El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que las autoridades españolas actuaron preservando el "interés superior del menor" al devolver a Marruecos a cientos de menores que habían llegado a Ceuta en la avalancha de inmigrantes en el verano de 2021, a pesar de que el Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal aquel procedimiento.
En declaraciones a la prensa antes de comparecer en el Congreso, Grande-Marlaska ha señalado que "respeta" la resolución del Supremo, como hace con todas las decisiones judiciales. Pero a continuación ha asegurado que se acordó la devolución de menores migrantes desde Ceuta atendiendo al interés de estos niños.
"Las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor", ha declarado el ministro a los periodistas.
Marlaska dice que protegió a los 'menas' pese a la condena del Supremo por su devolución a Marruecos
Pese al varapalo del Supremo a su gestión y a las expulsiones ilegales que su departamento perpetró en Ceuta en 2021, en su intervención ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska defendió que practica una "visión positiva de las migraciones por ser fuente de oportunidades", por lo que ha pedido a PP y Vox "no lanzar mensajes de miedo y de odio".
En 2021, tras la acogida en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, Marruecos dio la orden de lanzar a miles de personas contra la frontera de Ceuta en apenas 24 horas. En total, unas 10.000 personas accedieron a nado y a través del vallado en tan solo un día.
Junto con la tragedia de la valla de Melilla dos años después, ha sido la mayor crisis diplomática que se recuerda. Los datos se han mantenido muy elevados desde entonces.
Delincuencia
"No existe correlación entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular", ha subrayado el titular del Interior, que ha reconocido que 2023 se ha producido un incremento del 82% de las llegadas irregulares a España.
"Los datos están ahí, no los vamos a ocultar", ha dicho, aunque abriendo el foco a la situación en Europa: 55.000 migrantes llegaron a las costas españolas, especialmente Canarias, pero a Italia lo hicieron 160.000 migrantes.
Grande-Marlaska ha aludido a la "presión estructural en África por factores de carácter socio-económico" para explicar este aumento de llegada de migrantes de forma irregular. Pese a la sentencia del Supremo, Marlaska ha recalcado que respetar el interés del menor es un principio que "rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de los poderes del Estado", ha dicho en alusión a la operación de Ceuta reprobada por la Justicia.
En una sentencia conocida el viernes, el Tribunal Supremo establece que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal y que las autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros".
La resolución judicial señala que "el retorno de los menores no acompañados en situación ilegal en España no puede basarse únicamente en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 2007, sino que debe ajustarse también la legislación española en la materia, especialmente en lo atinente a las garantías procedimentales", ha concluido el tribunal.
Los magistrados han desestimado de este modo los recursos de la Delegación de Gobierno en Ceuta y del Gobierno de la ciudad autónoma, que alegaron que las devoluciones se acordaron en el marco de una "auténtica invasión". El Gobierno argumentó además que la operación se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado la tesis de la Fiscalía, que consideró que se vulneraron los derechos de integridad física y moral de los menores devueltos. Según el Supremo, los menores se vieron en un "serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico" cuando "la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales".
El ministro ha escuchado las críticas de la oposición a su gestión. La diputada por el Grupo Parlamentario Popular, Ana Belén Vázquez Blanco, ha acusado al titular de la cartera de Interior por el "aumento" de los delitos contra la libertad sexual, así como del número de "manadas". Vázquez ha explicado que de estos primeros se han registrado 19.013 en 2022, mientras que las "manadas" han pasado de 384 en el año 2017 a 632 en el 2022.
En la misma línea se ha mostrado el diputado por Vox, Ignacio Gil Lázaro, que ha destacado el "fracaso rotundo" del Gobierno "en el empeño de garantizar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres". En este sentido, ha apuntado que se han producido un total de 1.233 reducciones de condena hasta noviembre y 126 excarcelaciones, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, ha recalcado que el número de violaciones "ha crecido de forma exponencial". En este punto, ha señalado que en el periodo de 2017 a 2022 estas se han incrementado un 132% y las violaciones "en manada" un 87%, siendo, además, en este caso, la mitad de las víctimas menores de edad. Estos datos, junto con el de mujeres asesinadas por violencia de género (56 en 2023 y 1.239 desde 2003), ha indicado que ponen de relieve la "inutilidad" de las políticas preventivas del Gobierno.