El Gobierno no quiere cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General (CGPJ). Nunca ha querido, aunque aceptó el modelo de negociación acompañada de la Comisión Europea "porque era una oportunidad para cerrar de una vez este asunto". Pero, a pocas horas de que Didier Reynders reciba a Félix Bolaños y a Esteban González Pons, la negociación parece definitivamente muerta.

Fuentes de Moncloa confirman que el ministro de Justicia acude este miércoles a la tercera reunión con el vicesecretario institucional del PP y el comisario europeo de Justicia con la intención de pactar primero la renovación y, sólo después, "abrir un diálogo" con el PP sobre "cualquier mejora que propongan".

Sin embargo, hay dos razones para dar por imposible esa vía.

Primero, el tiempo. Reynders impuso un plazo de dos meses cuando, a inicios de febrero, asumió el papel de supervisor de la negociación. El próximo abril será apartado de sus funciones por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, porque iniciará su campaña para ser elegido secretario general del Consejo de Europa. 

Y segundo, la negativa del PP a aceptar un acuerdo por plazos. Según los populares, "el informe sobre el Estado de derecho es claro" y exige renovar "de manera inmediata" el CGPJ "e inmediatamente" cambiar el método de elección de sus 12 vocales jueces "para que sean elegidos por sus pares, sin intervención de los políticos".

El Partido Popular, de hecho, planteó el diálogo estructurado, con la supervisión de Reynders, en esos términos desde el principio. 

Cuando Alberto Núñez Feijóo le planteó esta posibilidad a Pedro Sánchez, el pasado diciembre, "el mensaje fue ése". Y cuando a finales de enero, el comisario de Justicia aceptó ejercer de supervisor de la negociación, lo hizo en esos términos: remitiéndose a la literalidad del informe. Es decir, para "implementar la recomendación" del informe sobre el Estado de derecho (de los dos últimos, 2022 y 2023): renovar el CGPJ y reformar la ley para su elección. 

Y a eso se remite el PP. "Desde que Feijóo se lo propuso al presidente del Gobierno en su reunión en el Congreso, dijimos, y mantenemos, que el acuerdo o es de ambos asuntos o no es", apuntan las fuentes del entorno del presidente popular.

La semana pasada, el vicesecretario institucional del PP advirtió, desde el congreso del PP Europeo en Bucarest, de que incluso la cita de Estrasburgo estaba "en el aire" por el empeño del Gobierno de "ir contra los jueces". Pero las fuentes ya confirmaban que el pacto ya se anunciaba imposible. 

En esas horas, el PSOE anunciaba su acuerdo con Junts y ERC para la Ley de Amnistía, y ése parecía el argumento principal del PP. Pero fuentes del entorno de Feijóo aclararon que "el problema real es que Moncloa no quiere cambiar la ley, y ésa es una línea roja para nosotros".

Y lo cierto es que el Gobierno no ha dado señales de estar dispuesto a ello, según las fuentes cercanas a la negociación consultadas en el PP, en ninguna de las dos reuniones mantenidas hasta la fecha con Reynders, en Bruselas.

Combate y árbitro

Esta cita se celebrará en Estrasburgo, porque es semana de pleno en el Parlamento Europeo. Allí viajó Bolaños este mismo martes, a la salida de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, empeñado, según dijo, en "superar esta anomalía que está afectando gravemente al servicio de Justicia".

Entre otras cosas, por las decenas de vacantes que ya hay en los juzgados -sobre todo, en el Tribunal Supremo- dado que el CGPJ "caducado" no puede hacer nombramientos, a causa de unas de las reformas con las que el PSOE y Podemos trataron de forzar al PP a pactar, en marzo de 2021.

Por su parte, González Pons pretende aprovechar la cita para reprochar a Bolaños la aprobación de la amnistía, que recibirá el visto bueno definitivo del Congreso el jueves, y para "informar a la Comisión Europea de manera solemne acerca de las barbaridades legislativas que está cometiendo el Gobierno". 

"No es sencillo defender ante el comisario la despolitización de la Justicia y, al mismo tiempo, que el Gobierno esté diciendo que los jueces condenaron a los líderes independentistas por motivos políticos", reprochan desde Génova.

El político popular explicará ante Reynders la enésima modificación del texto de la ley para darle "impunidad a los delincuentes y fugados del procés". La enmienda pactada entre PSOE, Junts y ERC que, finalmente, sí da cobertura a los delitos relacionados con el terrorismo. "La Comisión debe conocer esta información", inciden en la cúpula popular. 

El ministro aprovechaba la rueda de prensa, este martes tras el Consejo de Ministros, para desmontar cualquier apelación del PP a que es la amnistía la que les fuerza a romper. "Nada ha cambiado en estos meses, cuando en diciembre Feijóo planteó este modelo de negociación, la ley ya se estaba tramitando... y sigue tramitándose".

Y fuentes de su entorno apuntaban, además, que el otro argumento del PP, el que la cúpula popular dice que es el "verdaderamente de peso", no es cierto. "El informe de la Comisión no dice lo que dice el Partido Popular", explicaba un portavoz de Moncloa. "Dice que hay que renovar, y que luego abramos un diálogo".

Sin embargo, Pons pretende unir fuerzas con Reynders, defensor supuestamente de que se cumpla "toda la recomendación" del informe del Estado de derecho. "Nuestra postura es la de Bruselas, ni más ni menos". Así que el comisario, además de supervisar, probablemente, tenga también que arbitrar un combate político. Justo lo que la Comisión no quería, y la razón por la que se tomó casi un mes de "reflexión" antes de aceptar ser metida en este lío.