En un momento en el que todas las miradas se fijan sobre José Luis Ábalos, el cerco del caso Koldo se estrecha sobre los gobiernos insulares del PSOE. Tanto la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compraron mascarillas fraudulentas a la trama y se han visto de alguna manera salpicados por ella. Nadie les ha acusado de momento, pero tampoco nadie se atreve a salir en su defensa.
El hecho de que Armengol y Torres fueran desalojados de sus gobiernos autonómicos tras las elecciones del 28-M tuvo dos desenlaces principales: el primero, su ascenso meteórico a la primera línea de la política nacional; y el segundo, que el PP tenga más sencillo amasar pruebas sobre la responsabilidad de cada uno en las adjudicaciones.
En las próximas semanas, ambos tendrán que rendir cuentas en dos comisiones de investigación (una en Baleares, otra en Canarias), seguirán tragando con la artillería de la oposición y se resignarán a que tanto el PP como Coalición Canaria se personen como acusaciones particulares en la investigación. Nada comprometido, a priori, salvo que las particularidades de sus contratos hacen sospechar a más de uno.
[Armengol ocultó a Prohens que Anticorrupción ya investigaba a su Gobierno por la estafa de Koldo]
Este mismo diario lo ha desvelado en varias exclusivas. En el caso de Canarias, el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres camufló sus licitaciones con comités fantasma, forzó contratos nulos según la Audiencia de Cuentas y evitó por todos los medios abrir comisiones que pudieran investigarlos. En total, más de 12,2 millones de euros divididos en cuatro contratos fraudulentos y once facturas.
Además, Torres conocía personalmente a Koldo García, ya que "tuvieron una relación institucional" durante los cuatro años que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Fomento, luego llamado Transportes.
Con Armengol, la cosa no acaba en sus 3,7 millones estafados, con sus 1,4 millones de mascarillas inservibles ni con los miles de cajas almacenadas en una nave que ni siquiera llegó a desembalar. Tampoco en sus seis días de silencio ante el estallido de la trama.
La Fiscalía ya le había echado el ojo a su gobierno por el contrato con la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión SL, pero la hoy presidenta del Congreso ocultó esta información a su sucesora, la popular Marga Prohens. No reclamó el dinero estafado hasta que perdió las elecciones, alteró el pliego para pagar las mascarillas con fondos UE cuando ya sabía que eran defectuosas y está a punto de ser investigada por la Justicia europea. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió su dimisión este miércoles.
"Si José Luis Ábalos tiene que entregar el acta, ella mucho más", declaró durante una entrevista en EsRadio. A pesar de los ataques continuos de la oposición, nadie había llegado tan lejos todavía sobre Armengol, quien ni siquiera aparece citada en la querella.
Donde sí aparece citada es en los papeles que maneja la Oficina Europea Antifraude (OLAF), cuyas alarmas llevan toda la semana sonando ante la posibilidad de que las compras de mascarillas defectuosas se hicieran con fondos europeos. Los documentos llevan en dependencias europeas casi un año, desde junio de 2023, cuando la Fiscalía Anticorrupción le envió los contratos de los gobiernos insulares. Todavía no ha recibido respuesta.