El PP reprobará a Ribera en el Senado por sus palabras sobre el juez García-Castellón

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado "firme defensor" de la amnistía para los implicados en el procés porque cree en la "generosidad", la "convivencia" y la posibilidad de "volver a empezar" y porque la promueve el PSOE, que es garantía de que "no se va a romper" España.

Zapatero ha afirmado que España sí estuvo "a punto" de romperse en 2017 por el reto independentista catalán. Ahora, a través del "diálogo" y la "palabra", ha enfatizado, se llegará a otro momento "positivo" de la historia de España; anticipándose a cualquier crítica sobre esa ruptura, ha invocado la historia del PSOE "que ha sido la columna vertebral de la Constitución" desde 1978.

Se ha expresado el expresidente en términos muy entusiastas sobre la situación actual, hasta el punto de asegurar que "este es el mejor tiempo de España", sin "violencia política" ni corrupción en el Gobierno, y cuando "trabajan más españoles que nunca"; hasta ha bromeado con el pronóstico de que "hay muchas empresas que van a tener récord de beneficios, tanto que se quejan".

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de "vulneración persistente del Estado de Derecho".

Ha sostenido que el hecho de que siga haciendo de juez confirma que "el Estado español tiene problemas estructurales que no se arreglarán, porque son congénitos".

Así se ha pronunciado después de que el juez García Castellón haya insistido en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que le investiga por un presunto delito de terrorismo.

"Lo máximo que pueden hacer es conllevarlos (los problemas), que es un verbo que les funciona como comodín", ha añadido Puigdemont, que también ha criticado la existencia de la Audiencia Nacional, ya que cree que debería de estar disuelta.

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha reprochado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón su "obsesión política" y su intención de "incriminar al independentismo", y ha advertido que "no hay nada de terrorismo" en las movilizaciones y protestas del soberanismo catalán.

Según Vilalta, "hay casualidades que son muy sospechosas" en referencia al hecho de que se está debatiendo la ley de amnistía, por lo que "no es casual" que en paralelo al trámite parlamentario "este juez, con su obsesión política, quiera incriminar de terroristas a los independentistas" por ejercer "derechos fundamentales".

Para ella, lo que ocurrió en el año 2019 fue que tuvieron lugar "movilizaciones de muchísima gente que salió para criticar y protestar" por la sentencia del 'procés'. Vilalta ha querido dejar claro que el independentismo "es un movimiento democrático" que defiende poner las urnas para ejercer el derecho de autodeterminación.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces entiende que las manifestaciones de Ribera son "contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de derecho".

Así se han pronunciado esta tarde en un acuerdo unánime, donde consideran que es "imprescindible" reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, porque "persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descarta que el juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, tuviese una "pretendida motivación política" al imputar a Puigdemont el pasado 6 de noviembre, mientras se negociaba entre PSOE y Junts la Ley de Amnistía.

El grupo parlamentario popular ha anunciado este jueves que reprobará a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en el Pleno del Senado por sus declaraciones sobre el juez Manuel García-Castellón.

En un comunicado, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado de "extrema gravedad" que una vicepresidenta del Ejecutivo "diga en una entrevista que los jueces prevarican en su toma de decisiones" y ha pedido al Gobierno que "cese en su ataque" a los magistrados.

La fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) se ha mostrado este viernes "ofendida" por las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, denunciando que el caso Bateragune forma parte del 'lawfare' para "impedir que la violencia de ETA desapareciera", y ha defendido que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, puso en juego "todos los recursos del Estado" frente a ETA.

"No es que nos sorprendan las palabras de Otegi, sino que nos ofenden, como tienen que ofender a cualquiera que no haya olvidado y conserve el mínimo resorte moral", ha lamentado FAES, después de que Otegi denunciase este jueves que el 'caso Bateragune' forma parte del "lawfare" contra el independentismo vasco, y el intento del Estado de impedir que "la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país". Comparando además, esta estrategia con la "guerra sucia" contra los independentistas catalanes.

Desde la fundación que preside José María Aznar consideran que con estas palabras Otegi "aprovecha para difamar" contra las sentencias del Tribunal Supremo y para "acusar al Estado" de persecución política, entre otras cosas. "En una España donde los delincuentes redactan leyes y los nostálgicos del terror reescriben la memoria colectiva, no puede sorprender que un notorio terrorista y secuestrador se apunte al grotesco carnaval del mundo al revés", han reprochado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no "dé la cara" y "se esconda" tras las informaciones que apuntan a que el Gobierno de Rajoy usó a la Policía para investigar ilegalmente al fiscal jefe de Cataluña.

"Es un doble escándalo", ha sentenciado el ministro, primero, según ha dicho, porque durante el gobierno de Rajoy "se persiguiese a rivales políticos y fiscales" y segundo "por el atronador silencio de Feijóo, el que calla, otorga", ha añadido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este viernes que es "algo claro y evidente que el Gobierno de España manifiesta en todo momento un respeto inquebrantable hacia la independencia judicial y todas las resoluciones judiciales".

Posteriormente, Marlaska ha aludido al caso concreto de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El ministro ha recordado que la Fiscalía ha recurrido la decisión judicial y ha llamado a esperar a "la resolución de la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional", que "será absolutamente respetada".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que "es muy difícil, por no decir imposible", que esta legislatura dure cuatro años. En caso de que se aprueben los presupuestos, ha dicho que el Gobierno de PSOE y Sumar podría mantenerse durante la mitad del mandato, pero ha advertido de que "las tensiones entre unos y otros" pueden hacer caer las cuentas.

En declaraciones a ETB, Esteban ha explicado que en esta legislatura los grupos que apoyaron la investidura tienen que tener "la suficiente habilidad para poder adaptarse", y ha señalado que el Gobierno debe ser consciente de que tendría que "llevar al Parlamento, en cuanto a normativa, las menos cosas posibles y muy concretamente".

"Nosotros entendemos que en una coalición tan compleja no todo puede ser a tu gusto. No sé si otros grupos tienen eso interiorizado. Es muy difícil, por no decir imposible que esta legislatura dure cuatro años, las cosas como son", ha remarcado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado este viernes al juez Manuel García-Castellón de estar "alineado" totalmente "con las tesis del PP y Vox" y de tener "una obsesión con el independentismo catalán".



Aragonès ha denunciado "el uso de la justicia por parte de determinadas opciones políticas contra la libertad de expresión y contra la libertad de manifestación".



Ayer, García-Castellón rechazó un recurso de la Fiscalía y se reafirmó en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic. "Pensar que una manifestación, por masiva que sea, pueda ser considerada terrorismo es una aberración democrática y lo combatiremos en los procedimientos judiciales", ha indicado el president.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado que no conoce exactamente las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el juez García-Castellón, pero ha afirmado que "los jueces españoles actúan siempre con arreglo a derecho, sometidos al imperio de la ley, son independientes y realizan un gran trabajo".

"Puede ser que a veces no se compartan las decisiones de los jueces, pero para eso está el sistema de los recursos, pero desde luego a mí me van a encontrar siempre, por convicción, apoyando a los jueces españoles, apoyando la independencia de los jueces españoles que actúan siempre cumpliendo la legalidad", ha añadido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que la reducción de jornada, que comenzará a negociar con los agentes sociales la semana que viene, es una medida "esencialmente feminista" pero que servirá para "cambiar algunos roles de masculinidad".

Durante la clausura de una jornada de UGT, la ministra ha recordado que la reducción de jornada, hasta las 37,5 horas semanales en 2025 según el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, servirá para "elevar las rentas salariales".

Asimismo, ha señalado que va en el camino de "feminizar el trabajo", pero también de romper con un mercado laboral "con jornadas infinitas que provienen de una cultura del trabajo ligada a un determinado modelo de masculinidad, en el que los hombres también pierden".

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado investigar la denuncia presentada por el PSOE contra Vox y su presidente, Santiago Abascal, por su "clara incitación directa al odio y la discriminación" después de que el dirigente declarase al diario argentino 'Clarín' que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en un decreto, firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, fechado el pasado 10 de enero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este viernes que el Gobierno guarda un "respeto inquebrantable" hacia la independencia judicial y ha asegurado que respetará las resoluciones del juez Manuel García-Castellón, como hace con todas.

Marlaska se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los periodistas en Rabat tras reunirse con el ministro del Interior marroquí, Abdeluafi Laftit, al ser preguntado por la decisión del juez de imputar por terrorismo en el caso Tsunami al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Horas después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, haya cuestionado la "implicación política importante" de las decisiones del juez y los "momentos sensibles" en los que las toma, Marlaska ha insistido en que esas resoluciones no son firmes y están recurridas por la Fiscalía.

Cuando lo sean -ha recalcado el ministro del Interior- serán "absolutamente respetadas" por un Gobierno que tiene "un respeto inquebrantable hacia la independencia judicial y máximo a todas las resoluciones judiciales".

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha defendido este viernes que el Gobierno tiene "mucho respeto por el Poder Judicial", aunque ha añadido que "hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención", al ser preguntado por las manifestaciones realizadas por la vicepresidenta, Teresa Ribera, sobre el juez Manuel García-Castellón.



Puente ha insistido en que el Gobierno y el PSOE son "respetuosos con los jueces y esa es la única posición". Preguntado por las críticas de la oposición hacia Ribera por estas declaraciones, Puente ha recomendado al PP que "mire en su casa y luego la de enfrente", ya que "el otro día dijo que el Tribunal Constitucional no es un órgano imparcial".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que el Gobierno "respeta plenamente" la actuación judicial del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, después de las críticas de Teresa Ribera.

Planas ha sostenido que la actuación de un juez, "como la de cualquier miembro del Poder Judicial", está "sometida a reglas y procedimientos" que el Gobierno de España, ha insistido, "respeta plenamente".

En esta línea, ha manifestado que el procedimiento judicial es "reglado" y está basado "en la Constitución y en las leyes" y de ahí, ha añadido, "el pronunciamiento tanto de los jueces, como de los fiscales, como de todas las partes que intervienen en un procedimiento". "Por lo tanto, mi posición no puede ser sino la del respeto a la actuación judicial", ha zanjado el ministro.

El Gobierno afirma que "por supuesto" respetará la decisión final que adopte la Audiencia Nacional sobre el caso 'Tsunami', que investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont por un posible delito de terrorismo tras las críticas de Teresa Ribera al juez García-Castellón.

Según indican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. Afirman además que el Gobierno respeta "siempre" las decisiones judiciales "aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas".

"En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", señalan.

El Gobierno se defiende y asegura que el intervencionismo en el Poder Judicial en España lo practica el Partido Popular, con el "secuestro" del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años con el mandato caducado. "O el intento de "controlar la Sala Segunda del TS por detrás", como manifestaron en su día dirigentes del PP", añaden.

Finalmente, aseguran que el Gobierno defenderá a los jueces y magistrados "de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pide al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la "rectificación inmediata" de las declaraciones de Teresa Ribera sobre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al que ha criticado por su "implicación política" en la investigación por terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este viernes que "tratar a la Justicia" como si España fuera "una república bananera expulsa la inversión" y "mata la creación de puestos de trabajo" tras las declaraciones de Teresa Ribera. 

Lo mismo, a su parecer, sucede con la Ley de Amnistía. "Lo vemos en los titulares, lo vemos en las cifras. Tenemos que ser un país confiable y un país donde se le diga a la inversión, trae aquí tus puestos de trabajo, confía porque somos un país serio y no vamos a meter nuestras manos políticas en las empresas", ha subrayado.