El PSOE está negociando con Junts, a esta hora del lunes, un último cambio en la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que se vota este martes en el Congreso.
Al ser esta la votación final y en pleno de la ley -antes de enviarla al Senado-, ya no hay opción para acuerdos transaccionales y al partido del presidente, Pedro Sánchez, sólo le quedan dos opciones: o bien aceptar que la ley amnistíe "todo el terrorismo" y también los delitos de traición, contra la paz y contra la independencia del Estado, o bien arriesgarse a que el partido de Carles Puigdemont vote en contra de la norma.
Junts considera su última "enmienda viva" como la "más importante" de todas las que registró hace ya un par de semanas. Y aunque fuentes del Consejo de Ministros confirmaron a este diario que "no se prevén más cambios", EL ESPAÑOL ha podido confirmar por fuentes de ambos partidos que Junts sigue en su posición y, sin embargo, el PSOE la ha cambiado.
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Ahora, un portavoz oficial de Ferraz admite que "hay tiempo" para seguir negociando con el partido del expresident fugado en Waterloo. Y aunque añade que, "de momento, no hay cambios sobre lo que salió de la Comisión de Justicia", el pasado 23 de enero, reconoce que puede haber acuerdo de aquí a la votación de este martes.
Junts presentó todas sus enmiendas de manera individual. A pesar de haber negociado con el PSOE, que quería una posición unitaria de todos los partidos implicados en la amnistía, los de Puigdemont decidieron bajarse de la firma a última hora "para tener más fuerza negociadora". Y presentaron las suyas propias, aunque finalmente apoyaron las transaccionales en comisión.
Forzar al PSOE
En todo caso, Junts mantuvo "viva" esta última, la "más importante". La enmienda es la única que mezclaba dos asuntos en sus propuestas de cambio: amnistiar todo el terrorismo y eliminar de las exclusiones los delitos de traición al Estado.
Lo hacía tachando el párrafo que, primero, excluía aquellos delitos con sentencia firme y, "de momento", excluye aquel sin "intención directa" de atentar "contra los derechos humanos". Y tachando también, la traición y los delitos "contra la paz y la independencia del Estado".
Con ello, la formación de derecha independentista no sólo dificultaba la negociación de una transaccional, sino que mantenía su posición de máximos.
ERC también proponía la eliminación de las menciones al terrorismo de la ley, pero su planteamiento era pragmático: "Nosotros no habíamos aceptado esto con el PSOE y queríamos que se tuviera que empezar de cero", apuntan fuentes de la formación de Oriol Junqueras.
Los republicanos, finalmente, quedaron satisfechos con lo pactado hace una semana. Pero ERC no se planteaba en ningún caso amnistiar la traición. Así que no había opción de negociar, de este modo, con los de Puigdemont. "Además, ellos siempre prefieren ir por libre", concluye este portavoz de Esquerra.
Junts también conseguía con esa enmienda doble forzar al PSOE a "tapar todos los agujeros" que, sostienen, quiere mantener el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Según denuncia el entorno de Puigdemont, los socialistas ni querían la amnistía ni la quieren más que para cosechar votos en el Congreso y sostenerse en Moncloa. Por eso, afirman, "maniobran para que la amnistía no sea completa" y para que Bolaños logre "congraciarse con la cúpula judicial del Estado".
Fuentes de Waterloo insisten en que su objetivo es, "desde siempre, que la ley cubra todos los casos y sea de aplicación inmediata". Sin duda, por esta vía lo podrían conseguir. Pero el Gobierno sabe que, de este modo, la norma no pasará, con toda probabilidad, el filtro de la Unión Europea.
Riesgo en Europa
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha asegurado recientemente que sigue "muy atento" de la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía, dado que mantiene sus "serias preocupaciones" sobre su adecuación al derecho europeo y su respeto al pilar fundamental de los tratados de la UE, el Estado de derecho.
Hay dos legislaciones comunitarias que puede invocar la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tumbar la norma:
La Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, que establece que los actos de terrorismo están considerados contrarios al artículo 2 del TUE, y su indulto o amnistía choca directamente con la defensa del Estado de derecho.
Y la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción -todavía en fase de aprobación- exige "prevenir y combatir con éxito la corrupción", en este caso, la malversación de fondos para el 1-O y la promoción internacional de la causa del independentismo catalán. Para la UE, perseguir la corrupción es una herramienta "esencial tanto para salvaguardar los valores de la UE y la eficacia de sus políticas".
Si la Comisión Europea considerara que la norma, una vez publicada en el BOE, transgrede alguno de estos puntos, denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y en dos años -la media de lo que suele tardar este organismo en resolver casos- nuestro país podría ser condenado por atentar contra los tratados de la Unión.
Hay otra vía, ya más política, que quedaría legitimada si Bruselas decide denunciar al Reino de España: el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho. Ésta es una herramienta en poder del Parlamento Europeo para iniciar un procedimiento de bloqueo en la recepción de los fondos europeos de un país sometido a investigación por transgresiones de la división de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley o las libertades públicas.
Ésta ha sido la vía por la que Hungría ha sido sancionada en estos años y se le han retenido los fondos de recuperación Next Generation EU. Y fuentes europarlamentarias confirman que España entrará en esta categoría "con toda probabilidad" cuando la ley se publique en el BOE. "Y más si se acepta esta enmienda de Junts" que pretende amnistiar delitos de terrorismo y de traición al Estado.
"Recuerda que esos delitos de traición no sólo van por la vía de los contactos con un alto funcionario del Gobierno de Suiza en el caso Tsunami", explica esta fuente de la Eurocámara, "sino por las conexiones rusas del procés".
Este mismo lunes, se ha conocido un auto del juez Aguirre, instructor del llamado caso Volhov que amplía seis meses más la investigación de las reuniones en el Palau de la Generalitat, la víspera de la declaración de independencia, entre Puigdemont con diplomáticos de Vladímir Putin, que habrían ofrecido dinero y soldados para ayudar en la secesión catalana de 2017 a cambio de "convertir a la Cataluña independiente en la Suiza de las criptomonedas".