Segundo intento. Este miércoles, Esteban González Pons y Félix Bolaños volverán a sentarse para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta vez, las conversaciones serán en Bruselas y con la Comisión Europea por testigo, como planteó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre.
Para el Partido Popular, la supervisión del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, es determinante. En Génova cunde la teoría de que el Gobierno se verá obligado a aceptar la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que los jueces elijan a los jueces. Así lo exige de antemano el vicesecretario de Institucional del PP.
Como avanzó EL ESPAÑOL, si Bolaños no acepta esta condición, directamente no habrá negociación. En línea con la reforma judicial, González Pons aprovechará la mediación europea para trasladar al titular de Presidencia y Justicia otra serie de cuestiones de calado, como blindar el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado de las injerencias políticas.
En Génova reiteran que las conversaciones con el Gobierno vuelven hoy a la casilla de salida y que todo lo que se negoció hace año y medio, cuando saltó por los aires el pacto por la sedición, es papel mojado. No obstante, algunos de los puntos que entonces consensuaron las dos partes siguen vigentes a efectos del PP. Especialmente, los relativos a la independencia de las instituciones.
Con el comodín de Reynders, siempre proclive a reforzar el "Estado de derecho" en España y garantizar una mayor autonomía para la Justicia, Pons volverá a reclamar a Bolaños una regulación de las llamadas "puertas giratorias".
Una de las intenciones que tiene el PP es que los jueces y magistrados que sean nombrados para altos cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no puedan volver a su actividad judicial hasta transcurridos dos años desde que dejan el cargo.
También es prioritario para el principal partido de la oposición que los jueces o juristas que han desempeñado cargos vinculados con la política esperen cinco años antes de optar a una vacante en el CGPJ. Se trata de un esquema que González Pons solicitará replicar también en la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional.
Optimismo en el PP
En la última renovación del órgano de garantías, en noviembre de 2022, Sánchez designó como magistrados a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex directora general de Moncloa, Laura Díez. Un caso idéntico al nombramiento de Dolores Delgado, titular de Justicia en el primer Gobierno de Sánchez, como Fiscal General del Estado. Los populares zanjan que estos episodios "no se pueden volver a repetir".
En el entorno de Alberto Núñez Feijóo cunde el optimismo sobre el encuentro de este miércoles. Según defienden fuentes de la cúpula popular, ya es un logro que hayan conseguido llevar la negociación hasta Bruselas. A partir de ahí, aseguran que sólo cabe esperar que Reynders reme a su favor y que el Gobierno, en este contexto, acabe torciendo el brazo.
La mayoría de dirigentes del PP consultados por este periódico se muestran a favor de acometer la renovación del CGPJ, que lleva cinco años en una situación de interinidad sin precedentes en democracia. Aunque, de la misma manera, todos ellos admiten que el margen para el entendimiento queda acotado a una serie de cambios que deriven en una mayor independencia judicial.
Con la Ley de Amnistía embarrando el debate político, los populares contemplan un únco escenario: que salga ganando el Poder Judicial, con una renovación de perfiles profesionales que no tengan el marchamo partidista y con un presidente de la institución consensuado por los nuevos vocales, sin atender a las peticiones de los políticos. Además de que, paralelamente, se empiece con la reforma para modificar el sistema de elección de los vocales.
En la cúpula popular enmarcan la cita de Pons y Bolaños de este miércoles no sólo en una negociación para renovar el CGPJ: "La reunión va del Estado de derecho en España". Por lo que el vicesecretario de Institucional pondrá encima de la mesa otros asuntos de actualidad en España: la medida de gracia a los responsables del procés y los recientes ataques del Gobierno y sus socios a los jueces.