Los barones del PP exigen dimisiones por el 'caso Koldo' y tachan de "inmoral" la amnistía

Los barones regionales del PP han firmado este sábado junto a Feijóo una declaración institucional en Córboda, en la que se comprometen a defender la igualdad de todos los españoles y muestran su voluntad de frenar la ley de amnistía "ante todas las instancias posibles".

También expresan su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, exigen dimisiones de todos los implicados en el caso Koldo y piden al Gobierno de Pedro Sánchez que no obstruya la investigación judicial y policial.

La Declaración de Córdoba dada a conocer esta tarde ha sido rubricada por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los máximos de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por este partido: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura), Marga Prohens (Baleares), Manuel Domínguez (Canarias), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Gonzalo Capellán (La Rioja), Fernando López Miras (Murcia), Alberto Gaitán (Ceuta) y Juan José Imbroda (Melilla). 

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"La democracia española atraviesa hoy uno de los momentos más graves de su historia", indican los líderes regionales del PP en este manifiesto, en el que advierten de que "la extrema debilidad del Partido Socialista, sometido por voluntad propia al chantaje de las fuerzas políticas independentistas, le ha llevado a consumar el mayor ataque a la igualdad entre españoles y al Estado de Derecho con la aprobación de una ley de impunidad que blinda el privilegio, la desigualdad y el olvido".

Los dirigentes del PP consideran que el proyecto de ley que tramita el Congreso de los Diputados "se cimenta en la mentira y en una transacción corrupta, que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos".

Feijóo y sus barones han suscrito esta declaración, después de que el PSOE pactara el miércoles con Junts y ERC el texto definitivo de la ley de amnistía, que incluirá todos los delitos de terrorismo (salvo los que hayan ocasionado graves violaciones de los derechos humanos), malversación (salvo cuando se haya producido un enriquecimiento ilícito) y alta traición (salvo si se ha producido con violencia).

El PSOE blinda así a Carles Puigdemont para que pueda regresar a España este verano, sin rendir cuentas ante la Justicia. El expresidente de la Generalitat ya ha advertido desde Waterloo que va a seguir apostando por la vía unilateral (por tanto, violando la Constitución) para conseguir la independencia de Cataluña.

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"El intento del Gobierno central, a través de la ley de amnistía, de desactivar uno de los poderes del Estado, en este caso el judicial, es un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático", señalan los dirigentes del PP en su declaración, "especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra hoy acorralado por una trama de corrupción que afecta a miembros del Gobierno del más alto nivel, a la tercera autoridad del Estado y a otras instituciones o altos cargos del Ejecutivo".

Por ello, el PP expresa su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, exige la dimisión de todos los implicados en el caso Koldo y pide al Gobierno de Pedro Sánchez que no "torpedee" la investigación.

Durante un acto celebrado este sábado en Bilbao, el presidente Pedro Sánchez ha presumido de haber "cortado de raíz" la corrupción del caso Koldo, tras enviar al exministro José Luis Ábalos el Grupo Mixto y destituir a un director general del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, los populares señalan la responsabilidad directa de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuyos gobiernos autonómicos (los de Baleares y Canarias) compraron mascarillas fake a la trama corrupta de Koldo. Al igual que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Un trato "desigual e inmoral"

Como representantes de las regiones que suman más del 70% de la población, los barones del PP exigen al presidente Pedro Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes, para que los gobiernos autonómicos puedan participar en las decisiones que afectan al conjunto de la nación.

El PP denuncia la desigualdad que provoca la amnistía para los delitos de los independentistas, pero también "la colección de cesiones unilaterales, reuniones a la carta con sus socios e incluso encuentros clandestinos fuera de la UE para negociar privilegios en nombre de todos los españoles. Manifestamos nuestro desprecio por este trato desigual e inmoral que crea ciudadanos de primera y de segunda".

"Más allá de la inmoralidad e ilegalidad" de la ley de amnistía, señala el PP en la Declaración de Córdoba, "su impulso ya ha derivado en la división de nuestro país en dos y en que el independentismo se sienta impune para reactivar su propósito de autodeterminación, tal y como manifiestan pública y reiteradamente. Condenamos que el socialismo facilite impertérrito todo ello".

Por último, los barones del PP reafirman su defensa del sistema autonómico y del modelo de Estado amparado por la Constitución de 1978, por considerar que sigue siendo "la mejor garantía de nuestra convivencia y prosperidad".

"Gobernamos para el 70% de la población y, en consonancia con esa responsabilidad, el Partido Popular nunca se va a desentender de los problemas que afectan a los españoles, vivan donde vivan", señala la declaración.