El Partido Popular sabe que juega con ventaja en las reivindicaciones del campo. Y por eso, tras permanecer silente en la primera semana de protestas, ha terminado de elaborar su programa político a rebufo de la tractorada que colapsa España y promete un fin de semana de conflictos.

Este viernes los populares presentaron una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que, en líneas generales, es el programa electoral agrario con el que se presentará a las elecciones europeas del 9-J.

Aquí, ser oposición es otra ventaja, porque las protestas se dirigen -según los convocantes de la tractorada- contra las políticas "ineficaces y de ruina" del Gobierno, además de a la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las imposiciones "burocráticas y de fundamentalismo climático" de la Unión Europea.

Y finalmente, los populares saben que son el partido nacional más potente dentro del Partido Popular Europeo (PPE), el que ganará esas elecciones del 9-J.

Si la Política Agraria Común (PAC) es casi el 35% del presupuesto comunitario, el PP puede prometer con credibilidad que exigirá a las autoridades de la UE "flexibilizar la PAC". O lo que es lo mismo, eliminar trabas burocráticas y exigencias "que no se acomodan a la gran mayoría de las explotaciones agrarias que hay en España".

En declaraciones a este periódico, Cuca Gamarra denuncia que el Gobierno presta más atención a "proteger a Carles Puigdemont" en Bruselas que a defender a los agricultores y ganaderos españoles. "En el PP, sí les escuchamos y nos reunimos con ellos en todas las partes donde gobernamos, porque les apoyamos y no les dejamos solos".

Los de Alberto Núñez Feijóo habían permanecido silentes: sin subirse a los tractores como otros partidos que, desde la izquierda independentista (ERC) a la derecha extrema española (Vox), han tratado de capitalizar las protestas. Pero lo que no ha hecho el PP es quedarse de brazos cruzados.

El pasado lunes, fuentes de la dirección de Génova filtraban que "pronto" habría "novedades" por su parte. Y estas llegaron este viernes, en forma de esa PNL. Además, el mismo lunes, todos los consejeros del rural de las 11 Comunidades Autónomas gobernadas por el PP se habían reunido con la dirección nacional para coordinar políticas comunes e iniciativas políticas.

De momento, los gobiernos de La Rioja, Galicia, Murcia y Castilla y León ya se han reunido discretamente con representantes regionales de las Organizaciones Profesionales Agrícolas (OPA). En la Comunidad Valenciana y en Aragón prevén hacerlo en breve.

Este viernes, la secretaria general popular visitaba una explotación agraria en Arganda del Rey (Madrid) junto a la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín. Allí, Gamarra se reunió con un grupo de trabajadores del campo y, de regreso a Madrid, atendió a EL ESPAÑOL. 

"El Partido Popular siempre ha defendido y protegido a nuestros agricultores y ganaderos", afirma, "y tienen nuestra palabra de que vamos a seguir haciéndolo apoyándoles en sus justas reivindicaciones. Necesitan más ayudas y menos ataques".

Se refiere la número dos del PP a los reproches provenientes del Consejo de Ministros: "La ultraderecha quiere politizarlo y además hacerlo desde una posición antisistema, intentando impugnar el orden establecido e intentando sobre todo derrocar a Sánchez", dijo el jueves la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

El programa 

La exposición de motivos de la PNL del Partido Popular ya demuestra la vocación europea de las medidas que plantea al Congreso para que se le encarguen al Gobierno.

"El sector productor primario ha convocado movilizaciones a lo largo de toda Europa. El descontento es generalizado, por múltiples factores, desde la asfixia por la implantación de requisitos ambientales y burocráticos que dificultan su actividad, hasta la inseguridad jurídica, incremento de los costes y la indefensión ante la competencia desleal ejercida por producciones procedentes de otros países".

Esos requisitos ambientales son, por ejemplo, la obligación de reducir los pesticidas en un 50% que, esta misma semana, fue congelada por la Comisión Europea. La medida la anunció Ursula von der Leyen, que no sólo forma parte del PP Europeo, a través de la UDF alemana, sino que se perfila como su cabeza de lista el 9-J, aspirando a repetir como jefa del Ejecutivo de Bruselas.

Los burocráticos son, entre otras cosas, el llamado "cuaderno digital", que obliga a mantener un registro informatizado completo de cada explotación agraria en el territorio de la Unión Europea.

Fuentes del Gobierno gallego confiesan a este diario que llevan meses reclamando al Ministerio de Luis Planas que impulse una reforma de este requisito y de otro, como la presencia de un veterinario en cada granja: "En esta región, la inmensa mayoría de tierras son minifundios y pequeñas explotaciones... un trabajador del campo no puede sostener esas obligaciones, ni perder más tiempo en papeleos que en cuidar sus tierras o alimentar a sus animales".

Y la indefensión ante la competencia desleal tiene sentido respecto a terceros países. La medida suena mucho a la reivindicación que enarbolaban como bandera de movilización los tractoristas franceses al inicio de la revolución rural, pero lo cierto es que no opera en la UE.

Todos los Estados miembros se rigen por los mismos requisitos fitosanitarios. Sin embargo, los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión con otros territorios no cuentan, en todo los casos, con otra de las medidas que reclama el PP, las llamadas "cláusulas espejo". Es decir, que las naranjas marroquíes, por ejemplo, se sometan a los mismos controles y exigencias en la producción y transporte que las españolas.

Por eso, el PP pide "una revisión de los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales" en ellos, al tiempo que se relajan "con carácter urgente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos de Europa".

Respecto a la protesta gala, el PP incluye en su PNL un punto que trata de luchar contra esa "excepción agraria francesa" que ahora exige el Gobierno de Emmanuel Macron ante Bruselas, la primera gran idea de Gabriel Attal, su nuevo primer ministro. Los populares plantean a Moncloa que "exija el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes a los productos que han sufrido ataques en territorio francés".

El 'Informe de Ruralidad'

Otras medidas concretas a nivel europeo que comprende la proposición del PP son la implantación de un informe de impacto en la economía rural y en la producción de alimentos "en cualquier norma que se apruebe" por el Congreso o el Consejo de Ministros. En paralelismo con los informes de impacto de género que la ley obliga a incluir, por iniciativa del Gobierno de Sánchez, en toda iniciativa legislativa, los populares quieren este nuevo Informe de Ruralidad.

La flexibilización de la PAC la propone el PP con ideas concretas: consensuar criterios, reducción de trámites, revisión de ecorregímenes y aplazamiento del ya citado "cuaderno digital".

Por otro lado, de momento, los populares incluyen en la PNL la "rebaja del IVA de los productos esenciales, incluidos carne, pescado, conservas y de todos los lácteos y sus derivados". La idea, pensada para luchar contra los efectos de la inflación, explican las fuentes, también "aliviaría la presión en la cadena de valor del agro", facilitando mayores márgenes para los productores.

La Ley de Cadena Alimentaria también reclama el PP que se revise, junto al PERTE agroalimentario "para ajustarlo a las características del tejido de nuestro país". Finalmente, los populares quieren reformar las políticas de sanidad animal, y "todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad en la normativa nacional y no son consecuencia de ninguna exigencia europea".

Gamarra asegura que, con estas medidas, se garantizaría el futuro del campo español. Su partido, dice, reclama que esta batería de medidas sean "de ejecución inmediata" para combatir la crisis agraria, lo que supondría "pasar de las palabras a los hechos".

Si lo lograran todo esto -algo poco probable, dado el poco diálogo que hay con el Gobierno-, los populares creen que el éxito les haría parte de la campaña del 9-J. Y si no, el programa electoral ya tendría varias páginas redactadas.