El Partido Popular ha anunciado este miércoles que registrará una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) para determinar la responsabilidad de Pedro Sánchez "por no ausentarse" en los Consejos de Ministros que aprobaron las ayudas a la compañía aérea Air Europa, que tenía vínculos con su mujer, Begoña Gómez.
De esta manera, los populares abogan por poner en conocimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses este jueves la responsabilidad del presidente del Gobierno "por no ausentarse de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con Begoña Gómez". Pero ¿qué es la Oficina de Conflictos de Intereses y cómo funciona?
La Oficina de Conflictos de Intereses es el órgano directivo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y tiene autonomía propia.
Uno de los que se ha pronunciado es Alberto Núñez Feijóo. El líder popular señala, como mínimo, que Sánchez se expone a la apertura de un expediente administrativo que podría desembocar en su inhabilitación.
En este sentido, la OCI se encarga de supervisar el control legal de las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. De hecho, vela por que los miembros del Gobierno, los altos cargos y el personal público desempeñe su trabajo con "dedicación, imparcialidad e independencia".
[El PP denuncia a Sánchez por no abstenerse cuando Air Europa financiaba la cátedra de Begoña Gómez]
Fue creada en 2006 por la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses y de ella dependen la Subdirección General de Régimen de los Altos Cargos y la Subdirección General de Régimen de Incompatibilidades de los Empleados Públicos.
Esta oficina ya se pronunció en otros casos como los cobros que obtuvo Pedro Sánchez por su primer libro, Manual de Resistencia, o las incompatibilidades de Pedro Duque e Isabel Celáa cuando eran ministros de Ciencia y Educación, respectivamente. En aquel entonces se respaldó que todos esos cargos incurrieran en incompatibilidad alguna.
Sin embargo es difícil que prospere la iniciativa popular dado el historial de este organismo. A principios y a mitad de año, la Oficina de Conflictos de Intereses envía un informe en cada ocasión al Congreso de los Diputados en los que describe los procedimientos de sanción que llega a incoar tras las denuncias presentadas ante esta institución.
Tras analizar los casos que se le presentaron como este que ahora ha elevado el Partido Popular, la Oficina de Conflicto de Intereses suele inadmitir las quejas que le llegan. Concretamente, entre 2014 y el último balance, de finales del año pasado, solo se han ejecutado 10 expedientes en ese sentido.
Cómo funciona la Oficina de Conflictos de Intereses
- La OCI elabora informes que se prevén en la Ley y gestiona el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos del Estado.
- En concreto, su ejercicio está vigente por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo, en la que se concretan sus labores.
- Además, tiene la competencia de exigir que los altos cargos de la Administración General del Estado cumplan con las obligaciones que se contemplan en la Ley.
- Esta entidad pública tiene la labor de cooperar con los órganos de naturaleza análoga y de gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración.
- También vela porque se cumpla la responsabilidad de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que se incluyen.
¿Qué gestiona la OCI en España?
- La Oficina de Conflictos de Intereses emite informes que correspondan a peticiones de compatibilidad de actividades públicas. También resuelve las opciones entre puestos públicos incompatibles.
- Asimismo, se encarga de gestionar procedimientos de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público y para ejercer actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración si se trata de una actividad pública que se enmarca en la Administración General del Estado.