El PSOE anuncia una ley contra la prostitución que no apoyan ni Junts, ni ERC ni Bildu, ni parte de Sumar

La nueva ministra de Igualdad va a abrir la caja de Pandora de la prostitución. Ana Redondo anunció este jueves que su grupo, el PSOE, va a presentar "próximamente" una proposición de ley contra la prostitución, que penalizará los burdeles y establecerá multas para quien pague a cambio de sexo. Sin embargo, la norma nace con dificultades para su tramitación, ya que los principales socios de los socialistas no la apoyan.

Formaciones como Junts, EH Bildu, PNV, ERC y parte de Sumar (principalmente Más País y los Comunes) son más partidarios de regular la prostitución, frente al abolicionismo al que Redondo quiere "encaminarse" con su proposición de ley. Esta situación deja a los socialistas solos: tendrán que buscar apoyo en los partidos de la derecha para sacar adelante la norma.

Redondo anunció este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso que el PSOE recuperará la iniciativa que presentó la pasada legislatura para combatir el proxenetismo. Ya entonces generó un fuerte debate y quedó paralizada por la falta de acuerdo.

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A pesar de ser una de las iniciativas más importantes para su Ministerio, fue llamativo que Redondo no hizo referencia a ella en su primera exposición. Sólo dijo que la iba a sacar adelante porque las diputadas de distintos grupos le preguntaron expresamente, después de que se conociera que el PSOE se había marcado este objetivo para la legislatura.

La ministra aseguró que es "el primer paso, no el definitivo, pero sí el primero para que la trata sea erradicada". "Como socialista", añadió, "el abolicionismo es un fin, un objetivo, y tenemos que encaminarnos hacia el abolicionismo. Creo sinceramente en el abolicionismo y sé que necesitamos sumar una mayoría amplia y tener un debate sosegado".

Es en ese "sumar una mayoría amplia" donde Redondo, y por extensión el PSOE, van a tener el problema. Si bien de entrada casi todos los grupos de la Cámara están en contra del proxenetismo —de los proxenetas que se lucran gracias a la explotación sexual—, este debate da paso al de la prostitución en su conjunto, con los partidos muy enrocados en posturas distintas.

Si bien las formaciones todavía no se han pronunciado al respecto, porque necesitan conocer el contenido de la proposición de ley antes de marcar su postura, fuentes del PSOE y del Ministerio de Igualdad reconocen que van a tener difícil labrar el apoyo de sus socios por las distintas sensibilidades que defienden. Además, apuntan a que se podrían repetir las mismas dinámicas que en la pasada legislatura.

El antecedente de 2022

El pasado verano, el PSOE llevó al Congreso una proposición de ley muy similar a la que ahora quiere impulsar Redondo. El objetivo era perseguir el proxenetismo y a los propietarios de los burdeles, además de multar a los que pagan por sexo. La mera toma en consideración de la norma, el primer trámite, provocó un debate muy encendido en el Hemiciclo, dividido entre regulacionistas y abolicionistas. Los socialistas iniciar la tramitación de su propuesta gracias al apoyo del PP.

El rechazo más frontar fue el de En Comú, que votó en contra de tramitar la norma por considerarla "paternalista". Los comunes votaron así a pesar de que Unidas Podemos, la coalición a la que pertenecían, acabó decantándose por el sí. Ahora, En Comú está integrado en Sumar y tiene cinco diputados, suficientes para hacer que una norma caiga en una legislatura como la actual, con los números tan ajustados.

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De hecho, un año antes, En Comú ya enmendó la ley del sólo sí es sí para que no se penalizara a quien ejerza el proxenetismo "no coactivo" (no violento) ni a quien se beneficie del alquiler de pisos para ejercer la prostitución. Este tipo de cuestiones son parte del núcleo de la ley que Ana Redondo quiere aprobar y es muy difícil que los socialistas consigan su apoyo.

El resto de grupos integrados en Sumar no tienen una postura clara respecto a la prostitución. En su programa electoral para el 23-J sólo mencionan la palabra prostitución una vez y es para decir que apuestan por consolidar un plan sociolaboral de inserción de las víctimas de trata.

Esta ambigüedad se debe a que hay, además de En Comú, otras formaciones dentro de Sumar, que también son regulacionistas. Es el caso de Más País. Esta situación llevó al PSOE y a Sumar a no incluir la abolición de la prostitución en el pacto del Gobierno de coalición, a pesar de ser uno de los principales reclamos de los socialistas en materia de feminismo.

Estos son sólo los problemas que el PSOE encontrará con su socio de coalición para encontrar apoyos. Pero hay más. Podemos, por su parte, tampoco tiene una postura demasiado clara, pero en la legislatura pasada, aunque aceptó la tramitación, pidió enmendar la ley contra el proxenetismo para que no se multe a los clientes, otra de las cosas que el PSOE sí quiere hacer.

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ERC directamente votó en contra de tramitar la ley contra el proxenetismo. EH Bildu, PNV y Junts se abstuvieron pidiendo que se distinga la trata de la prostitución ejercida libremente y criticaron el "feminismo punitivista". Los socialistas no parecen abiertos a aceptar esta premisa, pues consideran que así se podría estar legitimando determinadas formas de prostitución, cuando son radicalmente abolicionistas.

Este guirigay de posturas llevó a que la proposición de ley del PSOE quedara estancada y sin avances durante cinco meses, hasta que se disolvieron las Cortes al convocar las últimas elecciones. A pesar de ello, el Ministerio de Ana Redondo se ha vuelto a marcar como objetivo entrar en este laberinto de nuevo.