Junts vota en el Parlament por la "independencia unilateral" mientras pacta la amnistía con Sánchez

La votación a favor de los dos representantes de Junts para lograr que el Parlament debata y apruebe esta ley contrasta con la negociación que mantiene el partido de Carles Puigdemont con el PSOE de Pedro Sánchez para sacar adelante un pacto en la Ley de Amnistía en el Congreso. 

La citada ILP (de apenas cinco páginas y 10 artículos), impulsada por la formación extraparlamentaria Solidaritat Catalana per la Independència (SI), ha pasado el filtro del órgano de gobierno del Parlament, a pesar del informe en contra de los letrados de la Cámara. Lo ha hecho gracias a los votos favorables de Junts per Catalunya y de la CUP. Esquerra se ha abstenido y sólo los representantes del PSC han votado en contra.

La proposición se registró a principios de febrero y se ha llevado con urgencia a la Mesa, lo que la hace coincidir en el mismo día en el que el equivalente órgano del Congreso de los Diputados debía conceder una ampliación de plazo para las enmiendas a la proposición de Ley de Amnistía, solicitada por el PSOE.

Los socialistas tratan de sacar adelante una norma "integral" que comprometieron con Junts y con ERC para lograr la investidura de Sánchez, el pasado noviembre. Pero fuentes cercanas a Puigdemont han dado por "roto" el pacto en las últimas horas, como informaba en exclusiva EL ESPAÑOL este martes, acusando incluso al presidente del Gobierno de "insultar a la espalda" al expresident fugado en Waterloo.

"Reconciliación" o "crisis moral"

Junts exige al PSOE que negocie y pacte el "blindaje" de la ley que, en su exposición de motivos, preconiza la "convivencia" y la "reconciliación", para superar la "ruptura" sobrevenida en la relación de Cataluña con el resto de España.

Sin embargo, esta ILP por la independencia se basa en la unilateralidad, la "soberanía única" del pueblo catalán, e invoca "la legislación internacional" para proclamar que será "el Parlamento de Cataluña, como representante legítimo de esa soberanía" el que declare la independencia unilateralmente, invocando ejemplos como el de Kósovo.

La iniciativa se aleja de cualquier apuesta por el "reencuentro" estableciendo que "la pertenencia de Cataluña al Estado español ha llevado a la Nación catalana a una profunda crisis moral, cultural, económica, institucional y de identidad".

Y expone que "la independencia de Cataluña es la única alternativa viable para la continuidad del proyecto nacional catalán y para garantizar el bienestar de los catalanes y las catalanas".

Es más, añade desafiante que "delante de una España pétrea, decidida, como siempre, a uniformizar las naciones no españolas y asimilarlas [...] cualquier tentativa federal, de recuperación estatutaria, o de concierto económico, teniendo en cuenta la imposibilidad de reformar la Constitución, representa una fantasía irrealizable".

Por tanto, concluye que "sólo la independencia es alcanzable, porque sólo la independencia depende exclusivamente de la voluntad mayoritaria del pueblo catalán".

Llama la atención que Esquerra, el otro partido independentista con el que Junts se pelea por la hegemonía en el eje soberanista, se haya abstenido. Esa posición le dejaba las manos libres, porque permitía que se tramitara la norma en el Parlament, al tiempo que marcaba un perfil propio, de partido pragmático y negociador, con vías abiertas reales con el Gobierno español.

Tanto los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos como los de Vox en la Cámara autonómica advirtieron de que llevarían ante la Justicia a la Mesa del Parlament si acordaba la tramitación de la ILP, al considerarla "inconstitucional". Tanto el PP como el PSC han presentado sendas peticiones de reconsideración a la Mesa, para revertir la admisión a trámite. 

Antecedentes

Hasta ahora, el PSOE ha defendido su apuesta por la amnistía recordando que la "hoja de ruta" de Sánchez, desde su llegada al Gobierno en junio de 2018, ha sido siempre "el reencuentro entre catalanes y de los catalanes con el resto de España". Y que para eso hace falta "devolver a la política lo que se judicializó" por la responsabilidad de un Gobierno del PP que "no dialogó para resolver el conflicto político".

Por su parte, el partido de derecha independentista ha asegurado que, al contrario, la amnistía no acaba con nada, sino que es el inicio de una nueva etapa en el "conflicto político", para resolverlo por la vía de la autodeterminación. Aunque, en este caso, tratando de llegar a ejercer el supuesto "derecho a decidir" por la vía de la negociación, con un "referéndum pactado con el Estado".

En todo caso, los de Puigdemont siguen presionando a los socialistas para lograr la impunidad total a los delitos juzgados o en fase de investigación durante el procés independentista. Entre ellos, "todos los de terrorismo" incluidos en el sumario del llamado caso Tsunami, y cualquiera que sea considerado de traición al Estado, que se investigan en el llamado caso Volhov. 

El primer sumario lo instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Manuel García-Castellón, y tiene imputados por terrorismo tanto a Puigdemont como a Marta Rovira, secretaria general de ERC. Ambos líderes separatistas están huidos de la Justicia desde 2017 y 2018, respectivamente, para evitar responder de sus responsabilidades en el 1-O.

El segundo expediente judicial se lleva en el Juzgado Nº1 de Instrucción de Barcelona, por el juez Joaquín Aguirre, que en un reciente auto sugirió la imputación de Puigdemont por traición en la trama rusa del procés. En ese sumario está implicado otro dirigente de Esquerra, Rubén Wagensberg, recientemente huido a Suiza, y miembro (ausente) de la Mesa del Parlament que, este martes, aprobó la tramitación de la ley por la independencia unilateral.