Rostros muy serios en la primera reunión con la Comisión Europea como mediadora para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha prolongado una hora y media. Su único resultado concreto es una nueva convocatoria para el próximo lunes 12 de febrero. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador del PP, Esteban González Pons, volverán a verse las caras en Bruselas en un diálogo que supervisa el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Tanto Bolaños como González Pons han considerado positiva la labor de Reynders en este primer encuentro. Y se han comprometido a mantener una discreción máxima sobre el contenido del diálogo: no revelarán los detalles hasta que no haya acuerdo. Las dos partes coinciden también en que se trata de la "última oportunidad" para alcanzar un pacto sobre la justicia.
"En esta reunión, ha habido un claro compromiso de todas las partes de trabajar juntos para garantizar la implementación de la recomendación de la Comisión" sobre el CGPJ, ha dicho el comisario de Justicia en un breve comunicado hecho público al término del encuentro.
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Para disipar cualquier equívoco, el comunicado recoge de forma textual la recomendación que Bruselas dirigió a España en su último informe sobe el Estado de derecho. "Proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e, inmediatamente después de la renovación, dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial".
Reynders siempre ha defendido que la renovación del CGPJ y la reforma del sistema de elección de sus miembros vayan de la mano, algo a lo que el PSOE se había negado hasta ahora. El Ejecutivo comunitario exige que al menos la mitad de los vocales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces, en lugar de por el Parlamento como ahora. "Les he recordado (a los negociadores) la posición de la Comisión desde hace mucho tiempo sobre esta cuestión y la importancia de entablar un diálogo constructivo", ha dicho el comisario de Justicia.
Bolaños, Pons y Reynders se verán otra vez el 12 de febrero
"Nos ponemos manos a la obra para intentar acordar la renovación del CGPJ. Esta vez tiene que ser la definitiva. Por nosotros, desde luego, no va a quedar", ha asegurado Bolaños al término del encuentro. "De la mano de la Comisión Europea tenemos esta oportunidad, que puede que sea la última oportunidad de recuperar esa normalidad que necesita el poder judicial", ha subrayado.
Ley de Amnistía
El ministro de Justicia sostiene que la Ley de Amnistía no debe ser un impedimento para alcanzar un compromiso. "Para cumplir la ley, para cumplir la Constitución, para renovar el Consejo, para llegar a un acuerdo no hay ningún obstáculo. Todo es que las partes tengamos la voluntad de llegar a un acuerdo", ha alegado.
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En contraste, González Pons sí cree que la Ley de Amnistía y los ataques a los jueces de los socios del Gobierno dificultan el diálogo. "La Ley de Amnistía está suponiendo una deslegitimación por parte del Gobierno del poder judicial. ¿Eso influye? Sí, eso influye en las conversaciones que vamos a mantener. Somos pesimistas, pero también ambiciosos" a la hora de buscar un acuerdo.
"Va a ser un diálogo amplio, que si se resuelve favorablemente, se resolverán más cosas además de la renovación del Consejo", sostiene el negociador popular. ¿Tiene suficientes garantías el PP de que se va a cambiar también el sistema de elección? "Va a haber una siguiente reunión, por lo tanto hay suficientes garantías como para aguantar esta conversación como mínimo una semana más, de una manera constructiva", dice González Pons.
La iniciativa de pedir la mediación del Ejecutivo comunitario y de Reynders partió del líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo se lo propuso a Pedro Sánchez en la última reunión que ambos mantuvieron en el Congreso el pasado 22 de diciembre. El presidente del Gobierno aceptó esta solución como medio para superar la enorme desconfianza mutua entre populares y socialistas.
La Comisión Europea ha tenido muchas dudas a la hora de supervisar el diálogo entre Bolaños y González Pons. Bruselas alega que la renovación y la reforma del CGPJ es en primer lugar una responsabilidad de las fuerzas políticas españolas y no de la UE. Además, no existen precedentes de una mediación del Ejecutivo comunitario en un asunto de política interna nacional.
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Al final, Reynders (con la aquiescencia de la presidenta Ursula von der Leyen) ha decidido implicarse para tratar de resolver un problema que está enquistado desde hace cinco años. A la Comisión le preocupa que la falta de renovación del CGPJ está afectando negativamente al trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial español en su conjunto.
Reynders es el candidato de Bélgica a la presidencia del Consejo de Europa y tendrá que dejar su cargo a finales de marzo si figura en la lista corta de aspirantes, por lo que su objetivo es que el acuerdo sobre el CGPJ se cierre antes. El plazo máximo que ha dado Bruselas a las partes es de dos meses.