"Nos pueden gustar más o menos algunas resoluciones judiciales, como a cualquier ciudadano, pero el respeto prevalece por encima de todo". Sin mucha contundencia, el Gobierno ha vuelto a marcar distancias con las palabras de la ministra Teresa Ribera, que deslizó este viernes que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón instrumentaliza la investigación judicial contra Puigdemont para torpedear la Ley de Amnistía.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha subrayado este sábado que el Ejecutivo "siempre es respetuoso" con el Poder Judicial. Así se ha pronunciado preguntada por la prensa al inicio de la convención que el PSOE celebra este fin de semana en A Coruña.
En el mismo acto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez de carrera, también puso distancia con las valoraciones de Rivera.
"Yo no opino de mis 5.500 compañeros de la Carrera judicial. Lo que siempre he dicho que los 5.500 jueces y juezas, sin nombre y apellido, lo que hacen es garantizar el Estado de derecho y eso es algo importante, como lo hacemos el resto de poderes del Estado. Todos los poderes del Estado, en el ámbito de sus competencias, somos sus garantes. Así que, a apoyarnos los distintos poderes del Estado en algo tan sencillo y a la vez tan importante, trabajando conjuntamente...", ha recalcado el titular de Interior, antiguo miembro, de hecho, de la Audiencia Nacional.
Pero las tibias palabras de Alegría y de Marlaska no han sido suficientes para aplacar las críticas del PP, que ha arremetido contra Ribera por sus ataques al juez García-Castellón. En una entrevista en Radio Nacional de España, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha equiparado a la ministra con el abertzale Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu.
"Las declaraciones de la señora Ribera demuestran que el PSOE vive una deriva sin precedentes. ¿Está Bolaños de acuerdo con ellas?", exponía en Twitter el perfil oficial del PP, criticando el mutismo del ministro de Justicia.
Las críticas y reproches a Ribera —y, por extensión, al Gobierno— no sólo provienen del PP. Sus declaraciones también provocaron que la principal asociación judicial de España, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), lamentase que una ministra "acuse veladamente [a García-Castellón] de prevaricar". "Resulta inaceptable este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tienen las más altas responsabilidades políticas", señaló la asociación en un comunicado.
Se da la circunstancia de que Bolaños se había reunido el pasado miércoles con María Jesús del Barco, presidenta de la APM, como inicio de una ronda de contactos con las asociaciones judiciales. Y el titular de Justicia se había comprometido con ella a "defender" la labor de los jueces "frente a cualquier cuestionamiento, vengan de donde vengan".
Acoso al juez
Desde el PSOE, desde el Gobierno, desde los partidos independentistas Junts y ERC, por boca del propio Carles Puigdemont... Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón fue señalado debido a su condición de instructor del caso Tsunami Democràtic. Es decir, por ser quien investiga, por un supuesto delito de terrorismo, al expresidente catalán y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.
El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón.
A primera hora de la mañana, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, deslizó en una entrevista en TVE que García-Castellón instrumentaliza la causa para torpedear la Ley de Amnistía. Esa norma que pretende beneficiar a Puigdemont y Rovira. Esa norma pactada por el PSOE con Junts (partido del expresident huido en Waterloo) y ERC (el de la líder fugada en Ginebra) como condición de los independentistas para seguir sosteniendo el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por boca de Ribera, se abría la veda contra el magistrado vallisoletano, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Se unía el ministro Óscar Puente, titular de Transportes, que destacaba la "sospechosa coincidencia temporal" de algunas decisiones del juez con determinados sucesos políticos.
La ministra Margarita Robles, titular de Defensa, que es magistrada, también salió al paso. Aclaró, sin mucho mayor entusiasmo, que los jueces "actúan siempre con arreglo a Derecho", como les exige la Ley.
Otro juez de carrera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió "la independencia" de los jueces españoles. Aunque, eso sí, recordó que la decisión de García-Castellón de imputar a Puigdemont por terrorismo está recurrida, por el fiscal, ante la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional", cuya decisión, que corrija o avale el criterio del instructor, "será absolutamente respetada".
Puigdemont y Tsunami
Ribera y Puente, aludieron, sin ser ninguno muy explícito, a la decisión del juez García-Castellón de imputar por terrorismo, el pasado 6 de noviembre, a Puigdemont y Rovira, a la vez que el PSOE y Junts ultimaban la Ley de Amnistía que ambos partidos pretenden que beneficie al expresident.
Ahora bien, este mismo viernes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —la instancia superior al magistrado—, que puede revocar sus decisiones o avalarlas, optó por esto último. Y, tal y como informó EL ESPAÑOL, tachó de "rechazables" las tesis que atribuyen al juez "una pretendida motivación política" a la hora de, entre otras decisiones, imputar a Puigdemont.
Respondía así, precisamente, a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán fugado en Bélgica.
Pero pese a este capote de la Sala, el señalamiento a García-Castellón fue una constante durante todo el viernes. Sobre todo, por parte de las cúpulas de Junts y ERC, los dos partidos independentistas que invistieron a Sánchez y consideran al juez el mayor peligro para la eficacia de la amnistía. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ya se había sumado a ello a primera hora de la mañana.
"García-Castellón salvó a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó la causa contra el Rey, nunca supo quién era M. Rajoy, ha abierto 20 causas contra Podemos y ha imputado por terrorismo a Marta Rovira por una manifestación. Pero no digas que trabaja para el PP, que le estás faltando el respeto a no sé quién", atacó Rufián.
Conviene recordar, no obstante, que la Sala de lo Penal avaló la decisión del juez que archivar el caso Kitchen para la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El juez, instructor del caso Púnica, también exoneró a Aguirre en esta causa. La Fiscalía Anticorrupción ni siquiera había acusado a la expresidenta madrileña y la Sala volvió a respaldar al magistrado en dicha decisión.
Estos ataques a García-Castellón se producen, además, después de que este jueves hubiese recalcado que los indicios que ha ido recabando sustentan la tesis de que los actos violentos impulsados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic —hechos por los que está imputado Puigdemont— deben ser considerados como actos terroristas. "Afianzan" y "consolidan" esta tesis, respondió el juez al fiscal, que es contrario a investigar por este delito a Rovira y al expresidente catalán.
Ley de Amnistía
Precisamente, la proposición de ley registrada en el Congreso por el PSOE el pasado noviembre contemplaba que la amnistía favorecezca a los investigados por terrorismo, siempre que no exista una sentencia condenatoria firme.
Ésa es la situación de Puigdemont, que está imputado por este delito en el caso Tsunami, pero aún no ha sido siquiera juzgado, si es que llega a serlo algún día. Junts, el partido del expresidente catalán, es más ambicioso y pretende que todos los actos de terrorismo puedan verse beneficiados, haya o no fallo judicial. Así lo exige en sus enmiendas a la proposición de ley en el Congreso.
Quien fue más lejos en sus ataques, sin sorpresa alguna, fue Carles Puigdemont. "España tiene problemas estructurales que no se arreglarán, porque son congénitos. La misma existencia de la Audiencia Nacional lo confirma, porque ya hace años que debería estar disuelta", escribió en su Twitter este viernes.
"El hecho de que personajes como García-Castellón y otros miembros de la trama puedan hacer de jueces y no hayan sido condenados por sus graves responsabilidades en la persistente vulneración del Estado de derecho, también", subió la apuesta el fugado en Waterloo.
"Nuestro objetivo en la lucha antirrepresiva no es, pues, sacar a España del pozo de descrédito democrático donde se ha metido ella sola, sino quitar de encima de nuestro pueblo tantas garras políticas, policiales y judiciales como sea posible", avanzó. La Ley de Amnistía, según tuiteó, sería el primer paso en este proceso.
La Sala de lo Penal no fue el único organismo que defendió la labor de García-Castellón. El instructor también recibió el aval, nada menos, que de una unanimidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Con el apoyo de todos sus miembros, la Comisión Permanente del CGPJ reprochó, a la vicepresidenta Ribera sus manifestaciones "contrarias a la lealtad institucional", a la independencia judicial y a la separación de poderes.
Apelando a la "moderación, a la prudencia y a la mesura", el Consejo afeó al Gobierno, en un duro comunicado, estas palabras de su vicepresidenta, que "merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional". "Merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos", reprochó el CGPJ.