La Fiscalía Europea investigará los contratos de Armengol con la trama de Koldo en Baleares

Concretamente, los fiscales indagarán por el uso de los Fondos de Desarrollo Regional (Feder) con los que la Consejería de Salud balear cofinanció, en mayo de 2020, la operación de compra de un millón de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, patrocinada por Koldo García Izaguirre, asesor personal del entonces ministro José Luis Ábalos.

La misma querella de la Fiscalía Anticorrupción ya anticipa que la operación a dedo del "Servicio de Salud de Illes Balears, ente público de carácter autónomo adscrito a la Consejería de Salud y Consumo" del Gobierno autonómico, que adjudicó "el 08/05/20 por un importe de 3.701.500 euros", un contrato para el suministro de mascarillas FPP2, debía ser elevado a las instancias judiciales comunitarias:

"Mediante decreto de 8 de junio de 2023, fueron remitidos a la Fiscalía Europea al afectar a fondos de la Unión Europea".

Pero es que, además, la Comisión de Ursula von der Leyen ha pedido a la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) que determine si se ha producido esa malversación de fondos europeos en el caso Koldo.

Bruselas asegura que está siguiendo muy de cerca este caso y que tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea. "La Comisión tiene cero tolerancia por el fraude", ha dicho a EL ESPAÑOL un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Tenía razón José Luis Ábalos cuando avisó al entorno de Pedro Sánchez de que él no quería ni podía servir de cortafuegos en el llamado caso Koldo. La actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ya está cercada por la Fiscalía Europea, que se hará cargo de una parte de la investigación de la trama presuntamente corrupta de la operación Delorme, la correspondiente a los contratos presuntamente fraudulentos del Gobierno balear que presidía la política socialista hasta el pasado verano.

"Irán a por Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Salvador Illa… esto no se acaba en Ábalos", apuntaba una fuente cercana al exministro, hoy un apestado en el Grupo Mixto para el PSOE. "Yo no tengo nada de qué defenderme", añadía él mismo en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Mi nombre no sale en la querella y ese ex jefe que pedía un favor no está identificado". Así que, por tanto, nada le apunta en la investigación judicial.

A pesar de ello, el PSOE le exigió su dimisión como diputado por "responsabilidades políticas". Y él se negó para "no darle carnaza a la derecha", en coherencia con su primer argumento. Ahora, su partido le ha suspendido de militancia.

"La Comisión ha enviado detalles de este caso a la OLAF para que realice una investigación más exhaustiva", ha señalado el portavoz. Esta oficina tiene como cometido investigar el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas. Aunque forma parte de la Comisión Europea, es operativamente independiente.

El Ejecutivo comunitario "está en estrecho contacto con la autoridad de gestión nacional [que en el caso de España es el Ministerio de Hacienda] para determinar si hay fondos de la UE involucrados. Seguimos la situación de cerca", ha relatado el portavoz.

"La Comisión tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la UE", ha concluido el portavoz.

"Competencia obligatoria"

Quien fue primero chófer y después hombre para todo del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE fue la persona que medió, según la investigación, para que el Ejecutivo autonómico de Armengol adjudicara un contrato de emergencia a una empresa sin actividad en los últimos tres años.

Además, Soluciones de Gestión SL, vinculada a Víctor de Aldama y controlada por Juan Carlos Cueto (también detenidos en la causa) constaba en el registro con un objeto social que no se correspondía con el sector de la importación de material sanitario ni se le conocía operación alguna con China, país del que provenían las mascarillas contratadas.

Finalmente, la compañía ni siquiera estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).

Fuentes de la Fiscalía Europea han eludido confirmar a este periódico si ya están investigando el caso Koldo, pero han resaltado que tienen la "competencia obligatoria" de investigar los delitos contra el presupuesto de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio. Así lo confirman otras fuentes europeas.

"Como regla general, la Fiscalía Europea no realiza comentarios sobre investigaciones en curso, ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando, para no poner en peligro eventuales investigaciones en curso y su resultado", explican fuentes de esta institución.

"Nuestra competencia es obligatoria, de forma que debemos comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que los hechos investigados quedan bajo nuestro ámbito competencial", asegura la Fiscalía Europea.

Baleares... ¿y Canarias?

La Fiscalía Europea, además, añade a su investigación el agravante de que el contrato adjudicado por indicación del entorno de Ábalos terminó por ser una estafa en toda regla.

Las mascarillas que proveyó la empresa de la trama corrupta, investigada por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción, "no cumplían con los requisitos comprometidos ni necesarios para su uso" en los servicios de Salud baleares, durante lo más duro de la pandemia y el confinamiento.

Asimismo, los fiscales de la Unión deberán esclarecer una de las informaciones que dio este diario en primicia al día siguiente del estallido del caso, la semana pasada. La Fiscalía de la UE determinará si hay figura delictiva en que el Gobierno de Armengol no reclamara nunca a la empresa el incumplimiento del contrato.

Y más aún, que incluso dejara pasar más de tres años hasta que pidió una indemnización por un material inservible que, de hecho, a día de hoy permanece almacenado en uno de los hospitales públicos baleares, por su inutilidad y, ahora, como prueba de cargo para la causa.

Armengol, actual tercera autoridad del Estado, sólo dio orden de reclamar el pasado 6 de julio de 2023. Es decir, el mismo día en el que el nuevo Parlamento surgido de las elecciones del 28-M de 2023 votaba la investidura de la nueva presidenta, la popular Marga Prohens.

Hay que recordar que, aunque la querella de Anticorrupción no lo ha hecho de momento, es de esperar la elevación a la Fiscalía Europea también de los contratos firmados por el Gobierno canario de la época.

También lo presidía un socialista, Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. También se firmaron, entre otros, con la empresa presuntamente corrupta recomendada por Koldo. Y también se cofinanciaron con fondos Feder de la Unión Europea.

Instituciones de la UE

Fuentes de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo consultadas por este diario confirman toda esta información. Y advierten de que, precisamente, se acaba de aprobar una nueva directiva anticorrupción en la Eurocámara, mucho más dura que la vigente.

Aunque la nueva legislación aún debe ser sometida a una última negociación en trílogos (Parlamento, Consejo y Comisión), y a pesar de que en una investigación penal no sería de aplicación a este caso, "esto sí demuestra lo puntillosa que es la UE cuando hay sospechas de que se ha robado dinero europeo".

Fuentes de la delegación Ciudadanos, integrada en el grupo de los liberales de Renew, remarcan la gravedad del caso. Adrián Vázquez, líder de Cs, ya se dirigió a la Comisión este lunes.

Desde el Partido Popular Europeo, el portavoz de Manfred Weber, su presidente, se hizo eco del "escándalo del Gobierno español por el enriquecimiento ilegal con la compra de mascarillas con dinero de los contribuyentes europeos".

Y su vicepresidenta en la Eurocámara, la española Dolors Montserrat, ha pedido a Bruselas que investigue si las personas implicadas en lo que ella llama caso Ábalos se beneficiaron de fondos europeos en "millonarias comisiones ilegales en la compra de material sanitario durante la pandemia".

En declaraciones a este periódico, la también exministra de Sanidad en los gobiernos de Mariano Rajoy pregunta a la Comisión si "ha abierto ya una investigación al respecto y pedido información" a las autoridades nacionales y autonómicas españolas.

A una semana de que se celebre el congreso del EPP, que debe ratificar a Von der Leyen como candidata a la reelección por la formación conservadora europea, el PP de Alberto Núñez Feijóo pide a su Comisión Europea que "condene que desde el Gobierno de España pudieran enriquecerse con dinero público de comisiones ilegales".