El ataque yihadista del 17 de agosto de 2017 —apenas mes y medio antes del referéndum ilegal del 1-O— fue liderado por el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, quien supuestamente era o había sido confidente del CNI. Y Junts cree que podría seguir vivo.
El acuerdo para investigar este suceso desde el Congreso se alcanzó el pasado agosto, en el pacto entre PSOE y Junts para la constitución de la Mesa del Congreso y la designación de Francina Armengol como su presidenta. PNV y los posconvergentes iniciaron el trámite al día siguiente de la investidura, pero hasta el 28 de febrero no se constituyó la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils.
El partido de Carles Puigdemont quiere aclarar, entre otras cosas, si el Centro Nacional de Inteligencia colaboró en simular la muerte de Es Satty en la explosión del piso franco de Alcanar, ocurrida la noche anterior al ataque yihadista.
Así se desprende del escrito registrado en la Mesa de la comisión de investigación por parte de la formación de derecha independentista. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este documento. En su propuesta de plan de trabajo, Junts reclama como "necesario que se reabra la investigación judicial" y señala a los servicios de Inteligencia españoles por su "actuación negligente".
La teoría de la conspiración de Junts, que ya dio por cerrada la sentencia del Tribunal Supremo del pasado noviembre —en la que confirmó el fallo de la Audiencia Nacional—, se basa en que el teléfono de Es Satty, supuestamente muerto en la explosión de Alcanar el día anterior a los ataques, no apareció entre los escombros, como los de los demás fallecidos mientras preparaban los explosivos.
Y en que hubo llamadas, días después, realizadas desde ese móvil. Y que eso podría indicar, a ojos del partido independentista, que el cerebro de la célula yihadista, a día de hoy, sigue vivo.
Es más, el partido de Puigdemont lleva más lejos sus elucubraciones e incluso plantea que el CNI debía saber que el imán de Ripoll "había estado relacionándose con los miembros de la célula que cometió el atentado yihadista del 11-M en Madrid", del que, precisamente, este lunes se cumplen 20 años.
Casa de Alcanar que la célula usaba como piso franco, donde supuestamente murió el imán de Ripoll, en una explosión, la noche del 16 de agosto de 2017.
Según el documento de Junts —que es su propuesta de plan de trabajo para la comisión—, "hay dudas razonables sobre si hubo algún otro superviviente en la explosión de Alcanar".
El escrito apoya sus sospechas en "la desaparición del móvil de Es Satty del lugar de la explosión seca, a pesar de que se encontraron todos los otros móviles de los miembros de la célula yihadista que estaban en Alcanar en el momento de la explosión". Y las da por corroboradas, aludiendo a "las llamadas que hubo desde ese mismo móvil de Es Satty con posterioridad a la explosión".
Según este constructo, el CNI tenía "relación" con el imán de Ripoll, "cerebro del atentado yihadista". Y, por tanto, "la circunstancia de que tanto el juez de instrucción como el CITCO [lo] dieron por muerto incluso antes de tener las pruebas de ADN", terminaría de justificar las peticiones de Junts.
¿Mossos implicados?
Además, los de Puigdemont añaden que esos análisis de ADN en los que se basó la conclusión oficial de que el imán de Ripoll había muerto en la explosión de Alcanar "no cumplen los estándares europeos".
Lo que no dice el documento de Junts es que, en este caso, no es el CNI el responsable. Ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil. Varios cargos del laboratorio de los Mossos d'Esquadra fueron investigados por haber utilizado reactivos caducados para la identificación de, entre otros, los restos hallados entre los escombros de la casa de Alcanar, donde estallaron los 500 kilos de explosivos que pretendían usar los yihadistas en su acción terrorista.
Así lo publicó en exclusiva EL ESPAÑOL el 18 de julio de 2022, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a la jueza Patricia Brotons a reabrir la investigación a la policía autonómica por un presunto delito de falsedad documental, ya que el hipotético uso de este material en mal estado en las pruebas de ADN pudo haber provocado errores en la identificación de los restos.
Tras la denuncia, una nota interna de los Mossos ordenó dejar de usar reactivos de ADN caducados. Fuentes jurídicas señalan a EL ESPAÑOL que la juez volvió a archivar el caso a finales de 2023, pero su decisión fue recurrida y aún pendiente de que sean confirmada o revocada.
La propuesta de plan de trabajo de Junsts se basa, según se lee en el documento, "el derecho a saber la verdad" para despejar "las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017", aclarar "cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas o de cualquier otra índole" relacionadas con el ataque yihadista, "y proponer medidas de restitución o compensación para todas las personas afectadas".
Señalamiento al CNI
Los de Carles Puigdemont exigen "desclasificar los documentos de los servicios de Inteligencia españoles", reabrir "investigación judicial" de los hechos y esclarecer "la posible responsabilidad del Estado en la compra de precursores de explosivos que realizaron los miembros de la célula yihadista de Ripoll, que llegaron a acumular 500 kilogramos de explosivos en la casa de Alcanar que utilizaron como base de operaciones".
Esa vivienda explotó en la noche del día 16 de agosto del 2017. Fue en aquel suceso, supuestamente, cuando falleció el imán Es Satty junto a otros terroristas, "hecho que provocó que los miembros supervivientes de la célula yihadista improvisaran y optaran por llevar a cabo los atentados del 17 y 18 de agosto".
De este modo, basándose en "el derecho a la verdad", Junts exige que el CNI "responda sobre la vigilancia y relación" que mantuvo con el imán de Ripoll.
Es más, el partido de Puigdemont, entonces al frente del Govern de Cataluña, recuerda que Es Satty no era un desconocido para los servicios secretos, pues ya había sido uno de los yihadistas investigados en la llamada Operación Chacal.
Efectivamente, en enero de 2006, fueron detenidas el imán y otras 20 personas acusadas de yihadismo; todas ellas vinculadas, de un modo u otro, con la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú.
Abdelbaki Es Satty, explica el escrito de Junts, recibió el permiso de residencia "de larga duración después de haber sido condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas, y después de haberse entrevistado con miembros de los servicios secretos en la prisión de Castellón".