No hay acuerdo entre PSOE y Junts acerca de la ley de amnistía. De ahí que los socialistas hayan pedido formalmente en el Congreso de los Diputados una ampliación del plazo para su tramitación. La fecha límite es este miércoles 21 de febrero.

Las fuentes parlamentarias consultadas por este diario hablan de "otros quince días más para negociar" una vez la Mesa –el órgano de control de la Carrera de San Jerónimo– acceda a la petición del PSOE. No habrá problema dado que la izquierda tiene la mayoría.

El penúltimo día del mes pasado, Carles Puigdemont tumbó la norma en el Parlamento. Sánchez y sus colaboradores negociaron hasta el último instante, pero Junts exigió que se incluyera en el texto el olvido de los delitos de terrorismo y de alta traición. Un extremo que el presidente del Gobierno no aceptó.

Fuera de micro, dirigentes socialistas explicaron entonces que si el PSOE hubiese cedido, la ley de amnistía, con los añadidos de Junts, habría tenido muchas posibilidades de ser rechazada tanto por el Tribunal Constitucional como por las autoridades europeas.

Fracasada esa votación, la norma volvió a la Comisión de Justicia, donde el PSOE tiene la oportunidad de retocarla para satisfacer a Puigdemont, que exige los dos supuestos mencionados debido a la investigación sobre los CDR –terrorismo– y la trama rusa –alta traición–.

Europa no puede permitirse que una ley de un estado miembro obvie delitos de alta traición, más y cuando lo que se investiga es la relación entre Puigdemont y los tentáculos del mayor enemigo de la UE en este momento: Vladimir Putin. Además, se hace difícil pensar que el Tribunal Constitucional pueda asumir una ley que perdona el terrorismo en general.

Pese a que distintos ministros a lo largo de la semana se han mostrado optimistas sobre el devenir de la amnistía, de manera paralela el PSOE ha registrado en el Congreso una petición de ampliación del plazo, de lo que puede deducirse que el acuerdo no existe.

Sánchez tiene el "sí" de los demás socios nacionalistas, pero Puigdemont se resiste. Esquerra Republicana, en connivencia con el Gobierno, está ejerciendo presión sobre Junts. El mensaje, más o menos, es este: "Si votáis que no, se quedarán sin amnistía miles de compañeros".

Porque ése es el principal riesgo que asume Puigdemont: sin ley de amnistía, Junts debería concurrir a las elecciones europeas y a las catalanas habiendo dejado sin perdón a muchos de los que integraron el movimiento independentista y vulneraron la ley en 2017... espoleados por los líderes de ERC y Junts.

Esta semana, Félix Bolaños viajó a Barcelona acompañado de Santos Cerdán para reunirse con Jordi Turull y Miriam Nogueras, secretario general de Junts y portavoz en el Congreso respectivamente.

Antes del encuentro, el ministro Bolaños concedió una entrevista a RAC1 para decir que la amnistía "no dejará fuera a nadie". Era un guiño claro a Puigdemont. Pero el expresident no se fía. No quiere palabras, sino retoques en la ley que, efectivamente, eviten que él y los CDR, entre otros, se queden fuera.

Si todo este maremágnum no se resuelve antes del 21 de febrero, la ley de amnistía habría muerto definitivamente. Salvo que el Congreso conceda ese plazo de ampliación solicitado por los socialistas.

En el Partido Popular ya han reaccionado a la noticia. Aseguran que, si el PSOE pide una ampliación del plazo, es para que sea el PSOE quien ceda, y no Junts: "Preparan el terreno para someter a los españoles a nuevas cesiones".