La orden de Canarias para comprar mascarillas a la trama de Koldo se camufló con un comité inexistente

Así lo denuncia el actual Ejecutivo de coalición, presidido por Fernando Clavijo. "Hemos buscado y no hemos encontrado ningún acuerdo del Consejo de Gobierno al respecto", afirman fuentes del actual Gobierno, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular. 

Desde su llegada al poder, tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, Clavijo dio orden de revisar la gestión que heredaba del Gobierno socialista de Torres, hoy ministro de Política Territorial. Y en los cajones localizó un dictamen de la Audiencia de Cuentas de Canarias que lo denuncia, negro sobre blanco.

"Cabe indicar que las comprobaciones llevadas a cabo han revelado que no existe acuerdo alguno del Consejo de Gobierno creando el citado Comité, a pesar de que en la página web del Gobierno de Canarias se anunció que había sido creado y que 'de facto' actuaba, 'como órgano de consulta y asesoramiento al Presidente'", advierte el informe, al que ha tenido acceso este periódico, en su folio 28.

El Gobierno de Torres había anunciado, en la semana posterior al Real Decreto del 14 de marzo por el que el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma, la creación de este comité de expertos. Entre las operaciones que avaló estarían los dos contratos de casi 10 millones de euros firmados por la Dirección General de Recursos Económicos (DGRREE) del SCS con la empresa Soluciones de Gestión SL, centro de la investigación del caso Koldo.

La compañía señalada por Koldo García Izaguirre no tenía experiencia en el campo, no estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas (ROLECE) ni había facturado un solo euro en los últimos tres años. Aun así, ya había contratado con el Ministerio del Interior y el de Transportes, gracias a las "relaciones políticas" del asesor de José Luis Ábalos, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

El entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, junto al expresidente canario Ángel Víctor Torres, en un acto del PSOE en La Palma. Miguel Calero Efe

En la semana del 16 de marzo de 2020, el Gobierno anunció la creación de este comité.

El 22 de abril, el Servicio Canario de Salud (SCS) formalizó un contrato con Soluciones de Gestión SL para la "adquisición de mascarillas protectoras FFP2 destinadas a los hospitales canarios", por valor de 4,775 millones de euros.

Apenas dos semanas después, el 4 de mayo, la trama presuntamente corrupta de Koldo García Izaguirre logró otra licitación de cinco millones de euros a cambio de dos millones de mascarillas KN95.

Ni "decisorio" ni "ejecutivo"

Fuentes de aquel Gobierno socialista de Torres, consultadas por este periódico, admiten que nunca se formalizó la creación de aquel comité. Pero insisten en que sí que existió, "y cumplió su función de asesorar al presidente".

Lo cierto es que el dictamen de la Audiencia de Cuentas critica que este ente, de haber existido realmente, se solapaba con otro de nombre muy parecido creado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 18 de noviembre de 2014: el "comité ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia sanitarias".

Y, éste sí, "como órgano colegiado de carácter decisorio y ejecutivo adscrito a la Consejería competente en materia de sanidad".

Además, según los documentos internos de aquel Gobierno del hoy ministro Torres, los asesores eran, en realidad, políticos y altos cargos de sus mismas consejerías: el director del SCS, Conrado Domínguez (implicado en el caso del Tito Berni), como coordinador.

Además de un secretario general técnico de Obras Públicas; el vicepresidente del Ejecutivo; los consejeros de Hacienda, Sanidad, Obras Públicas, Administración Pública; los viceconsejeros de Presidencia, Comunicación; y el director general de Patrimonio y Contratación.

Una semana después, se anunció la incorporación de "perfiles técnicos y científicos", tres catedráticos y un jefe de Ginecología.

"Hubo polémica interna sobre si deberíamos haber hecho un acuerdo formal para dotar al comité de capacidad de decisión, pero finalmente no se hizo", reconocen las fuentes cercanas al expresidente autonómico socialista. 

Pero eso quiere decir que el amparo legal a esas contrataciones desaparecía. Los contratos fueron irregulares por cuatro motivos distintos, como ya informó EL ESPAÑOL este lunes. Pero entre ellos, uno específico: porque se impulsaron desde la DGRREE del Servicio Canario de Salud, a pesar de no tener potestad para licitar más de dos millones de euros.

Según la ley de Presupuestos canaria, a partir de esa cantidad era obligatorio un acuerdo específico del Consejo de Gobierno. Y el dictamen de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) denuncia que tampoco constan registros de esos acuerdos y que la consejería de Sanidad se amparó en que la contratación se hizo "a propuesta de uno de los miembros Comité de Gestión de Emergencias Sanitaria de Canarias (vía mensaje de móvil)".

'Informe fantasma'

A pesar de las múltiples irregularidades detectadas, el dictamen de la ACC se convirtió en una especia de informe fantasma. Y es que nunca llegó al Tribunal de Cuentas. Sólo lo hizo una versión de borrador, enviada a mediados de abril de 2022 por el ponente, pero sin valor oficial.

El dictamen se cerró el 16 de mayo de 2022. Fue remitido el 1 de junio al pleno del organismo de control contable autonómico, cuya composición la designa el Parlamento de la Comunidad Autónoma, según las mayorías salidas de las elecciones:

"Tras deliberar, el Pleno acuerda, por mayoría, con el voto en contra del Sr. Presidente y del Sr. Consejero Auditor Don Fernando Figuereo Force, no aprobar el Informe de Fiscalización de los efectos de la Covid-19 en el presupuesto y la contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Así se puede leer en el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso este diario, firmada por el secretario general de la Audiencia, Juan Fuentes Fornell.

En ella, "triunfaron las presiones del PSOE para tapar sus responsabilidades contables y los posibles delitos", explican fuentes del actual Ejecutivo canario. "Eso es tanto como decir que el dictamen nos acusaba porque al ponente lo había nombrado y presionado el PP", alegan un colaborador de Torres.