El BNG plantea un impuesto especial contra las grandes empresas gallegas si llega a la Xunta

Galicia no tiene competencias sobre el Impuesto de Sociedades, pero el BNG ya sabe cómo sortear este problema si gana las elecciones del 18-F. Si alcanzan la Xunta el próximo domingo, los de Ana Pontón planean fijar un gravamen adicional para las bases imponibles que superen los 100 millones de euros al año; esto es, las grandes empresas con mayor facturación y márgenes de beneficio. 

El punto, en este caso, es que se trata de un impuesto teledirigido, ya que las compañías que cumplen ese requisito se pueden contar con los dedos de una mano. Y sobran dedos. En concreto, sólo hay cuatro empresas con sede social en Galicia que entren en la normativa que prepara el BNG: Inditex, Estrella Galicia (Hijos de Rivera SA), Abanca y Stellantis (antigua Citroën).

Sorprendentemente, el partido de Ana Pontón no mantiene un discurso beligerante contra las grandes corporaciones con sede en Galicia, las cuales considera "estratégicas para generar riqueza".

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No obstante, si la líder de la oposición conquista el Palacio de Monte Pío, residencia oficial del presidente de la Xunta, esta relación cambiará pronto. Antes de alcanzar la "plena soberanía" de Galicia, según reza el programa del partido, Pontón pide reformar el Estatuto de Autonomía para que la Xunta pueda asumir "todas las competencias esenciales", entre ellas la seguridad pública y tráfico, por ejemplo, y todas las regulaciones fiscales.

El Bloque Nacionalista Galego aspira a conseguir un modelo de financiación en el que Galicia tenga la "plena capacidad" para controlar su fiscalidad, instaurar una Hacienda gallega y un banco público exclusivo. Así, la idea de Pontón es que la Xunta controle directamente la Seguridad Social, las pensiones y la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Un pensionista gallego cobra de media 1.062 euros al mes, frente a los 1.537 euros del País Vasco. De hecho, la caja de las pensiones sólo registra superávit en Baleares (209,7 millones), Madrid (179,8 millones), Ceuta y Melilla (5 millones de euros).

Hasta que el BNG no consiga su propio modelo de financiación, Pontón también tiene un plan a corto plazo. Sobre todo, los nacionalistas abogan por un concierto con competencias plenas y cesiones parciales en el IRPF, IVA y los impuestos especiales. Todos pasarían a integrar el sistema de financiación autonómico y se tramitarían a través de la mencionada Hacienda gallega mediante una fórmula similar al concierto vasco.

Sobre el Impuesto de Patrimonio, Ana Pontón defiende suprimir las bonificaciones y bajar el mínimo exento (la cantidad más baja antes de que se aplique el impuesto) de los 700.000 euros actuales a 300.000, eso sí, sin incluir la vivienda actual. También crear nuevos tramos en la tarifa general del IRPF para subirlo a las rentas más altas. 

En paralelo, el BNG avanza la creación de un impuesto para grandes superficies comerciales y otro de carácter medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía. Son dos medidas que comparte con Sumar y Podemos.