El Gobierno recupera la ley de trata: dará papeles y más derechos a víctimas de violencia sexual

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley integral contra la trata, una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular: no serán expulsadas del país, podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia, entre ellas el acceso al Ingreso Mínimo Vital. 

En rueda de prensa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado los ejes de esta norma, que quedó pendiente la pasada legislatura y que abordará todos los tipos de trata, desde la trata laboral y la sexual, a la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos. 

Es, ha recalcado Redondo, una "ley que no es punitivista" y que "está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas" para apoyar y "dar cobertura a las supervivivientes, especialmente las que están en situación irregular".

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Permisos de residencia y trabajo

Según ha explicado, la norma contempla una "autorización provisional con permisos de residencia y de trabajo en tanto se certifica la condición definitiva de víctima de trata", algo "importantísimo", ha valorado Redondo, para estas víctimas que viven con "miedo y angustia" y a las que se debe "proteger y acompañar en todo momento".

También garantiza que no se expulsará del país a víctimas que se encuentren "en situación de trata" y se les ofrece "toda una batería de ayudas y derechos" sin necesidad de denuncia: acceso al Ingreso Mínimo Vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y grupos de trato. Derechos que, según ha subrayado la ministra de Igualdad, se reconocen "con independencia" de que haya denuncia.

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Echa así a andar un anteproyecto que contará con "la colaboración de todas las asociaciones comprometidas" con la lucha frente a la trata y explotación de seres humanos y en el que se recabarán los informes de los órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

Además, en paralelo, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de "un grupo de trabajo" entre asociaciones que llevan tiempo trabajando con las víctimas de trata para que "puedan incorporarse a este debate" y auxiliar al Gobierno a "concretar mejor y ser más eficaces" en las medidas que necesitan.