ERC propone una amnistía total por fases: retocando la ley e indultando a los condenados por terrorismo

El partido de Oriol Junqueras ha planteado a los negociadores de Pedro Sánchez —que siguen negándose a aceptar las enmiendas de Junts para incluir el terrorismo y los delitos de traición en la amnistía— que la ley se quede tal como está, pero que el PSOE se comprometa a "tocarla o retocarla después" para ir incluyendo a todo el que se quede fuera.

Y si, finalmente, no se pueden evitar las condenas por terrorismo de los 12 CDR ya procesados, por ejemplo, que el Gobierno los indulte.

Así lo confirman fuentes de la negociación, durante el impasse que ha impuesto la campaña de las autonómicas gallegas. El Congreso permanece en silencio mientras, discretamente, las partes afrontan una negociación compleja.

La primera clave está en el caso Tsunami, de la Audiencia Nacional, y el caso Volhov, del Número 1 de Instrucción de Barcelona. En el primero, el magistrado Manuel García-Castellón investiga por terrorismo a Carles Puigdemont (Junts) y a Marta Rovira (ERC). En el segundo, el juez Joaquín Aguirre pretende imputar un delito de traición al expresident fugado en Waterloo, y a su entorno inmediato de colaboradores. 

La segunda clave es el caso de los CDR, también de García-Castellón. Éste ya está a la espera de vista oral después del escrito de acusación presentado por la Fiscalía el pasado noviembre, pidiendo penas de entre 8 y 27 años de prisión.

Y ahí encajaría la propuesta que lanzó este jueves el Carles Campuzano. El exconvergente y hoy conseller del Gobierno de Pere Aragonès (ERC), fue inmediatamente reprendido por Jordi Turull, dejando claro que su partido rechaza la propuesta. El secretario general de Junts lo acusó de que "está más cerca del PSOE que del independentismo".

Porque la formación de derecha independentista sigue encastillada en "blindar la ley" y no aceptar otras opciones.

De hecho, la única reunión de la que se ha tenido noticia de las varias que ha celebrado Félix Bolaños se desarrolló en esos términos, según fuentes de Junts. Míriam Nogueras insistió al ministro de Justicia, el pasado miércoles en Barcelona, en que "la ley tal como está no vale".

Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria, y Jordi Turull, secretario general, camino de la Ejecutiva de Junts. EP

La portavoz parlamentaria le aclaró que "o el PSOE cierra la vía del terrorismo o no habrá Ley de Amnistía". Un portavoz de Junts y un miembro de su dirección confirman a este periódico que, en contra de lo publicado este jueves, "no hay acuerdo, fueron los socialistas los que filtraron eso para presionar".

'Tregua' pero menos  

Tras el no de los siete diputados de Junts el pasado 30 de enero, todo encajó el 6 de febrero: se cumplió con el informe de los letrados, que desestimaba las alegaciones del PP y de Vox de que la norma había decaído. También con el cumplimiento del trámite de urgencia, que reduce de 30 a 15 días el tiempo de trabajo una vez rechazada la norma en primera votación del pleno. Y con las necesidades del PSOE, que temía que cualquier nueva cesión a Junts estallara en el tramo final de la campaña de las elecciones gallegas.

Así que la ley sigue en duda, pero viva. Las reuniones de Bolaños con Nogueras se tratan de mantener en secreto, porque la tregua sugerida por el PSOE fue aceptada por Junts, y se trata de "mantener la discreción" de las negociaciones, que "siguen en estos momentos".

Según fuentes de Junts, para lograr sus objetivos de una ley "integral e inmediata", convenía "no calentar las cosas" públicamente y que el PSOE no pague en Galicia este desgaste.

Y por eso también se han acallado las voces que, desde Moncloa o desde Ferraz, arremetían hasta hace 15 días contra el partido de derecha independentista por "tumbar la ley".

Nadie ha reprochado estos días a Puigdemont que haya "puesto en riesgo el futuro de cientos de personas" por su empeño en "salvarse él". Sólo el entorno de Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, rival por la hegemonía indepe y que culpa a Junts de "haber votado en contra de lo que ellos mismos pidieron que incluyera la ley".

ERC y PSOE, imaginativos

La cúpula de ERC sigue lamentando que Puigdemont metiera la Ley de Amnistía en lo más parecido a "un callejón sin salida". Porque, de regreso a la Comisión de Justicia, a la norma no se le pueden presentar nuevas enmiendas o distintas redacciones del polémico artículo 2, el de los delitos que la propia ley excluye de la amnistía.

"Sólo se pueden transaccionar las que siguen vivas", apunta un portavoz de los republicanos, "y el PSOE tiene razón en que no se puede ir más lejos" en lo del terrorismo y los delitos de traición "si queremos que la ley sea robusta" y pase los filtros jurídicos. 

Oriol Junqueras, presidente de ERC, atiende a la prensa a las puertas del Congreso, el pasado octubre, en Madrid. ADP

Por eso, Sánchez busca "soluciones imaginativas", como la que ha ofrecido ERC, recordando que "la Ley de Amnistía de 1977 fue retocada años después", concretamente en 1984, ya con el socialista Felipe González en el Gobierno, para "cubrir mejor las circunstancias".

Esquerra se ofreció para ayudar "en lo que nos pidan" hace ya una semana, según ha podido confirmar este diario. Fuentes republicanas insisten en que, para ellos, la norma ya es "suficientemente robusta" y cuenta con la "necesaria seguridad jurídica". Pero admiten que sus negociadores están "abiertos a cualquier mejora" en su texto o "complementos a la ley que vengan de retoques en otras leyes".

El PSOE ya gastó balas proponiendo "soluciones imaginativas" en los primeros días tras el rechazo de la ley en el pleno del Congreso.

La primera que puso el PSOE a circular fue la de reformar la definición de "terrorismo" en el Código Penal. Pero cuando sólo había aparecido en titulares de prensa, y antes de que le diera tiempo a ningún líder socialista a desarrollar los detalles, este periódico informó en exclusiva del rechazo de plano por parte de Junts.

La segunda consistía en modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), para recortar los tiempos de investigación a los tribunales. Se trataría de una contrarreforma, porque el PSOE revertiría un cambio que introdujo en la Lecrim para dar a los jueces independencia para decidir si la complejidad de una causa exige prórrogas en su instrucción.

Esta vez, sí dio tiempo, y fue el mismo Sánchez anunció esta posibilidad, el 5 de febrero en una entrevista en La Sexta. Junts celebra la idea, "porque si no se puede limitar la imaginación de los jueces del Estado español", explica una fuente del entorno de Waterloo, "al menos, sí que se les debe dar menos tiempo para desarrollarla". Pero ERC lo rechaza por poco democrático.

El plan del PSOE era que un juez no pueda prolongar una investigación sin el acuerdo del Ministerio Fiscal. Un diseño que, para ser mejor entendido, merece recuperar dos eventos del pasado.

Uno más cercano, del pasado septiembre: que en los pactos de investidura entre los socialistas y las formaciones independentistas se selló que la Fiscalía debería "colaborar" en "esta fase de la resolución del conflicto político". Y otro más lejano, de noviembre de 2019: la famosa pregunta retórica de Sánchez en otra entrevista, lo de "¿la Fiscalía, de quién depende?".

Claro, que entonces Sánchez trataba de explicar cómo pretendía cumplir otro compromiso, esta vez electoral. "Traer a Puigdemont a España" desde su refugio de Waterloo "para que sea juzgado". Justo lo contrario que busca ahora con la amnistía.

Pero, en todo caso, este plan también fue desechado, al percibir el nulo interés de Junts en aceptarlo como alternativa.

"Salida por la gatera"

De modo que, mientras Puigdemont siga enrocado en que ésa es la única salvaguarda que le vale para dar por "blindada" su impunidad por el 1-O, y regresar a España ("a Catalunya", corrigen las fuentes), a Sánchez no le queda otra vía que elegir entre Moncloa y la UE.

Es decir, o el PSOE acepta la enmienda "más importante" de Junts, a riesgo de que la Comisión Europea lleve al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o rompe definitivamente Puigdemont y pone en peligro la legislatura: sin la amnistía, los siete votos de Junts en el Congreso se le van (y con toda probabilidad, los de ERC).

Y sin esos votos, no hay legislatura.