Crisis institucional: por primera vez en España, el Senado denunciará al Gobierno ante el TC

La semana pasada, el Partido Popular cumplió con su amenaza de mantener el veto a la senda de déficit en el Senado, que controla con mayoría absoluta. Por segunda vez, los populares dijeron "no" al plan de estabilidad del Ejecutivo (paso previo ineludible para aprobar los Presupuestos), que fue rechazado con 146 votos en contra frente a 115 a favor.

Tras este escollo, Moncloa ha decidido seguir adelante y, basándose en un informe de la Abogacía del Estado, arguye que no tiene por qué esperar a que haya una nueva senda de estabilidad en vigor para dar luz verde al proyecto presupuestario. Por lo que, tras aprobar el texto en el Consejo de Ministros, lo enviará de forma inmediata a la Cámara Baja. 

Todo apunta a que las cuentas públicas están al caer. El pasado miércoles, cerrado el acuerdo de la ley de amnistía, el Ministerio de Hacienda convocó a las CCAA a una reunión urgente para presentar los Presupuestos. 

Fuentes de la Cámara Alta consultadas por EL ESPAÑOL indican que la Ley de Estabilidad es clara: el proceso presupuestario fija que los objetivos de déficit del Estado deben ser validados por las dos Cámaras. De hecho, el Senado sólo tiene capacidad de veto en esta cuestión. 

[Sánchez cada vez más lejos de aprobar Presupuestos: el Senado tumbará esta semana la senda de déficit]

Al no haber unanimidad entre las dos Cámaras, circunstancia que nunca antes se había producido, Sánchez se encuentra en un callejón sin salida. El atajo se aventuraba sencillo: elaborar los presupuestos con la referencia de los últimos objetivos de déficit. Pero, en este caso, no es posible, porque los últimos objetivos datan de 2019 (en los ejercicios posteriores las reglas fiscales estuvieron suspendidas por la pandemia). 

Con estos mimbres, en el Senado reiteran: nada de Presupuestos sin senda de déficit. A lo que el Ministerio de Hacienda responde con un escrito de la Abogacía del Estado que viene a negar la mayor.

"La ley es la ley"

El departamento que dirige María Jesús Montero defiende que si los objetivos de déficit reciben dos veces el veto del Senado, el Consejo de Ministros tiene margen para aprobar los Presupuestos, porque los objetivos de déficit vigentes son los incorporados en el último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. 

La polémica está servida. Según ha podido saber este periódico, la Mesa del Senado que preside Pedro Rollán ya tiene un primer criterio de los letrados de la Cámara. Y no deja lugar a dudas. "Por mucho que haya un informe de la Abogacía del Estado, la ley es la ley, y todos están obligados a cumplirla", zanjan en las fuentes consultadas por este periódico. 

De momento, en el Senado están a la espera de que los Presupuestos aterricen en el Congreso. Será entonces cuando, primero, Rollán mande un requerimiento a Francina Armengol, en el que alertará de que la decisión de aceptar la tramitación del texto infiere en una "indebida asunción de atribuciones". 

Si el Gobierno, en el plazo de un mes desde que reciba la notificación, no rectifica en el sentido solicitado por el Senado y se niega a revocar la tramitación de los Presupuestos, el Senado planteará la resolución de conflictos en el Tribunal Constitucional, indicando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas. 

Varios senadores del Partido Popular consultados por EL ESPAÑOL aseguran que, pidiendo medidas cautelares en este proceso, el TC incluso podría paralizar la tramitación de los Presupuestos. En esta ocasión, en la bancada popular ven sobradas razones para plantear una ofensiva judicial contra la tramitación presupuestaria. 

Con la actual mayoría progresista del órgano, presidido por Cándido Conde-Pumpido, las expectativas de los senadores del PP con una resolución favorable para la Cámara Alta son más bien escasas. Pero no por ello, aseguran, cejarán en el empeño de que el Congreso tramite los Presupuestos con arreglo a lo que indica la ley. 

En las filas populares se han negado por dos veces seguidas a apoyar la senda de déficit del Ejecutivo en la Cámara Alta porque, denuncian en Génova, es restrictiva con las comunidades al obligarlas al equilibrio presupuestario.

Por su parte, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, reprocha al PP que, como consecuencia de ese veto a los objetivos de déficit, los gobiernos autonómicos se quedarán con 1.500 millones de euros menos para este año. 

En la hipótesis de que el TC dictamine que Sánchez no puede tramitar los Presupuestos hasta que el Senado no facilite la convalidación de unos nuevos objetivos de déficit, el PP insiste: hay margen para el acuerdo, siempre y cuando se acepten una serie de condiciones.