El comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, pedirá en su papel de mediador entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del sistema de elección de sus miembros vayan de la mano, algo a lo que el PSOE siempre se ha negado.
Reynders ha convocado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al negociador del PP, Esteban González Pons, a una primera reunión en Bruselas el próximo miércoles 31 de enero por la tarde y espera un acuerdo antes del plazo máximo de 2 meses que él mismo ha planteado como límite.
¿Qué se puede esperar del encuentro del miércoles? "Lo que pedimos es la puesta en práctica de las recomendaciones del informe sobre el Estado de derecho. En nuestro informe, pedimos aplicar los estándares europeos en la composición de los Consejos Superiores de la Justicia. Y en España en particular no sólo recomponer el CGPJ sino también reformarlo", ha respondido Reynders.
En esta reforma, el comisario de Justicia reclama que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos directamente por los propios jueces y no por el Congreso y el Senado como ocurre ahora.
¿Cuál será el papel de Reynders en tanto que mediador? "En primer lugar, para que las cosas cambien, primero debe ser un proceso interno en España. Son las fuerzas políticas españolas las que deben moverse y buscar una mayoría suficiente que permita renovar el Consejo y entablar la reforma", ha señalado el comisario de Justicia.
"Lo que cambia aquí es que ahora hemos propuesto un diálogo estructurado que yo voy a dirigir en nombre de la Comisión. Y es la ocasión de comprobar si este diálogo con las autoridades españolas y las fuerzas políticas en España permite lograr una mejora de la situación", explica Reynders.
¿Será suficiente con dos meses para desbloquear la situación? "Espero que sea más corto", ha respondido. Reynders es candidato a la presidencia del Consejo de Europa y tendrá que dejar su cargo a finales de marzo si figura en la lista corta de aspirantes, por lo que su objetivo es que el acuerdo sobre el CGPJ se cierre antes.
El Ejecutivo comunitario todavía no ha decidido cómo va a ejercer su tarea de mediación entre el Gobierno y el PP. La prioridad para Bruselas es que las dos partes hayan aceptado sentarse en la misma mesa y su objetivo es pactar con Bolaños y González Pons una "hoja de ruta" que permita desembocar en un acuerdo.
De momento, todavía no está claro si habrá más reuniones a tres después del miércoles o si serán el PP y el PSOE los que tendrán que retomar después el diálogo y presentar los resultados a Bruselas. "El objetivo es facilitar la discusión, que se hablen de verdad y quizá también proponer posibilidades, pero todavía no hay nada estructurado etapa por etapa", explican fuentes comunitarias.
La situación de bloqueo del CGPJ se aborda en la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebra este lunes en Bruselas, en la que se aborda la situación en España, Francia, Croacia e Italia como parte del diálogo anual sobre la situación del Estado de derecho en la UE.
A su llegada a la reunión, el nuevo secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha asegurado que el Gobierno acoge "positivamente" la mediación de Bruselas para desbloquear el CGPJ. "Ya había habido dos acuerdos en el pasado, tanto en 2018 como en 2022, para desbloquear esta situación. Finalmente la oposición no culminó estos acuerdos y vemos positivamente que ahora haya una oportunidad de hacerlo 5 años despues. Nunca es tarde si la dicha es buena", ha explicado.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, ha repetido este lunes que su intención es esperar a que la Ley de Amnistía se apruebe definitivamente antes de pronunciarse sobre su contenido.
"Entonces haremos lo que siempre hacemos: comparar la ley con las reglas europeas, con el Tratado y la legislación secundaria. Y después reaccionaremos, porque hay que hacer un análisis muy detallado", ha insistido Jourova.
Sampedro ha defendido la Ley de Amnistía alegando que "desde el punto de vista del Gobierno español es una manera de culminar una normalización política en las relaciones con Cataluña".