por asesinatos, atentados, tenencia de explosivos y depóssito de armas. Cumplirá las tres cuartas partes de esa condena en 2029.

A esa concentración asistieron líderes de Junts, ERC y BNG, socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tratan de presionar en favor de los presos de ETA en medio del debate de la próxima Ley de Amnistía, que va a exonerar a los independentistas catalanes de sus delitos.

En la manifestación, unas 20.000 personas reclamaron a las instituciones políticas y judiciales vascas que "diseñen y faciliten" el regreso a casa de los etarras. El acto contó con el apoyo en la distancia del prófugo Carles Puigdemont.

Según revelan a EL ESPAÑOL fuentes penitenciarias, el encuentro en la cárcel tuvo lugar el martes, y no descartan que estén produciéndose visitas similares en otros centros penitenciarios del País Vasco.

Olarra Guridi, histórico dirigente de la organización terrorista, es uno de los representantes del EPPK, el colectivo de reclusos de ETA, y todavía tiene cuentas pendientes con la Justicia.

El etarra está siendo investigado tras una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) que le señala a él y a otros de los principales jefes de ETA como ideólogos del asesinato de José María Pedrosa Urquiza en junio del año 2000.

Pedrosa Urquiza, concejal del PP en Durango (Vizcaya) recibió amenazas constantes para que abandonase el País Vasco. Murió de un disparo en la nuca en plena calle efectuado por un terrorista que lo abordó a cara descubierta.  

Además de esta visita a Olarra Guridi en prisión, fuentes penitenciarias aseguran a EL ESPAÑOL que en las últimas semanas, coincidiendo con los acuerdos entre el Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas, han aumentado los contactos en las presiones entre los propios miembros de ETA.

"Están buscando una vía para salir a la calle, en coherencia con algunos de los pasos que se están dando en favor de quienes delinquieron en el procés", advierten las mismas fuentes. Los políticos radicales independentistas vascos consideran que lo que subyace en Cataluña y el País Vasco es un "conflicto político".

En su lucha a favor de los terroristas presos de ETA, PNV y Bildu han conseguido acercarlos a prisiones cercanas, y ahora es el Gobierno vasco el que gestiona las prisiones, tras ceder Sánchez las competencias en esta materia.

Los abogados de ETA y sus aliados políticos van buscando los resquicios legales para mejorar cada día la situación penitenciaria de estos reos, a veces consiguiendo que les clasifiquen en tercer grado, el más laxo, o consiguiéndoles salidas ordinarias o extraordinarias. También solicitando actividades y talleres que mejoren su situación.

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Un ejemplo de los pasos que se van dando en la relajación de las medidas hacia los presos etarras se ha visto esta misma semana en la prisión de Zaballa. Según relatan a este periódico fuentes penitenciarias, un terrorista pidió salir de la cárcel para ver a un dentista, cuando este centro cuenta con un especialista contratado que ofrece ese servicio. "Son mecanismos para que disfruten de una situación penitenciaria más cómoda", señalan las fuentes consultadas.

Trato preferente

Desde que se consumó el traslado de los etarras a los centros penitenciarios del País Vasco los beneficios han sido constantes. En las tres cárceles vascas, los etarras son de los elegidos que pueden disfrutar de una celda individual.

Las fuentes aseguran que en los últimos cuatro años se ha sacado de los centros a presos comunes para hacer hueco a los etarras, que han ido entrando directamente a los módulos más laxos.

En ocasiones se ha permitido a los etarras elegir celda, siempre individual para ellos. Tienen a su disposición los trabajos más cómodos -el economato mejor que limpiar baños- por los que reciben sueldos de dinero público y, cuando se saltan las reglas, los informes para aplicar las posibles sanciones desaparecen misteriosamente, según denuncian las fuentes consultadas.

El Gobierno del País Vasco ha reiterado en varias ocasiones desde que asumió las competencias que todos los presos son y serán tratados por igual. Sin embargo, los testimonios de los funcionarios que comparten el día a día con los internos de ETA -independientes y de distintos sindicatos y con ideas políticas muy dispares- aseguran que sí hay trato de favor, forzando a límites hasta ahora inéditos el reglamento penitenciario.

Los etarras pasan los días que les quedan en prisión de una forma tranquila -muchos de ellos sin haberse arrepentido de sus crímenes- esperando a que llegue el ansiado tercer grado.

Las fuentes denuncian que este avance de grados se produce en muchas ocasiones sin que se hayan cumplido previamente las condiciones establecidas. Esto es algo en lo que sí ha reparado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya ha recurrido varios casos en los últimos años.

Según el último informe del colectivo de presos de ETA, hay 134 reclusos de la banda en las cárceles del País Vasco y Navarra, 8 en las de Francia, 17 huidos en el extranjero y 4 en Venezuela, Cuba y Cabo Verde.